Cuando las personas de la cola esperaban para comprar yogurt en la cafetería El Rápido «8 de Marzo », de la empresa Cimex, en Santa Clara, escucharon decir a una de las dependientas que solo quedaban diez cubetas, algo no les pareció bien. No había pasado mucho tiempo como para que se acabara tan pronto el lote de 88 en total que había entrado en la mañana del lunes 20 de abril, y exigieron explicación.
Casualmente, en el lugar (ubicado cerca del hospital Materno) se encontraba un equipo de periodistas de la radio, la prensa escrita y la televisión, de recorrido por el reparto Escambray, reportando sobre las indisciplinas sociales vinculadas a las medidas tomadas en la lucha contra la COVID-19. Les acompañaban el capitán Faustino Rodríguez Mestre, jefe del Ministerio del Interior en el Consejo de Defensa de esa área, y las inspectoras Liuba Herrera Cruz y Yakelín Medina Conyedo, de la Dirección Integral de Supervisión (DIS).
Ante el reclamo de los clientes, las autoridades pidieron a la administradora, Miriam Pérez Morelle, revisar el interior de la unidad, y en realidad quedaban 30 cubetas de yogurt, y no diez como se había informado al público. De ellas, alegaron que cinco ya estaban pagadas por las trabajadoras, pero del resto no había justificación clara.
Pérez Morelle explicó que varios de los recipientes producidos por la Empresa de Productos Lácteos «La Villareña », a un precio de venta de 3.75 CUC cada unidad les hizo falta comprarlos a trabajadoras con niños pequeños, pues hacía tiempo no entraba el yogurt. No obstante, como principal responsable del centro, reconoció su error.
Ante el hecho, el capitán Rodríguez Mestre contactó a María Eugenia Veitía Fernández, gerente general de Cimex en la provincia, y a Yasmany Jorrín Santos, gerente del Complejo Santa Clara de la entidad, quienes se personaron de inmediato en el lugar.
La directiva manifestó que los trabajadores de la empresa y cada colectivo saben cómo comportarse en el centro laboral. También, tienen pleno conocimiento de las medidas que se toman ante una violación de esta naturaleza, por lo que el hecho resultaba lamentable.
Por tal motivo, la administradora y la jefa de turno fueron multadas con 100 pesos moneda nacional, de acuerdo al Decreto 155-2-R, en el apartado Contravenciones de las regulaciones sobre Comercio Minorista, Gastronomía, y determinados servicios a la población, el cual penaliza a quien «favorezca o permita que se favorezcan, en relación con la adquisición de productos o disfrute de servicios, a determinados consumidores o usuarios, o a trabajadores de la propia unidad en que se venden o presten dichos productos o servicios [...] ».
Por otra parte, en el recorrido del equipo periodístico, en el Taller de plástico Escambray, de la empresa Viclar, se encontraron dos trabajadores laborando sin nasobuco, por lo cual la administración recibió una multa impuesta por las inspectoras de la DIS.
El capitán Rodríguez Mestre manifestó que, de manera general, aún persisten las indisciplinas sociales, ilegalidades y delitos con respecto al cumplimiento de las medidas para el enfrentamiento de la COVID-19.
Se han detectado alteraciones de los precios, engaño a los consumidores como el ejemplo anterior del «El Rápido » y continúan personas sin nasobucos, ancianos en la calle, poco distanciamiento en las colas, entre otras faltas.
«Es una tarea difícil pero no debemos cansarnos. No podemos permitir que esta enfermedad se extienda, y todo lo que podamos evitar por la salud de las personas y el bien del pueblo, será poco », concluyó el oficial del Minint.