Ministerio del Interior informó los detalles de un plan de reclutamiento dirigido, desde territorio estadounidense, al fomento de acciones terroristas en la Mayor de las Antillas
El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó los detalles de un plan de reclutamiento, neutralizado en diciembre de 2023, dirigido, desde territorio estadounidense, al fomento de acciones terroristas en la Mayor de las Antillas.
Las investigaciones posibilitaron detener al ejecutor principal, Ardenys García Álvarez, ciudadano cubano de 40 años, quien emigró a Estados Unidos en 2014, de forma ilegal, luego de recibir sanciones por delitos de robo con fuerza y especulación, precisó el segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de Investigación Criminal del Minint, coronel Víctor Álvarez Valle.
Agregó el oficial que, García Álvarez regresó a la Isla en noviembre del pasado año, en una penetración por vía marítima en la zona del Canal de Manuel, en la provincia de Matanzas, con una moto náutica de tipo Jet Ski, inscrita en el estado norteamericano de la Florida, en perfectas condiciones para navegar. Durante la ocupación del vehículo aparecieron varias municiones en un pomo.
Además, detalló, el imputado ingresó con cinco pistolas de diversas procedencias y características, acompañadas de varios cartuchos. Portaba armas de las marcas American Tactical y dos modelos distintos de Smith & Wesson, fabricadas en Estados Unidos, junto a una Steyr, de Austria, y una Taurus, creada en Brasil.
En las declaraciones ofrecidas por el acusado, entre el momento de su captura y mayo de 2024, como parte de un proceso penal con la medida cautelar de prisión provisional, confesó establecer contacto, a través de las redes sociales, con Willy González, representante del grupo autodenominado La Nueva Nación Cubana en Armas.
Luego entabló comunicación con el reclutador Dayán Quiñones, y mantuvieron intercambios de mensajes por medio de la plataforma Telegram. Posteriormente, participó con la agrupación terrorista en dos entrenamientos militares organizados en campos de tiro.
García Álvarez mencionó un comunicado leído en un hotel, la noche previa al segundo entrenamiento. El documento enfatizaba en la determinación de emplear la lucha armada, «poniendo en riesgo la vida de un grupo de hombres decididos, con el fin de salvar la vida de muchos otros».
Sin embargo, los verdaderos objetivos detrás de esa declaración de intenciones quedaron al descubierto en las múltiples convocatorias de Willy González al «despertar del pueblo», por medio de la violencia contra oficinas, cañaverales, las tabaquerías de Pinar del Río... «Ya ahora vamos al nivel del daño corporal», aseguró.
Otro integrante de La Nueva Nación Cubana en Armas, aludido por el imputado bajo el sobrenombre de «El Lobo», es Jorge Luis Fernández Figueras, promotor y financista de acciones agresivas dirigidas contra círculos infantiles, escuelas, policlínicos y los almacenes de la Organización Básica Eléctrica, sobre todo en el municipio San Miguel del Padrón, en la provincia de La Habana.
El acusado principal reclutó a algunas personas, ya detenidas, entre ellas a su padre Rigoberto García Ávila, quien declaró conocer el propósito de asaltar una unidad militar y tomar sus armas, así como las necesidades de una finca para reunir a todos los movilizados, y un camión para trasladar las fuerzas humanas y el armamento.
García Ávila formó parte del plan, como un elemento más, sentenció el fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción y las Ilegalidades, de la fiscalía General de la República, Edward Roberts Campbell.
Otro implicado, Pavel Fernández Alfonso, relató que García Álvarez le comentó sobre la intención de reclutar personas por todo el país, prepararlas en una finca que compraría y decidir, desde allí, qué actos llevarían a cabo.
El fiscal ilustró los delitos previstos en el Código Penal, en los cuales incurrió el ejecutor fundamental. El primero de ellos, instrumentado en el artículo 282.1, contempla, para quienes ingresen en el país sin las formalidades legales o disposiciones migratorias, una pena de uno a tres años de privación de libertad o multas de trescientas a mil cuotas, o ambas.
El artículo 142.1, dedicado a otros actos contra la seguridad del Estado, reserva una condena de diez a 30 años de cárcel, cadena perpetua o pena de muerte a quienes violen el espacio territorial a bordo de una nave o aeronave, penetren clandestinamente en la nación u organicen o formen parte de grupos armados para intervenir en la comisión de delitos contemplados en el Código Penal.
Por su parte, el artículo 142.2 procura, para quienes ofrezcan abrigo, presten ayuda, suministren provisiones a los elementos o grupos descritos o favorezcan de cualquier otro modo sus operaciones, una pena de una a dos décadas de prisión.
Los delitos contra el orden constitucional, tipificados en el artículo 119.2, incluyen a los promotores de alzamientos armados, al margen de si llegan a términos de hecho o resultan intentos fallidos. En el último caso, merecen una condena de cuatro a diez años de privación de libertad.
El artículo 151.1 se ocupa de los actos cometidos con armas o artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias.
Quienes fabriquen, faciliten, vendan, transporten, remitan, introduzcan en la Isla o porten armas, municiones o materias inflamables, asfixiantes, tóxicos, explosivos, agentes químicos o biológicos, incurren en una sanción fluctuante entre cárcel de diez a 30 años, cadena perpetua o muerte.
Por último, el espionaje, de acuerdo con el artículo 116.3, establece privación de libertad de siete a 15 años para quienes, sin la debida autorización, practiquen reconocimientos, tomen fotografías, procuren u obtengan informes, o confeccionen o posean planos, croquis de campamentos, emplazamientos, zonas o unidades militares, barcos o aeronaves de guerra, ferrocarriles, o cualquier documento o información concernientes a la seguridad del Estado.
La peligrosidad no solo responde al criterio de la cantidad de armas bajo tenencia de un individuo o un grupo, sino también a elementos subjetivos consistentes en qué acciones pretenden llevar a cabo con ese armamento, afirmó Roberts Campbell.
Cuba, recordó, emite la Lista Nacional de personas y entidades vinculadas al terrorismo. Su más reciente actualización apareció publicada en la Gaceta Oficial No. 83 Extraordinaria, del 7 de diciembre de 2023.
Los incluidos en el listado han sido sometidos a investigaciones penales y constituyen objeto de la búsqueda de las autoridades cubanas por estar vinculados en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos de terrorismo en territorio nacional o en otros países.
En la Lista existen causas relacionadas con los acontecimientos terroristas consumados en la década de los años 90, en hoteles y centros turísticos de La Habana, abiertas contra Guillermo Novo Sampoll, Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo.
Algunos expedientes responden a la infiltración, por las costas cubanas, de terroristas procedentes de Estados Unidos, para perpetrar acciones de esa índole en la provincia de Villa Clara, así como a varios planes de atentados contra el entonces Presidente Fidel Castro Ruz, en naciones como México, España, Honduras, Colombia, República Dominicana y Panamá.
Otra causa comprende a los incitadores a la realización de acciones que afectan el orden social de Cuba y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, además de la promoción de agresiones armadas contra el territorio. Entre los implicados sobresalen Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat y Eliecer Ávila Cecilia.
Esos esfuerzos de Cuba cumplen la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2001, añadió el fiscal. El documento vinculante exhorta a los Estados a investigar, perseguir y sancionar a los implicados en tales sucesos, y también llama a la cooperación internacional para enfrentar esos peligros.
Por su parte, el coronel Álvarez Valle reiteró la voluntad de cooperar con las agencias competentes en Estados Unidos para informar todas las acciones cometidas por los terroristas residentes en la nación norteña. «Esperamos que en algún momento haya reciprocidad en los intercambios que a estos niveles hemos sostenido con la parte norteamericana.
«Nuestro país ha mantenido una política transparente, seria, cooperativa, responsable en el enfrentamiento al terrorismo, y mantendremos la disposición, juntos el pueblo, las Fuerzas Armadas y el Minint, de descubrir, enfrentar y neutralizar este tipo de actividades», concluyó. (Jorge Ernesto Angulo Leiva)