Mencionar el nombre de José Ramón González Guadarrama dentro del ámbito judicial en Villa Clara, es como decir al padre en común de generaciones de abogados, fiscales y jueces. El veterano académico no ceja en su labor de educar y formar a los nuevos que llegan desde su segunda casa en el Tribunal Provincial.
El profe Guadarrama, como muchos le conocen, ha dedicado su vida a la justicia desde su ingreso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en 1968, y luego en la Fiscalía Militar durante casi 20 años. En 1984 pasó al Tribunal Provincial donde ocupó diferentes cargos, como presidente de Tribunal Municipal y de Salas Penales del Tribunal Provincial, hasta su jubilación en 2014.
En la actualidad atiende actividades de capacitación, formación y desarrollo, así como las de Comunicación Institucional y Marketing, con un trabajo permanente en las redes sociales y otros espacios. Además, preside el capítulo provincial de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales y Criminológicas, en la Unión de Juristas de Villa Clara.
Por su consagrado desempeño, Guadarrama fue reconocido como Jurista Destacado a nivel nacional por Villa Clara del año 2019 lo cual, según expresa, «lo compromete mucho más con el trabajo ». Sus 52 años de experiencia avalan al querido profesor como una voz autorizada en cuestiones jurídicas y de leyes en Cuba.
Hay quienes tienen el concepto de que en Cuba existen las leyes, pero no se cumplen o no son efectivas, e incluso que son flojas. ¿A qué cree usted se deba ese pensamiento?
Es un concepto erróneo. La gente ve la ley del lado que le conviene. Mientras usted no sea el afectado, ella no responde a sus intereses. Cuando alguien se afecta, entonces la considera dura.
«En Cuba las leyes penales son bastante severas. Al extremo que en un delito de robo con fuerza en las cosas hay penas de hasta 30 años de privación de libertad; uno de robo con violencia en las personas, que cause la muerte de un ciudadano, conlleva privación perpetua e incluso sanción de muerte. Es decir, cuando usted analiza los marcos sancionadores establecidos, son verdaderamente severos.
«Claro, están los delitos menores, como los que hemos tramitado por el procedimiento sumario cuyo marco sancionador no excede un año de privación de libertad y multa superior a 300 cuotas o ambas. ¿Dónde está, a veces, la severidad de las cuotas? En que son desde uno hasta 50 pesos, y cuando usted le impone a una persona 250 cuotas de 50 pesos, resulta una multa muy alta.
«Recuerdo que, cuando yo presidía el Tribunal Municipal de Placetas, una persona me dijo en una ocasión que nosotros imponíamos “multicasâ€. Y un familiar de él cometió un delito y se le impuso una multa de 200 cuotas de diez pesos. Entonces, esa persona reclamó que habíamos sido muy severos, y le respondí: «Esas son las “multicas†que imponemos nosotros en los tribunales ». O sea, cada cual ve la ley en la medida que le afecte o no.
Sí, una cuestión de perspectiva. Aunque, tradicionalmente, ante los delitos graves la sociedad pide sanciones austeras.
El pueblo cubano siempre se ha caracterizado por su extrema exigencia para la severidad. Le puedo poner un ejemplo: cuando a un individuo se le impone una sanción de 10, 15 o 20 años de privación de libertad, en caso de delitos contra la vida, la gente no lo considera lo suficientemente dura.
«Cuba ha mantenido la pena de muerte en el Código Penal, la medida más excepcional que existe. Para su imposición hay una serie de requisitos y de seguridad jurídica para que no haya errores. De hecho, cuando resulta impuesta, la apelación se hace de oficio aunque el sancionado no apele. Pero, si el Tribunal Supremo ratifica la sanción, hay que elevarla al Consejo de Estado, el cual tiene el derecho de gracia. Y hasta tanto ese órgano no apruebe la imposición de la pena, no se ejecuta.
¿Desde cuándo no se aplica la pena de muerte en nuestro país?
Alrededor de diez años.
Sin embargo, algunos se empeñan en calificar al sistema político cubano como violador de los derechos humanos, que no defiende la vida y abusa de las personas.
Mire, yo le puedo garantizar con mi experiencia como juez que, si algo se respeta en el sistema judicial en Cuba, es la integridad de las personas. Porque, incluso, la propia Ley de Procedimiento Penal establece como nula la declaración que se tome mediante coacción o represión. En el Artículo 1 recoge que todo ciudadano es inocente hasta tanto no se dicte sentencia firme, que se da luego de haberse agotado todas las vías de recurso y sea ratificada.
«Por ejemplo, en el caso reciente del ciudadano de Quemado de Gí¼ines que agredió al agente del orden público, se le venía imputando varios delitos que guardaban relación con la COVID-19. ¿Y cómo sancionó el Tribunal? Pues, por delitos específicos y lo absolvió de otros que consideró estaban subsumidos dentro de los de atentado y de propagación de epidemia.
«Eso es una prueba de cómo el Tribunal, aún cuando hay que ser severo y establecer rigor, las medidas que enfrentamos parten del principio de probar la acusación hecha a la persona y el análisis individualizado del comportamiento antijurídico.
Por cierto, hay quienes critican la publicación de los casos judiciales por los medios de comunicación.
Sí, hay personas atacando las publicaciones de los juicios. Debe saberse que estos siempre son orales y públicos, pero producto de la pandemia no podemos llevar al pueblo allí. ¿Cuál es la manera de que las personas se informen? Pues, a través de los medios de comunicación, respetando la imagen e identidad de las personas juzgadas. Además, el artículo 45 de la Constitución de la República establece bien claro que la limitante de mis derechos están sujetos al momento en que viole el derecho de los demás, la sociedad, etc.
«Proporcionamos justeza por encima de todas las cosas. Tenemos un principio que es justicia efectiva y transparente. Efectiva, porque cuando usted juzgue y sancione, ante la comisión del hecho delictivo sea justo y la sociedad lo apoye resulta efectiva. Pero si puede absolver al sancionado y no lo hizo, entonces deja de ser efectiva. Y transparente, porque los actos oficiales tienen que ser públicos, se permite la igualdad de las partes en el proceso judicial, las sentencias son públicas y el tribunal tiene que actuar con total transparencia sin ocultar ninguna prueba ni acto. Y el pueblo tiene que tener acceso a ello.
«En mis 52 años de ejercicio de la profesión no he conocido nunca un caso en que se haya torturado o coaccionado a alguien para declarar. Nuestra Ley de Procedimiento Penal se diferencia de muchas leyes procesales en el mundo, porque aquí el acusado dice lo que desee, sin estar obligado a decir verdad y lo puede hacer cuantas veces lo considere, como tampoco está obligado a declarar.
«En otros países, si un acusado no dice la verdad puede ser acusado por perjurio. Y en Cuba, vilipendiada y acusada de todo, no se obliga a nadie. Claro, hay individuos por ahí que se dedican a difamar al sistema cubano.
Si Cuba fuera como la pintan, no tuviera el apoyo internacional de la gran mayoría de las naciones.
Por supuesto. El Estado cubano respeta, porque al respetar adquiere el prestigio que tiene a nivel mundial. La presencia en la ONU de más de 180 países condenando el bloqueo, lo avalan. Eso solo se ha logrado con el prestigio de la isla. ¡Cuántas instituciones y personas en el planeta piden el cese del bloqueo contra la isla! Si aquí no se respetaran los derechos humanos, nadie nos apoyaba.
«El principal derecho humano es la salud. ¿Y cómo Cuba está apoyando al mundo? Sí, todo eso es política, pero también es derechos y justicia, aún cuando no existe una norma jurídica para hacerlo. Ese es el Estado de Derecho que nosotros tenemos.
«El debido proceso penal es un precepto constitucional: derecho a la defensa, a un juicio justo, a que la persona sea juzgada por un tribunal imparcial, previamente elegido; a que el delito cometido se encuentre pre-establecido en el Código Penal. No se puede legislar un delito para juzgar a nadie sin la conducta no estar prevista con anterioridad. Por ejemplo, no pudiéramos sancionar por propagación de epidemias si esa figura no se contemplara en el Código Penal.
«En tal sentido, hemos sido muy cuidadosos, empezando por el Presidente del Tribunal Supremo Popular por no hablar del Presidente de la República o el Primer Secretario del Partido, o de Fidel, eminente jurista, y esta ha sido la práctica del pensamiento jurídico martiano que nos ha guiado durante todos estos años.
Actualmente hay una tendencia en ciertas personas de añorar el pasado en Cuba antes de 1959, con la intención de exponerlo como una etapa mejor que la actual. Entre sus argumentos sacan a relucir la Constitución de 1940. ¿Qué opina sobre eso?
La Constitución de 1940 fue progresista para su época, porque entre sus constituyentes se encontraban personalidades con ideas revolucionarias, quienes pudieron introducir una supuesta Ley de Reforma Agraria que nunca se ejecutó, porque el latifundio siguió imperando en este país. También, una supuesta salud pública que tampoco recibió el apoyo gubernamental.
«Para su época, dentro de un sistema capitalista que respondía a los intereses de Estados Unidos, haber creado una constitución así era un progreso. Pero, quedó en letra muerta, en sentido general.
«Primero, porque los políticos manipulaban las elecciones. Grau San Martín fue un revolucionario en su tiempo, pero después traicionó a la revolución que él había apoyado y Carlos Prío Socarrás fue uno de los presidentes más corruptos que tuvo este país. Batista, cuando da el golpe de estado del 4 de septiembre, impone el poder, la Ley Mordaza, el ataque, la muerte, el asesinato y los desaparecidos, y el pandillerismo estaba por doquier. Yo nací en 1948…
El año que asesinaron a Jesús Menéndez.
Exactamente. Cuando triunfa la Revolución yo tenía diez años. Soy cienfueguero y mi familia pertenecía a la llamada clase media. No sufrí los rigores de ese capitalismo, pero lo viví. Recuerdo a amigos míos que no tenían ropa que ponerse, y cuando ya no me servía la mía se la regalábamos a ellos.
«Había una calle llamada Casales llena de prostíbulos. Y sí, había casinos y cosas lujosas, pero ¿quiénes iban a esos lugares? La gente de dinero. El pobre no podía ir allí, pues solo le preocupaba cómo ganarse el sustento del día para poderle llevar aunque sea un plato harina a la familia.
«Era muy duro, sobre todo para los de piel negra, quienes no podían entrar a ciertos espacios. Y siendo niño, si jugabas con ellos te llamaban la atención, porque había un racismo de tal magnitud que en los parques los blancos podían caminar por el centro y los negros solo por las orillas. Apenas podían pararse detrás de los bancos, y eso si alguien no llamaba a la policía para sacarlos por estar «importunando ». Ese cuento de lo bueno que era todo antes se lo pueden hacer a otros.
« ¿Quién va a decirle al pueblo cubano que la Constitución de 1940 era superior a la de 1976 y a la del 2019? La última Carta Magna es más avanzada, más abierta, con amplias garantías en todos los sentidos. Reconoce diferentes sistemas de propiedad en el país, se ha abierto a la inversión extranjera, a los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas de producción agropecuaria, las de crédito y servicio… ».
Y nada de eso se contemplaba en la de 1976, y mucho menos en la de 1940.
Cuando se aprueba la de 1976 nosotros estábamos cerrados a un bloqueo, tanto o igual que ahora, pero las condiciones eran otras. Y el Estado tenía garantías para su pueblo con los sistemas de propiedad que se establecieron. Con la actual nos hemos abierto más al mundo, porque el mundo se ha abierto más a nosotros.
«Claro, esos argumentos del pasado los defienden los olvidadizos, los malintencionados y, los politólogos que hay ahora por el mundo analizando el cubanismo actual, que no es más que una forma de intromisión y de atacarnos para acabar con los verdaderos principios de la Revolución ».
Profesor, luego de tantos años de experiencia dedicados al Derecho, ¿cómo catalogaría al sistema jurídico cubano y la preparación de los jóvenes juristas, en función de dar la mayor justicia posible «con todos y para el bien de todos?
En el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara los años de experiencia promedio rondan los 15 años. Los jueces de los años 70 y 80 han pasado al retiro. Estos jóvenes de hoy están mejor preparados. Nuestras universidades gradúan profesionales del Derecho con muy alto valor tanto política, ideológica como técnicamente. Los claustros universitarios en esta especialidad están nutridos de doctores en ciencias jurídicas con vastos conocimientos teóricos como prácticos y se vinculan al ejercicio práctico del Derecho tanto como jueces profesionales suplentes no permanentes en el Sistema de Tribunales Populares como en las Fiscalías y Bufetes Colectivos.
«Nosotros en el Tribunal, al igual que la Fiscalía y la Unión de Juristas, nos encargamos de la preparación de cada uno de los egresados. En los tribunales municipales la experiencia promedio no pasa de los siete años. Pero, si vamos mucho más allá, más del 80 % de los jueces son mujeres, jóvenes y madres, con un alto sentido del deber. La justicia en este país está en manos de la juventud.
«Y si bien los que le antecedieron se caracterizaron por el honor, sacrificios y principios revolucionarios, dando todo lo que pudieron en beneficio de la equidad, imparcialidad y justeza. Martí dijo: “que por encima de los teóricos y jurisconsultos el pueblo tiene un alto sentido de ella†y eso es lo que propugnamos y defendemos cuando en los tribunales también a través de los jueces legos el pueblo tiene su representación más genuina y directa. De ahí el sentido popular y el hecho de que los Tribunales en Cuba lleven el calificativo de Popular.
«Lo digo con toda honestidad: la justicia de Cuba hoy, ¡es justicia! »