Las asambleas municipales del Poder Popular (AMPP) funcionan como enlace entre el Gobierno y los ministros, permitiendo el control, ejecución y evaluación, a nivel de demarcación, de la prevención social.
El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, al participar en la segunda jornada de trabajo previo al Tercer Periodo de la X Legislatura, calificó a las AMPP como estructuras cruciales para la búsqueda de los problemas y sus soluciones en el país.
El trabajo social, agregó, es intersectorial e interinstitucional, y todos los actores deben colaborar para lograr la transformación necesaria.
La prevención es una política profundamente social y estratégica, y «cumple con aquella esencia de la Revolución de la transformación de la persona en base a los valores del humanismo, el trabajo y la voluntad», concluyó Lazo Hernández.
¿Como marcha la atención a las personas en situación de vulnerabilidad?
Los diputados de las comisiones de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de las Mujeres colocaron su lupa en los resultados de la atención a las personas, familias y hogares en situación de vulnerabilidad.
En el país, 186 707 familias han sido protegidas por la Asistencia Social, siendo 324 140 cubanos beneficiados, según informó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.
Detalló que 3 650 madres o padres de hijos con discapacidad severa recibieron protección; la asistencia social a domicilio llega a 18 448 personas; y se ha otorgado el subsidio para el pago del consumo eléctrico de equipos de climatización y otro para mantener la vitalidad en los hogares a 214 ciudadanos.
Gracias, principalmente, a la incorporación al estudio o al empleo, 16 347 familias superaron ya sus situaciones de vulnerabilidad, subrayó la titular de Trabajo y Seguridad Social.
A finales de junio de 2024, continuaban desvinculadas del empleo 222 138 personas, una cifra que disminuye con respecto al año anterior, cuando ascendía a 314 822.
Para revertir esta situación, añadió Feitó Cabrera, los grupos de Prevención Social de los consejos populares han logrado que 16 327 personas se matriculen en el Programa de Formación y Superación.
Se realizaron, además, 71 176 ofertas de empleo, incorporándose 57 197 personas y 2 043 a cursos de capacitación, totalizando 59 240 ubicados.
Los menores son responsabilidad de todos
En un país que defiende la formación de ciudadanos no se puede normalizar la violencia y el consumo de drogas en menores de edad. Es responsabilidad de todos, desde las familias hasta las instituciones, trabajar juntos para controlar y prevenir estas conductas.
Así lo valoró Arelys Santana, presidenta de la comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de las Mujeres, al analizar aspectos relacionados con la situación de los menores de edad implicados en hechos que la ley tipifica como delitos y conductas nocivas.
Mirta Quintas Montoro, jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior, explicó que entre los principales factores que inciden en el incremento de estas actividades está la persistencia de problemáticas socioeconómicas agravadas, con énfasis en los entornos con indicadores de marginalidad.
En sus intervenciones, los diputados propusieron reforzar la preparación de los entes comunitarios para enfrentar estas prácticas, brindando información sobre qué hacer, a quién recurrir, y enfocándose en el tratamiento más que en la denuncia. (Daniela Cabrera Monzón)