La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, concreta este jueves otra medida hostil contra Cuba con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, un acápite que recibe gran rechazo a nivel nacional y foráneo.
Con oídos sordos a los llamados de diversos sectores norteamericanos y de socios tradicionales de Washington como la Unión Europea (UE) y Canadá, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril que a partir del 2 de mayo se pondría fin a las continuas suspensiones de ese acápite legislativo.
La controvertida Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace casi 60 años contra la isla y remarca el carácter extraterritorial de ese cerco.
Pese a su entrada en vigor en ese momento, todas las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del Título III, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes «trafiquen » con «propiedades norteamericanas » en Cuba.
A través de tal mecanismo se da la posibilidad de promover una acción en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
En lo que es visto como una contradicción con el derecho internacional, ese acápite otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos que eran ciudadanos cubanos en el momento en que las propiedades fueron nacionalizadas.
La decisión de anteriores gobiernos de mantener suspendido ese título tuvo que ver con los perjuicios que implicaría para el propio Estados Unidos, cuyo sistema judicial podría tener que lidiar con gran cantidad de demandas, y para aliados de esta nación con inversiones en el país antillano.
Sin embargo, el actual ejecutivo, plegado a las presiones de acérrimos promotores de políticas anticubanas como el senador republicano Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, mostró desde enero pasado la intención de permitir por primera vez la activación del mencionado acápite.
Tras el anuncio de Pompeo de que se implementará a partir de este jueves, Cuba reiteró su enérgica oposición y ratificó que la Ley Helms-Burton es inaplicable, a partir de lo establecido en el ordenamiento jurídico de la isla.
A ello se sumaron las numerosas muestras de rechazo provenientes de organizaciones de cubanoamericanos, legisladores, grupos económicos, líderes religiosos y miembros de una red de solidaridad con la isla en Estados Unidos, que condenaron el impacto negativo de esa medida en el pueblo cubano.
Contra la activación del Título III también hubo mensajes de autoridades y organizaciones de la UE, Canadá, Rusia, China, Bélgica, México, Panamá, Ecuador, Nicaragua, entre otros países, así como de cubanos residentes en varias naciones.
Una de las informaciones más difundidas hoy en Europa desde el punto de vista económico está en que las autoridades del viejo continente lamentan profundamente la reactivación de la Ley Helms-Burton contra Cuba.
Reportes señalan que la Unión Europea (UE) rechaza tal decisión que se aplica a partir de esta jornada.
Se trata de imponer sanciones a empresas de todo el mundo que hagan negocios con los bienes confiscados por las autoridades cubanas tras la Revolución de 1959, comentan los medios.
Al respecto, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, señaló que tal medida supone una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos UE-Estados Unidos de 1997 y 1998.
Ambas partes, para ese entonces, se comprometieron a respetar sin interrupción las ideas asumidas.
Mogherini en un comunicado consensuado previamente con los 28 países de la Unión, refleja la crítica profunda a las medidas de Washington contra La Habana.
Señaló que el bloque deja claro que «la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el Derecho Internacional ».
Por demás, avisa a la administración de Donald Trump de que la decisión del Título III de la Ley Helms-Burton, «originará fricciones innecesarias y debilitará la confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica ».
La UE «recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias » de su aplicación, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el uso del estatuto de bloqueo, cláusula creada en 1996 para proteger los intereses europeos de las sanciones económicas.
Además, la UE seguirá trabajando con sus socios internacionales que también «han manifestado su preocupación » por las medidas de Washington, insiste el documento.