Siete resoluciones del Banco  Popular de Ahorro y los ministerios  de Finanzas y Precios, Salud Pública  y Trabajo y Seguridad Social,  emitidas en diciembre de 2014,  recién comienzan a despertar variadas  opiniones entre la población.

Constituyen el «paso inicial de  una estrategia integral para atender  la dinámica demográfica ». Así­ lo  reflejaba el diario Granma tras la  publicación de las normas en la Gaceta  Oficial de la República de Cuba.  Aunque de la estrategia y del paquete  de medidas, lo que mayor atención  captó fue el aumento de las tarifas  en los servicios de casas de abuelos  y hogares de ancianos: de 25 pesos  mensuales a 180, en las primeras; el  mismo monto para los seminternos  de los hogares y 400 pesos para los  internos.

Al parecer, esta disposición legalizada  mediante la Resolución  548/2014 del MFP acerca al paí­s  a la concreción de propósitos fijados  en la agenda estatal, como mejorar  el cuidado de los adultos mayores en  las instituciones asistenciales, elevar  su calidad de vida y enfrentar los  retos del envejecimiento poblacional  en Cuba. No por el incremento del  precio en sí­, pues de 25 a 180, o a  400 pesos, el descontento le gana a  la satisfacción.

Si analizamos la medida a  secas, convendrí­amos en dos cosas:  no contribuirí­a al bienestar de  muchos abuelos, cuyas pensiones  rodean los 200 pesos; y en materia  económica, tampoco representarí­a  una disminución significativa de los  subsidios para el paí­s, pues 180 o  400 todaví­a resultan cifras menores,  comparadas con el costo real de  los servicios a estas personas de  la tercera edad.

Pero la cuestión va más allá  de un aumento de tarifas. Va a las  condiciones que deben crearse  para poder aplicarlo, a cómo y por  quién será asumido el pago, a la  calidad con que serán concretadas  las disposiciones legales, al nivel de  complacencia de los beneficiarios...

Vayamos por pasos.

La Resolución 867 estipula las  caracterí­sticas de infraestructura,  asistencia médica y social, aseguramiento  material, higiene, recreación  y otras que deberán cumplirse para  poder cobrar los nuevos precios. Por  ejemplo, una casa de abuelos deberá  mostrar buen estado constructivo,  sin barreras arquitectónicas, con  servicios sanitarios a 50 centí­metros  del piso y asideros, delimitados por  sexo, independientes de los trabajadores. También deben contar  con áreas de esparcimiento y juegos  pasivos, medios audiovisuales, rehabilitación  integral, actividades fí­sicas  y socioculturales, alimentación, entre  otros requisitos.  

Una vez garantizadas las referidas  condiciones, se procede a  evaluar la solvencia económica del  adulto mayor, en su núcleo y con  sus familiares obligados o tutores. A  partir de ese estudio, se determina  si el anciano pagará el total de la  tarifa con ayuda del familiar o sin  ella, o si abonará una parte o nada.  En estos últimos dos casos, será la  Asistencia Social la encargada de  cubrir los costos.

Visto así­, el aumento de los  precios en los servicios no parece  preocupante, al menos para la población.  A partir de este mes, la Casa  de Abuelos n.o 3, en Santa Clara,  cobrará los servicios sobre la base  de 180 pesos. De sus 19 integrantes,  2 pagarán 80 pesos y el resto  se mantiene en 25, según Milagros  González López, la administradora.

Similar comportamiento registran  las casas de abuelos de Ranchuelo  y Esperanza, de acuerdo  con la información de la Dra. Mirta  Rosa Hernández González, jefa de  la sección del Adulto Mayor, Asistencia  Social y Discapacitados, de  la Dirección Provincial de Salud.

¿Cuánto tardarán en sumarse  al nuevo sistema de precios las 23  casas restantes y los 16 hogares  de ancianos de que dispone Villa  Clara? ¿Estarán preparados estos  centros para los pronósticos  demográficos del territorio más  envejecido de Cuba? En la práctica,   ¿responderá el aumento de las  tarifas a un salto integral de calidad  en los servicios?

Entre noviembre y diciembre de  2015, la X Comprobación Nacional al  Control Interno detectó no pocas deficiencias en el programa de atención  al envejecimiento poblacional, en los  municipios de Placetas y Santa Clara.  Faltas relacionadas con el deterioro  constructivo de las instalaciones asistenciales,  problemas en el manejo de  los recursos, y hasta la disponibilidad  de condiciones arquitectónicas de  seguridad y comodidad en el entorno  citadino. Sin ánimos de generalizar,  queda mucho trabajo por hacer.

Cuba envejece a un ritmo acelerado.  Si en 2015 registraba cerca  de 2,2 millones de personas con  60 años y más, para 2035 se pronostican  3,6 millones. De acuerdo  con proyecciones realizadas por  expertos de la Organización de Naciones  Unidas, en 2050 la población  cubana disminuirá en un millón de  habitantes. El envejecimiento constituye  una de las causas primordiales  en estos análisis, además de la  baja tasa de fertilidad y la migración  externa de jóvenes.

Puede que las normas no garanticen  toda la eficacia posible. Habrá  que aumentar el presupuesto para la  reparación y el mantenimiento de los  locales para el adulto mayor, y asegurarse  de ejecutarlo adecuadamente.  No con un cuadre de cifras, sino con  el chequeo oportuno de las obras.

Será imprescindible buscar las  mejores ofertas de contratos para la  alimentación de los abuelos, el personal  más humano y comprensivo  de toda la fuerza laboral disponible,  la mayor voluntad para atender a  los ancianos no como datos estadí­sticos,  sino como personas con  particularidades psicológicas, familiares,  sociales.

El presente se nos muestra con  un promedio de vida de 78,2 años.  El futuro, con mil retos. Comencemos  cuanto antes.