Llegan en horario nocturno, aprovechando la oscuridad, y en un santiamén levantan un cuarto, no importa de qué material sean las paredes, el piso o el techo, para sumar otra casa a las más de 2000 viviendas registradas en los 23 barrios ilegales de Santa Clara.
En su mayoría, ninguna de las familias cuenta con propiedad del terreno. Tampoco poseen libreta de abastecimiento, ni contador eléctrico ni agua del acueducto. Una tendedera que va de casa en casa los ayuda a mantenerse iluminados de noche y a prender alguno que otro equipo electrodoméstico, agobiados por el bajo voltaje.
Son lugares donde abundan el fango y la vegetación; sin calles, ni aceras ni alcantarillado para evacuar los residuales.
El fenómeno, presente en otras ciudades del país, tomó fuerza a raíz del período especial, cuando entidades estatales tuvieron que redimensionarse, y talleres y locales administrativos quedaron abandonados y ocupados por personas necesitadas, que en muchos casos fueron autorizadas por directivos que ya no están, con la esperanza de algún día legalizar su vivienda.
Otros, nativos de provincias o municipios vecinos, vinieron después en busca de mejores oportunidades y empleo, o para hacerse de una casita, embullados por los que llegaron primero para esquivar discrepancias familiares ante una prole numerosa.
Desconocen que el área usurpada pertenece a la Agricultura, la Forestal, una industria u otro organismo, y que no siempre está apta para vivir ante la cercanía de una fábrica con producciones nocivas para la salud o encontrarse en zonas por donde pasan líneas de alta tensión que las hacen vulnerables.
Disímiles son las causas de este problema aún por resolver, entre ellos, la tolerancia, compromiso y hasta sobornos para evitar el peso de la ley. Sin embargo, la principal sigue siendo la situación de la vivienda y la lentitud en la enramada madeja de trámites para tener los papeles en orden.
Historias sin propiedad
Para indagar acerca de esta realidad, un equipo de Vanguardia recorrió barrios marginales de la ciudad y se entrevistó con sus pobladores, quienes en su condición de ilegales prefirieron no identificarse.
Caso I
La casa ubicada en el callejón del Guacalote dista de medir cuatro metros cuadrados. La tierra húmeda se apelotona en el portal y ocupa todo el suelo de la pequeña vivienda. Explica la joven que el presupuesto inicial solo dio para las paredes de tabla y las planchas de fibrocemento, y quedan pendientes el baño y el piso. Hace 11 años que vive en estas condiciones; ahora, con dos niños, a los que cría sola. Al indagar sobre los motivos que la llevaron a dar este paso, alegó sobre el deseo de independizarse de su familia.
¿Y la corriente?
El voltaje es malo y a la hora de la comida la situación es peor, pese a pagar una tarifa mensual de 8,45 pesos a la Empresa Eléctrica.
¿Y la escuela?
La que nos pertenece está lejos, allá en la carretera. Si los niños se enferman hay que salir como sea al policlínico. Se comenta que van a reorganizar estos barrios, pero a nosotros nadie que sepa y mande ha venido a decirnos nada.
Caso II
Llegaron de Manicaragua hace cinco años, buscaban prosperar. La casa es pequeña, pero reúne las condiciones básicas para una pareja. Contrario a muchos de los vecinos, cuentan con un espacio más confortable, un baño dentro de la vivienda y piso de cemento.
Sonríen si se les llama ilegales; prefieren considerarse «emprendedores ».
«Queremos mejorar, tenemos los bloques y solo nos falta el cemento para ver si empezamos a levantar las paredes », dice la muchacha con la convicción de que en su solarcito echarán raíces.
«Mi sueño es que nos den la propiedad para poder coger la leche de nuestros hijos en la bodega y no esperar que mi papá venga cuando pueda de tan lejos con los mandados de la cuota ».
Caso III
Cerca del Centro Recreativo Los Alevines, uno que llegó primero marcó solares y lucró a su antojo a costa de un terreno estatal.
La mujer nos habla apoyada en la cerca que rodea la casa de madera. «Pagamos 4000 pesos por este solar a un hombre que la vendía. Claro, sin papeles ».
La mayoría de los que allí conviven tuvieron que luchar su pedacito mediante la compra de parcelas. «La vida está dura y la tierra cara dice, y el que se casa, casa quiere », aunque el entorno sea paupérrimo.
El habitáculo, casi en ruinas, se encuentra apuntalado y el techo amenaza con desmoronarse sobre la cama de los tres niños. Preguntamos por el agua. Hicieron un pozo de brocal, pero desconocen si reúne las condiciones necesarias para el consumo humano. El esposo trabaja y ella se dedica a la venta de cloro y vino en el barrio.
Sus vecinos residen en condiciones semejantes, entre desechos sólidos propiciados por la misma comunidad, donde si llueve los carros no pueden entrar, y en viviendas, en su mayoría, de madera y cartón, sin siquiera letrinas, y con un cuadrito de cemento con paredes de saco que funge de bañadera.
Caso IV
En el llamado Campo de Tiro, si bien las casas más antiguas tienen propiedad, pues estaban allí mucho antes que se proyectara la Plaza santaclareña, el aumento de las construcciones al margen de lo estipulado ha sido directamente proporcional al crecimiento de los núcleos familiares.
«Vivíamos todos con mi mamá y poco a poco nos fuimos independizando, construyendo al lado. Mis hermanos y mi hija están ilegales. En el 2001 abrimos expedientes en la Vivienda, pero el único que prosperó de la familia fue el mío. Navegué con suerte; de todas formas aquí lo único que puede pasar es que lleguen los inspectores y pongan multas de 500 pesos por construir sin permiso ».
Por esta área también prolifera la insalubridad: desechos y animales muertos se acumulan en cualquier esquina del barrio de casitas aglomeradas, sin pavimento y pobre iluminación, porque por allí no pasa el carro de la basura. Por si esto fuera poco, el hedor a excrementos de toda índole se expande, y las jabitas de nailon reemplazan la función de las fosas y los baños.
Urbanizar sin permitir más ilegalidades
El tema barrios ilegales mantiene ocupados a inspectores y especialistas de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) y al Consejo de la Administración, en busca de una salida que ponga fin al llega y pon.
Estudios realizados por la DPPF confirman que la mayoría de los crecimientos espontáneos de estos asentamientos sucedieron de 1990 a 2008.
Entre los asentamientos más poblados en la capital villaclareña se encuentran la zona conocida como Pollera-Alevines, con 684 viviendas, la calle Monte (289) y Planta Purificadora (138), según consta en el último censo de esa entidad.
¿Qué hacer con esta complicada encrucijada, de más de 30 años de historia?
Osvaldo Fariñas Viera, al frente de la DPPF, manifestó que existe un estudio de barrios propuestos a intervenir, a partir del Plan General de Ordenamiento Urbano, definido por el Consejo de la Administración Provincial.
«Contamos con un inventario de viviendas ilegales que se actualiza anualmente. Muchas casas tendrán que ser reubicadas porque los planeamientos para estos lugares exigen un orden diferente.
«También se evalúan espacios de la ciudad con condiciones para dichas reubicaciones y se definen parcelas correctamente trazadas.
«Algunos de los proyectos de intervención en los barrios ilegales están en proceso de aprobación e inclusión en el plan de la economía. En estos momentos se concluyen los estudios del ubicado en la calle Monte ».
El funcionario precisó que las intervenciones pretenden mejorar el estado precario de las viviendas, dotarlas del servicio eléctrico aunque algunas casas poseen contadores para medir el consumo y de agua, propiciar un tratamiento adecuado a los residuales, y acercar servicios como la bodega, el consultorio, la escuela…
«La tarea involucra a diferentes organismos que integran la Comisión Provincial de Inversiones afirma el funcionario, a fin de asegurar la ejecución de los proyectos incluidos en la urbanización, así como el acercamiento de los materiales para su venta a familias, mediante distintas formas de pago u otorgamiento de subsidios a quienes construirán por esfuerzo propio.
«Debe quedar claro que no se va a permitir el crecimiento espontáneo de este tipo de ilegalidad. En estos casos se actuará con todo rigor, como establece el Decreto Ley 272, referido a las infracciones contra el ordenamiento territorial y urbano ».
Santa Clara cuenta con un sistema de inspección para detectarlas, y a través de marcos legales, actuar con el apoyo del Grupo Municipal de Enfrentamiento a Ilegalidades. Por esta vía, en 2017 fueron demolidas 27 viviendas.
«Es un proceso complejo y penoso, pero no se puede admitir que las personas resuelvan un problema y creen otro explicó Fariñas Viera. De ahí que se trabaje fuerte en el reordenamiento urbano, pues aunque se ha logrado frenar su avance, el problema sigue latiente ».
En materia del laberinto de llega y pon se impone detener el flagelo de las construcciones ilegales. También, agilizar trámites, buscar alternativas para encauzar por sendas legales estos barrios periféricos, eliminar la insalubridad, reubicar, reorientar y, ante todo, abordar cara a cara a los implicados para, con esfuerzo y suma paciencia, organizar el desorden.