Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura. (Foto: Juvenal Balán)
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura. (Foto: Juvenal Balán)
Tomado de la edición digital del periódico Granma
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21 Diciembre 2023
21 Diciembre 2023
hace 11 meses
Con la presencia del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, continúa este jueves el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Para esta jornada se brindará información sobre la implementación del Código de las Familias y de la Ley No. 143 Del Proceso Penal, se presentará el informe del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Agricultura, y rendirán cuenta el Ministerio de Industrias y los gobiernos provinciales del Poder Popular de Las Tunas y de Cienfuegos.
Presentan resultados del código de las familias a un año de su entrada en vigor
Foto:Juvenal Balán
El Código de las Familias, refrendado por el pueblo cubano hace un año y tres meses, es una normativa de sumas y multiplicaciones, de alternativas y opciones; un código inclusivo, protector y de igualdad porque permite a todos acceder a novedosas instituciones para construir un modelo familiar más acorde con las necesidades de la sociedad actual.
Desde su entrada en vigor, el sistema del Ministerio de Justicia (Minjus) desarrolla acciones dirigidas principalmente a la ampliación de capacidad de respuesta de la demanda de los servicios notariales y registrales, según informó Oscar Silveira Martínez, titular del sector, al presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular los resultados más relevantes obtenidos entre el 29 de septiembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023.
La capacitación, la comunicación hacia los públicos internos y externos, el control y las relaciones de coordinación y cooperación entre otros órganos, organismos y organizaciones son actualmente retos que asume el sector jurídico para garantizar la implementación plena del Código.
El informe analizado por los diputados declara que para acercar los servicios a la población existen 294 unidades notariales ( 34 más que en 2020) y 678 notarios en ejercicio y 21 de reserva; 334 registros civiles, con 784 registradores, lo que representa el 81,3 % de la plantilla; 170 registros de la propiedad con 447 registradores.
Silveira Martínez informó que hasta el cierre del mes de noviembre de 2023 los resultados estadísticos muestran que el asentimiento para disponer de la vivienda familiar acumula 6 272 escrituras notariales, mientras que el consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida en seres humanos suma 2 237.
De igual forma, se formalizaron 290 pactos matrimoniales dentro de los cuales los futuros cónyuges pueden acogerse a un régimen económico distinto al de la comunidad de bienes.
Otro dato resaltado fue el ascenso a 93 de las revocaciones de donaciones, generalmente de viviendas, por las causas previstas como la ingratitud.
Los matrimonios entre personas del mismo género alcanzaron la cifra de 1 333, siendo 806 entre hombres y 527 entre mujeres; mientras que 31 recién nacidos en este periodo tienen en primer orden el apellido de la madre.
El Código abrió una nueva realidad para los tribunales responsables de la materia familiar, debido a que se produjo un incremento considerable de la radicación de asuntos (34 898 procesos).
Los casos con mayor presencia en esta estructura continúan siendo los divorcios (24 251), los alimentos (3 533) y los conflictos sobre guarda y cuidado y regulación del régimen de comunicación (2 239).
Al referirse al impacto de la normativa en la Fiscalía General de la República (FGR), el ministro mencionó que los fiscales actuaron en 9 099 procesos judiciales civiles y de familia e intervinieron en 8 673 audiencias convocadas por el Tribunal.
En sentido general apreció avances en la calidad de la investigación de los procesos y asuntos que se tramitan en la FGR, no obstante, señaló que durante la supervisión se identificaron insuficiencias relacionadas con la contestación de las demandas.
Para la ejecución del Código de las Familias se requiere estar al tanto de la opinión del pueblo, las quejas y los citeriores que emiten los propios profesionales del Derecho, concluyó Silveira Martínez.
«No podemos minimizar nada: cada asunto mal entendido, mal solucionado impacta en derechos fundamentales de las personas y eso no admite análisis en porcientos. Cada persona, cada asunto, es la prioridad».
Afirmó que tenemos un buen Código, pero solo con acciones efectivas de comunicación, trabajo en conjunto y control seguiremos transitando positivamente el camino de su efectivo disfrute.
La comunicación y capacitación, tarea de todos
La diputada Yamila González, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, al hacer uso de la palabra en el debate, dijo que en el año que culmina esa organización llegó a 12 provincias, capacitó aproximadamente a 1 400 profesionales del Derecho y a 110 profesionales de otras ciencias.
«No obstante, la capacitación es tarea de todos», recalcó.
Ratificó que debe hacerse una labor comunicacional más intensa y sistemática que permita a la población conocer los derechos protegidos en la normativa, con la misma cercanía y sensibilidad que se hizo en la etapa previa a su aprobación.
Foto:Jose M. Correa
Por su parte, Lilia María Hernández, presidenta de la Junta Directiva Nacional de Organización de Bufetes Colectivos, planteó que «tenemos que estar en capacidad, no de decir que el Código es técnico, novedoso, todavía lo estamos estudiando, sino dar toda la orientación a las personas que acuden a las diferentes instituciones».
Llamó a ser más ágiles y tener la claridad de qué apoyo es el que se necesita en cada sector.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro Espín, destacó que a un año de aprobado el Código, se están viendo muy rápidamente sus resultados, lo que calificó de meritorio.
Esto, comentó, está sucediendo gracias al trabajo y transformación cultural desplegado por toda la sociedad cubana y el liderazgo que han desarrollado las instituciones en este proceso.
Una ley adecuada a un sistema moderno de justicia penal
(Foto: José M. Correa)
Los vínculos entre los órganos judiciales de los tribunales municipales y las salas de la especialidad de la materia penal del Tribunal Supremo Popular (TSP) han posibilitado que, en sentido general, se cumplan de manera adecuada las nuevas instituciones de la Ley del Proceso Penal.
Así consta en la información sobre la Ley No. 143 Del Proceso Penal, presentada a los diputados por Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
«Es una Ley moderna, comprensible y práctica que permite un adecuado enfrentamiento al delito; no obstante, el grupo de trabajo, cumpliendo recomendaciones de la ANPP, evalúa la necesidad de mejorar la redacción de algunos de sus preceptos para facilitar su adecuada implementación», comentó.
Agregó que, con la reforma penal, se han emitido 16 disposiciones relacionadas con la Ley del Proceso Penal, Código Penal y Ley de Ejecución y la Fiscalía ha incorporado el 36 % de su fuerza laboral al proceso penal, fundamentalmente en la capital.
En el presente año, los tribunales radicaron 16 762 asuntos en materia penal y hasta el cierre de octubre han resuelto 12 219 y se han ejecutado 10 141 sentencias firmes, cifras que constituyen niveles aceptables para esta etapa del año natural.
Ilustró que en los procesos se han identificado un total de 14 117 víctimas o perjudicados (una novedad con esta Ley) y de ellos se acogieron y personaron en condición de parte 2 975.
«En todos los casos de imputados menores de 18 años de edad se garantizó la asistencia jurídica de oficio, para la toma de declaración y en las audiencias de control judicial», resaltó.
En el presente año –al cierre de noviembre– resultaron sancionados el 95 % de las personas juzgadas, de estas:
- 70 % sanciones de internamiento
- 21 % penas no detentivas
- 9 % sanción de multa
- 0,3 % amonestación
Remigio Ferro señaló que se recibió un total de 145 criterios para el perfeccionamiento de la Ley, con los que actualmente trabaja el grupo; de estos 28 en el sistema de tribunales, 63 de Fiscalías, 19 en Oficina Nacional de Bufete Colectivo y 33 Minint.
(Foto: José M. Correa)
Precisó que las dificultades y complejidades en la labor investigativa y procesal, generan mayor número de devoluciones de las fiscalías y tribunales.
Esta Ley, concluyó Remigio Ferro, permite un adecuado enfrentamiento al delito, a través de la aplicación de medidas cautelares y sanciones, entre otros aspectos.
Según el dictamen, presentado por José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, «estamos en presencia de una Ley adecuada a los requerimientos de un sistema moderno de justicia penal, con un correcto desarrollo de los principios constitucionales, que responde a las exigencias de un estado de derecho socialista, establece un adecuado marco a las garantías de los ciudadanos y garantiza la preservación de la seguridad ciudadana en el país».
El sistema de la agricultura necesita una profunda transformación
La estrategia económica productiva diseñada por el Ministerio de la Agricultura (Minag) no ha logrado los resultados esperados que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país, a pesar de las acciones realizadas por el Gobierno, el propio organismo y otras instituciones que se vinculan a la producción agropecuaria.
Una parte importante de los problemas que afectan al sector agropecuario –consta en el informe de la más alta fiscalización a este organismo– rebasan el alcance de las capacidades y facultades del Ministerio, requiriendo una atención más integral por parte del Gobierno.
En presencia del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República; trascendió que las deficiencias en las bases productivas y la búsqueda de alternativas a la actual situación que atraviesa el sector necesita de una mirada diferente.
Según el informe, de las 14 producciones fundamentales solo se cumplen dos: maíz y frijol y al cierre de junio de 2023 la producción agropecuaria mantiene decrecimiento con relación al plan, además que la concepción de los planes está por debajo de las demandas reales, potenciales productivos, necesidades de la población y la economía.
Otras cuestiones presentadas de manera crítica en el informe señalan que la ganadería bovina es otra de las actividades con una mercada descapitalización; las producciones de huevo, pollo y cerdo son muy limitadas e inestables, con precios altos; continúan las problemáticas relacionadas con la bancarización; se mantiene la migración de la población rural hacia pueblos y ciudades; existen en el país 305 252 tierras declaradas como ociosas y se incrementan las ilegalidades en el sector.
Prestar atención al campesino
El diputado Emilio Interián Martínez, por Arroyo Naranjo, hizo un llamado a reforzar las acciones en contra en los casos de hurto de ganado mayor, «porque los bandidos no nos pueden tomar el campo».
José Carlos Cruz Sandoval, diputado por el municipio Baraguá, Ciego de Ávila, destacó que este es un instrumento de control del Estado importante y debe resultar una reacción en positivo sobre los elementos que se han discutidos, destacando que el sistema de la agricultura revolucionaria tiene en las manos la estrategia del Comandante en Jefe y del General de Ejército.
Precisó que el comercio electrónico puede avanzar más en la agricultura, donde existe resistencia a su uso a la hora del pago de productos, «recordemos que la transformación digital es un proceso de cambio cultural».
Leydis María Labrador, diputada por Las Tunas, se refirió a las cadenas de impago y su impacto en los productores agropecuarios, más «si tenemos en cuenta que el campesino depende de esos pagos para luego continuar con las campañas productivas y cumplir con una familia a la que tiene que mantener».
Independiente de las limitaciones, agregó, ha faltado seriedad con los campesinos en materia de pago y se deben buscar estrategias para fomentar que las personas vivan en los campos y tener fuerza de trabajo.
