Ni la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, ni el impacto del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba -cuestiones objetivas, que frenan la economía-, pueden detenernos en la búsqueda de nuevas soluciones, en el optimismo, en la confianza en el presente y el futuro del país.
Así lo subrayó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la reunión del máximo órgano de Gobierno cubano, correspondiente al mes de marzo, al evaluar el comportamiento de la economía al cierre de febrero, periodo en el cual continuaron limitados los niveles de actividad en la nación.
De ahí su énfasis en la necesidad de proseguir buscando iniciativas para ahorrar más y encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos. «Necesitamos producir más, y en muchos sectores todavía son insuficientes las actividades que se realizan », valoró el Premier en el encuentro que estuvo encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El objetivo de este análisis mensual señaló no es solo ver las estadísticas del Plan, sino evaluar los resultados reales, con todos sus matices, y a su vez reconocer qué cosas, de las que nos faltan por hacer, están a nuestro alcance.
Ha sido un inicio de año complejo, difícil, en el cual hemos estado enfrentando la pandemia y al propio tiempo el ordenamiento monetario, reflexionó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, tras exponer los elementos más distintivos de la economía al concluir el segundo mes de 2021.
Aun en esas condiciones, aseguró, no vamos a renunciar a ninguna de las metas que nos hemos propuesto este año, pues estamos en condiciones de trabajar por alcanzar el crecimiento que se ha diseñado en el Plan de la Economía.
Entre otros elementos, el también Vice primer Ministro precisó que, a pesar del cumplimiento que se expresa en la información acerca del balance de alimentos, «la realidad es que lo alcanzado está muy por debajo de la demanda y de lo que hace falta para lograr una presencia estable de productos ».
En lo concerniente al empleo, asociado al impacto de la Tarea Ordenamiento, detalló que en el periodo que se evalúa se han incorporado a trabajar 76 000 personas. De muy favorable calificó el hecho de que el 31% de esa cifra se corresponde a jóvenes menores de 35 años. «Ese es uno de los aspectos más positivos de estos primeros meses », consideró.
Crear ofertas para poder captar esa fuerza de trabajo que busca empleo a partir de los incentivos que se generan con la Tarea Ordenamiento, valoró, es uno de los retos que tenemos desde el Gobierno.
Gil Fernández puntualizó que en el actual escenario ha resultado imposible recuperar la actividad turística teniendo en cuenta los niveles previstos para el primer trimestre. Estamos por debajo de lo diseñado, reconoció, y en ello ha incidido en gran medida la evolución no favorable de la pandemia.
Por otra parte, enfatizó en la importancia de que el sistema empresarial reaccione de manera positiva al ordenamiento monetario, con soluciones, audacia, y más eficiencia, para disminuir el nivel de empresas con pérdidas y aprovechar las oportunidades que este brinda.
Política para la nueva Ley de la Vivienda
El Consejo de Ministros aprobó la política para elaborar una nueva Ley de la Vivienda, la cual pretende, entre otros elementos, asegurar «que la vivienda tenga un enfoque económico, con racionalidad y sustentabilidad en la solución del problema habitacional, manteniendo los principios sociales logrados por la Revolución y la atención priorizada a los sectores vulnerables ».
En dicha política se definen, entre otras muchas cuestiones, las relacionadas con el precio de la vivienda asignada por el Estado, que no es subsidiado; la manera en que se financiarán los otorgamientos que se realicen por interés social; el régimen jurídico para cuartos y habitaciones; así como las bases para el procedimiento de asignación de viviendas y la obtención de la propiedad.
Según refirió René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, la Ley actualmente vigente ha sido modificada por ocho decretos leyes y están asociadas, además, 127 normas de diferentes rangos, lo cual genera dispersión jurídica, incremento de trámites y falta de control en su ejecución.
Entre las principales metas trazadas señaló el fortalecimiento del papel de los órganos locales del Poder Popular en relación con la vivienda y el hábitat. «Hacer más eficientes los trámites y el cumplimiento de lo dispuesto es uno de los grandes retos », acotó.
Al intervenir en este tema, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, recordó que en la propuesta de política se ha trabajado de manera intensa en los últimos tiempos, por lo tanto no se partirá de cero en la elaboración de las normas jurídicas.
Insistió, además, en la rigurosidad con que se debe llevar a cabo el proceso de preparación para implementar lo diseñado, proceder que evitará irregularidades, indisciplinas y violaciones de lo establecido en los más diversos aspectos.
Esta política apreció nos permitirá una actualización y un avance en un tema tan sensible de cara a la población como es el asunto de la vivienda.
Deudas de la economía: cobros y pagos vencidos
Afrontar resueltamente las indisciplinas en la gestión de las cuentas por cobrar y pagar, con el propósito de solucionar este asunto de elevada significación para el país, es otro de los temas que sistemáticamente se evalúa en las reuniones del Consejo de Ministros.
Al informar acerca del estado de las cuentas por cobrar y pagar fuera de término, en litigio y sentencias de tribunales, al cierre de diciembre del pasado año, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, aseguró que las cifras continuaron en aumento a pesar de que en el 2020 los niveles de actividad disminuyeron considerablemente.
En ese crecimiento, señaló, influyen las empresas de subordinación local, donde aún no se logra solucionar y transformar este asunto como debe ser. De igual manera, llamó la atención sobre la importancia de trabajar en función de no incrementar las deudas por pagar vencidas en las empresas nacionales.
Asimismo, comentó que resultó considerable el incremento de los impagos a los productores agropecuarios, aspecto en el cual la situación más compleja se manifiesta en la provincia de Artemisa. «Este no es un tema resuelto », valoró la Titular de Finanzas y Precios, quien comentó que se evalúan nuevas medidas con el propósito de dinamizar el control y la exigencia ante este tema.
La manera en que se manifiesta esta situación, constituye una clara evidencia de la falta de disciplina y exigencia, así como la poca prioridad que se concede al control interno por parte de las entidades, de ahí la urgencia de transformar las causas y condiciones que la provocan.
Una obra de presente y futuro
Un tema sumamente alentador presentado durante el encuentro se correspondió con el estado de ejecución de las obras vinculadas a los trasvases. Al respecto,
Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, definió las prioridades de trabajo para el presente año y subrayó la necesidad de seguir accionando en estas obras a pesar de las limitaciones, pues permitirá incrementar el valor de uso de forma eficiente para transformar las áreas que están bajo riego en los principales polos productivos.
Respecto al Trasvase Este-Oeste, recordó que «una vez terminado tendrá 316 kilómetros de longitud, donde se incluyen canales, túneles y conductoras, así como se prevé la construcción de diez nuevas presas. Todas estas acciones deben poner bajo riego unas 120 000 hectáreas y tendrá un impacto positivo también en la producción de peces de agua dulce », explicó.
Sobre el Trasvase Norte-Sur, recordó que se encuentra terminado y en explotación el tramo Sabanalamar Pozo-Azul, el cual ha permitido abastecer de agua a unas 4 000 personas en el poblado de Guainabó. Particularmente en la producción agrícola, precisó, se obtienen resultados positivos en la producción de tomate, frijol y maíz.
En cuanto al tramo Toa-Yateras-Guaso, que se encuentra en preparación, actualizó que durante el 2020 se trabajó en los viales de acceso, en las facilidades temporales y en la entrada del túnel de desvío de la presa Yateras.
El Trasvase Centro-Este, por su parte, estará compuesto por 315 kilómetros de canales magistrales, 25 presas, dos derivadoras y dos hidrorreguladores. Entre los principales resultados que se constatan destacó el abasto de agua a más de 14 000 habitantes en Jatibonico, la generación de electricidad, la producción agrícola y de peces de agua dulce.
A partir de las obras asociadas a los trasvases, subrayó el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, será posible desarrollar polos productivos fuertes donde se encadenen las producciones para el desarrollo local y nacional, lo cual requiere de un mayor fortalecimiento de las bases productivas relacionadas con ellas.
A pesar de las dificultades comentó el Primer Ministro la ejecución de estas obras no se ha detenido, y si bien no hemos contado con todos los recursos, hemos avanzado poco a poco. «Esto es puro desarrollo del país, con un impacto grande en la vida de la nación », valoró.
Sostener el desarrollo del país
Más adelante, el Consejo de Ministros aprobó las normas jurídicas que implementan las 15 medidas para continuar avanzando en el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal. Para ello, detalló Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, se elaboraron 12 proyectos de normas jurídicas, tres de los cuales tienen rango superior, y de ellos dos requieren la aprobación del Consejo de Estado.
Adicionalmente puntualizó hay nueve resoluciones, correspondientes a los ministerios de Finanzas y Precios, de Trabajo y Seguridad Social, y de Economía y Planificación.
En ese empeño puesto por el Gobierno cubano de fortalecer el sistema empresarial y concederle a su vez mayor autonomía, las medidas aprobadas definen, entre otras cuestiones, la flexibilización de la estructura y funcionamiento del sistema empresarial; se transforma el sistema de relaciones financieras con el Presupuesto del Estado; se eliminan las restricciones para el pago de utilidades a los trabajadores; así como se simplifican y flexibilizan las funciones y facultades del sistema empresarial.
En esta reunión correspondiente al mes de marzo, el Consejo de Ministros analizó además temas como los procesos judiciales de materia económica en los tribunales; las afectaciones ocasionadas al país por irregularidades en operaciones del comercio exterior; indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa; la Operación Puerto, Transporte, Economía Interna; y el cumplimiento de los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas.
La prioridad dada a los temas incluidos en la agenda ratifica un principio de trabajo que ha caracterizado el último año en la gestión de Gobierno del país, que a la par del enfrentamiento a la COVID-19 ha continuado atendiendo asuntos como la planificación, la sustitución de importaciones, el combate a la corrupción y las ilegalidades, todos vitales para el desarrollo de la nación.