Como «hilo conductor para el trabajo en estos momentos» definió el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, las proyecciones de gobierno que, para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024, fueron aprobadas a finales del pasado año.
Sus reflexiones tuvieron lugar durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, a propósito de la evaluación que se presentó sobre la implementación de las medidas que, con tal propósito, han comenzado paulatinamente a ponerse en marcha en Cuba.
En el encuentro —encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez—, el primer ministro insistió en acompañar este proceso desde todas las instancias y estructuras del país.
Lo diseñado, consideró, es la «guía por la cual todos nos tenemos que conducir, y no está ajeno a ninguna institución, a ningún proceso».
Teniendo justamente en cuenta la significación de esas medidas, evaluar el estado de su implementación fue el primer punto de la agenda de la reunión del máximo órgano de Gobierno correspondiente al mes de febrero, en el cual la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, dio a conocer las principales acciones llevadas a cabo entre el 24 de enero y el 27 de febrero.
En tal sentido, detalló que durante ese periodo se ha continuado trabajando en la identificación de las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, así como en la evaluación de los posibles impactos que pudiera traer consigo el incremento de precios y tarifas concebido para varios productos.
Recordó cómo, con el propósito de garantizar la gradualidad en la implementación, se decidió aplicar durante el mes de marzo la actualización de los precios minoristas de los combustibles, y el incremento de la tarifa eléctrica del sector residencial en un 25 % a los consumidores de más de 500 kWh.
A su vez, dijo, se aplazó la actualización del precio del gas licuado hasta que se implemente el costo actualizado de la canasta familiar normada.
Entre las proyecciones previstas para el mes de febrero que se encuentran en proceso, se refirió a la actualización de las normas que permitan reordenar los proyectos de desarrollo local; el redimensionamiento del mercado cambiario; así como el perfeccionamiento y desarrollo del proceso de contratación con las formas productivas no estatales en la agricultura.
De manera particular, acerca de las proyecciones para el mes de marzo, Granadillo de la Torre mencionó, entre otras, la emisión de las nuevas normas jurídicas para los actores económicos no estatales, que incluyen la actualización de las actividades no autorizadas a realizar por estos actores y la creación del Instituto para la atención de estos.
En sus palabras, la viceministra primera de Economía y Planificación ratificó que cada una de las medidas se «aplicará cuando estén creadas las condiciones para ello, lo cual incluye la campaña comunicacional, la información oportuna y la identificación de los efectos en la población, defendiendo el principio de que no quede nadie desamparado».
Llamó la atención sobre la necesidad de que exista mayor integración entre los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos territoriales en el cumplimiento de los objetivos previstos.
Bajo el principio de que nos debemos al pueblo, la mitigación de los impactos negativos, ante las complejidades que enfrenta la economía, es una tarea de primer orden, aseveró.
Al respecto, el primer ministro enfatizó en la necesidad de ofrecer información oportuna respecto a cada nuevo paso, para que la población entienda y se pueda dar respuestas a sus lógicas preocupaciones, sobre todo aquellas asociadas a medidas relacionadas con el incremento de precios y tarifas. «Y es ahí donde tienen que existir, oportunamente, la información y el esclarecimiento necesarios para poder lograr el éxito de estas proyecciones de gobierno», valoró.
Si bien esas decisiones no van a resolver «los problemas que hoy nos están afectando, como la escasez de alimentos y otros a corto plazo, sí van a tener una incidencia positiva en la solución de todos aquellos temas macroeconómicos que se han ido desviando», al tiempo que permitirán «ir corrigiendo todos esos subsidios injustificados y también contener poco a poco el tema de los precios».
De ahí la necesidad, consideró Marrero Cruz, de que «todos tengamos identificadas, en primer lugar, cuáles son las distorsiones, cuáles son aquellas cosas que no están funcionando bien, incluso aunque sean las establecidas y que en su momento jugaron un papel, pero que a la luz del actual contexto requieren ser transformadas, actualizadas, corregidas».
Asimismo, se refirió a la responsabilidad que tienen las autoridades en «los territorios de ir identificando aquellas personas o familias en situaciones de vulnerabilidad a quienes tenemos que buscar cómo darle una asistencia, cómo darle un apoyo, para evitar que su situación empeore a partir de alguna medida».
A nivel de municipio, señaló, tienen que estarse «monitoreando, y modelando constantemente, para corregir todo lo que sea necesario y que no tengan mayores afectaciones a la población».
De manera particular, acerca del incremento del precio de los combustibles que inicia en el mes de marzo, Marrero Cruz recordó que ese aumento es en el precio minorista, no en el mayorista, de ahí que «no se justifica un incremento de precio en el sistema legal y oficial de transportación de la población.
«Nosotros tenemos la obligación ante el pueblo de imponer disciplina, orden y control en el cumplimiento estricto de lo que está establecido».
Es responsabilidad y obligación del Gobierno, enfatizó, «exigir a todos los actores económicos por igual que se cumpla lo que está establecido, ya sean estatales o privados, y dejar claro cuáles son los precios, y exigir que quien los viole recibirá todo el rigor de la Ley».
Finalmente, en sus palabras, subrayó la necesidad de que se implemente en la base un sistema de trabajo que permita «ir viendo los impactos, cómo va la implementación, y desde el cual se hagan propuestas concretas a partir de lo que va surgiendo a nivel de territorio, a nivel de instituciones, para poder de verdad ir incorporando, a todo lo que sea corregir distorsión, todo lo que haya que cambiar y buscar soluciones alternativas para poder reimpulsar la economía».
Ese es el camino para seguir, es «la búsqueda de soluciones y de espacios que nos permitan impulsar y llevar a feliz éxito este proceso que hemos iniciado», valoró.
Economía cubana al cierre de enero
Como es habitual en las reuniones del Consejo de Ministros, el titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, informó sobre el comportamiento de la Economía al cierre del mes anterior, que en esta ocasión correspondió a enero.
Entre otros aspectos, el ministro detalló que, si bien la actividad turística no logró las cifras previstas para el periodo, quedando a un 86 % del plan, el arribo de turistas significó un crecimiento respecto a enero de 2023: la llegada al país de 257 643 visitantes se tradujo en un 3,4 % superior a igual periodo del pasado año.
Asimismo, señaló que, de manera general, se incumplió con lo pactado en el balance de la producción nacional de alimentos en renglones como el huevo, la leche, la carne bovina y el cerdo. Todo ello tiene un impacto directo en la satisfacción de demandas de la población.
Los resultados del plan de enero, consideró, no han sido buenos. «Nos corresponde a todos, con los recursos que tenemos, buscar las mejores soluciones para impactar positivamente en los resultados del mes de marzo», valoró.
En tal sentido, el primer ministro significó que todo lo que se planificó para 2024 fue «conociendo que el escenario era muy complejo, conociendo que existiría el mismo bloqueo recrudecido, y siempre dijimos: tenemos que trabajar y ver cómo vamos buscando soluciones internas a nuestros propios problemas».
Entonces, alertó, «no podemos ahora decir que los incumplimientos que estamos teniendo es porque hubo más bloqueo o más crisis internacional». De ahí su insistencia en que se lleven a cabo «análisis con rigor sobre cómo van los cumplimientos de los diferentes planes», a lo cual, dijo, se debe añadir también el «chequeo mensual de la marcha de la ejecución de los presupuestos en todas las entidades, para ir corrigiendo cualquier desviación».
Nuevas políticas aprobadas
Tres nuevas políticas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en esta jornada de trabajo. El primero de estos documentos responde a la Política de Comercio Interior, sobre la cual la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez, aseguró que su elaboración contó con la participación activa de todos los organismos y entidades que realizan la actividad de comercio interior en el país.
El texto, primero de su tipo en el sector en Cuba, precisó, tiene como objetivo esencial el ordenamiento y la modernización de este tipo de comercio en todo el territorio nacional, y en el que se integran, como un factor clave, la innovación y el desarrollo con la producción de bienes y servicios.
Más adelante fueron aprobados la política y el proyecto de Decreto Ley sobre Arbitraje y Mediación Comercial Internacional. Al respecto, el viceministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, explicó que, si bien estas no son nuevas legislaciones para el país, demandan de una actualización, de manera que sus preceptos den respuesta al actual contexto tanto nacional como internacional en que se desenvuelve la economía cubana, teniendo en cuenta la vinculación de Cuba a múltiples procesos de comercio exterior.
Ambos documentos, que constituyen fuente de derechos para el arbitraje internacional en Cuba, permite la incorporación de reglas universalmente admitidas para el arbitraje, lo cual es una garantía que puede contribuir a incorporar, con mayor presencia, la Corte cubana en la solución de litigios en los negocios en el país, al tiempo que tributa al reconocimiento constitucional de los medios alternativos de solución de conflictos.
Como parte de la agenda, el máximo órgano de Gobierno cubano dio luz verde también a la política y el Proyecto de Ley «De transparencia y acceso a la información pública», presentados por Adianez Taboada Zamora, viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Esta es la primera vez, reconoció, que en Cuba se presenta una propuesta de norma jurídica de este rango, que, además, estará integrada al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. Esta disposición jurídica, puntualizó, permitirá ordenar lo refrendado sobre estos temas en el texto constitucional, y facilitará el vínculo Gobierno-ciudadanía.
En el camino de reducir el consumo de energía eléctrica
También, como parte de la agenda de trabajo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó sobre el cumplimiento de las medidas indicadas durante el pasado año para la reducción del consumo de energía eléctrica. Al respecto, recordó que, teniendo en cuenta «los valores obtenidos en el verano pasado, de demanda y de consumo de electricidad, se decidió hacer un análisis de cómo lograr un ahorro del consumo de estos portadores energéticos que, a su vez, trajera consigo una disminución de la demanda de combustible, y el incremento del uso racional y eficiente de la energía.
Como parte de las acciones implementadas, señaló, se consolidó el trabajo de los consejos técnicos asesores a todos los niveles, lográndose, en el último trimestre, una disminución de 7 % del consumo.
Entre las acciones llevadas a cabo, comentó sobre la paralización parcial o total, durante los horarios picos, de 120 788 servicios; la paralización de equipos de clima no tecnológicos; el reajuste de horarios a más de 68 000 trabajadores, y la desconexión del 74 % del alumbrado público.
Al comentar sobre la compleja situación que existe en el país con el combustible, a lo cual se añade la salida de «la Guiteras», el primer ministro subrayó la «necesidad de reforzar las medidas de ahorro, porque además de las afectaciones que tenemos asociadas a la falta de combustible, la demanda está siendo elevada, a pesar de las bajas temperaturas que hemos tenido en estos días.
El llamado es a «explotar todas las reservas que nos queden en materia de ahorro de electricidad y ahorro de combustible», valoró.
Ciencia e innovación en función del Gobierno
Un informe sobre las experiencias y efectividad de las transformaciones del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el contexto del Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación, fue presentado por Eduardo Martínez Díaz, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien significó la jerarquización que ha tenido este tema por la máxima dirección del país.
Entre los principales resultados alcanzados con la aplicación de este Sistema, destacó el registro de más de 200 entidades de ciencia, tecnología e innovación; el papel que desempeñan las universidades; las nuevas estructuras dinamizadoras de la innovación que se han creado en el país, así como el establecimiento de programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, que incluye incentivos a la producción científica y la innovación.
No obstante los avances, también se aprecian deficiencias que urge resolver, aseveró Martínez Díaz. Entre ellas, mencionó que no se logra un avance homogéneo ni con la celeridad necesaria en los diferentes sectores, organismos y territorios, en los cuales no se emplean a plenitud las potencialidades de este sistema de gestión en el impulso al desarrollo económico y social.
De igual manera, dijo, es insuficiente la preparación de los actores para organizar, implementar y evaluar los sistemas de trabajo en las diferentes instancias de gobierno, al tiempo que no siempre el empleo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación se orienta a la solución de los problemas.
Teniendo en cuenta esas realidades, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron la implementación de nuevas acciones encaminadas a diseñar un sistema de trabajo que permita fortalecer la implementación del Sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, y orientarlo a la solución de los problemas que hoy enfrentamos.
Al respecto, la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh comentó que, aun cuando generalmente en todas las entidades existe el Consejo Técnico Asesor, este no siempre se utiliza adecuadamente, ni tiene sistema de trabajo que respalde las acciones que deben llevarse a cabo.
En tal sentido, el primer ministro reflexionó que, en el camino de implementar las proyecciones de gobierno, corregir distorsiones, reimpulsar la economía y hacer las cosas de manera diferente con soluciones propias, es imprescindible «una correcta implementación y aplicación de la ciencia y la innovación». (Yaima Puig Meneses)