El Gobierno Revolucionario denuncia la vigencia durante más de 60 años del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto formalmente por EE. UU. el 3 de febrero de 1962. En esa fecha, el entonces presidente John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, que decretó un “embargo†total del comercio con nuestro país al amparo de la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior. Se le confirió de esa forma carácter oficial a las acciones económicas agresivas y unilaterales que se venían aplicando contra Cuba desde el triunfo revolucionario.
A partir de entonces, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista.
La principal justificación que usó entonces EE. UU. para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra “los principios del sistema interamericano†y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos.
La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había enunciado en el memorando del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960: “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (...) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobiernoâ€.
El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico, al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos.
Se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del Derecho Internacional, que busca, mediante presiones, chantajes y penalidades, aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país. Es la expresión práctica de la doctrina Monroe en el siglo XXI, que mira a América Latina y el Caribe desde posición de propietario, ya sea “patio trasero o delanteroâ€.
El bloqueo no ha tenido nunca el menor atisbo de legitimidad, ni justificación moral.
Constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Para justificarlo, el gobierno estadounidense se siente obligado a utilizar la mentira y para ocultar su efecto criminal promueve una campaña financiada desde Washington, dirigida a sembrar la idea de que los efectos del bloqueo no son reales, que no dañan verdaderamente a la economía cubana, que no son un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de comunicación al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos compatriotas.
Los daños acumulados en estas seis décadas superan los 144 mil 413.4 millones de dólares a precios corrientes.
Desde el año 2019, las medidas de coerción económica alcanzan una agresividad cualitativamente superior. Se aplican medidas de guerra no convencional, impropias de tiempos de paz, en el empeño de privar a Cuba de suministros de combustibles.
En el contexto del enfrentamiento a la COVID-19, el reforzamiento del bloqueo llega a límites insospechados de crueldad, al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. Durante la pandemia, y a lo largo de estos 60 años, el bloqueo ha tenido un costo humano incalculable y varias generaciones lo hemos sentido en carne propia.
Las fortalezas del sistema socialista cubano y la unidad del pueblo han permitido, a pesar del bloqueo, evitar el colapso económico y social que este persigue, alcanzar un desarrollo humano destacado, según los índices que reconocen las Naciones Unidas, garantizar avances indiscutibles en la justicia social y generar una transformación paulatina de la estructura económica y productiva en búsqueda de un desarrollo sostenible. Cabe preguntarse cuántas economías pequeñas y subdesarrolladas habrían podido sobrevivir a una agresión de tamañas proporciones.
Esta política de cerco económico concita un rechazo prácticamente unánime y universal. Además del apoyo abrumador a la resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, son constantes los reclamos y acciones de denuncia por parte de personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluso dentro de los Estados Unidos.
Desde 1959, trece mandatarios han ocupado la Casa Blanca. Con ciertos matices, en todos los casos ha sido permanente la apuesta a provocar el colapso económico y la insostenibilidad del proyecto revolucionario mediante la estricta aplicación del bloqueo. Parecería que 60 años no han sido suficientes para comprender que no ha cumplido, ni cumplirá, los objetivos de sus promotores.
El Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo de Cuba, reclama enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE. UU. Nuestra denuncia se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese en su totalidad esta política inhumana e ilegal.
La Habana, 3 de febrero de 2022