Una injusticia histórica se ha cernido persistentemente contra el pueblo cubano. Sobre los hijos de la Mayor de las Antillas ha caído el peso de una política de raíz venenosa que pretende asfixiar a la Revolución, la cual ha apostado por defender su modelo socialista de desarrollo.
Cada año, desde hace unas tres décadas, ante la mirada de la Organización de las Naciones Unidas, la Isla presenta un informe que detalla con claridad las inhumanas consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero que el Gobierno de Estados Unidos impone, de manera unilateral, al país, desde febrero de 1962.
Una mayoría abrumadora apoya las declaraciones cubanas en ese ámbito. Si embargo, la Casa Blanca y sus aliados continúan sancionado ilegalmente a un pueblo cuya única afrenta al imperio ha sido la de no someterse a sus designios hegemónicos.
A esa política hostil se le suma la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (lista ssot, por sus iniciales en inglés), contra lo cual se han pronunciado numerosas voces internacionales: figuras reconocidas en diversos espacios y por personas de alto prestigio.
En tal sentido, septiembre fue fértil en misivas enviadas a la actual Administración estadounidense. A inicios del mes, el destacado intelectual español Ignacio Ramonet envió una carta abierta al presidente Joe Biden, con el título: ¡Saque a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo!
En el texto, suscrito por «un número importante de personalidades, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones humanitarias y organizaciones no gubernamentales del mundo», se le recuerda al mandatario el «acto de justicia y de lucidez política» de la Administración del expresidente Barack Obama, y «de la cual usted formaba parte», al retirar a Cuba de esa lista en 2015. «Lo cual representó un paso muy positivo para forjar, por fin, una relación más constructiva con La Habana».
Y prosigue: «Durante el Gobierno de Barack Obama, siendo usted Vice-presidente de los Estados Unidos, se pudo en efecto avanzar hacia una normalización de las relaciones diplomáticas entre dos vecinos con sistemas políticos diferentes pero dispuestos a entenderse en base al respeto mutuo».
Se insiste en que la nación antillana «ha denunciado y combatido el terrorismo. Jamás lo ha alentado o patrocinado. Nunca lo ha practicado».
No obstante, resalta el periodista y escritor, a pesar de las tensiones que han podido existir entre ambos países, «no se puede citar un solo caso de acción violenta ocurrido en territorio estadounidense que haya sido apadrinado, directa o indirectamente, por La Habana».
«En cambio (…) más de 3 500 ciudadanas y ciudadanos cubanos han muerto en atentados cometidos por grupos terroristas financiados, armados y entrenados por organizaciones violentas basadas, en su mayoría, en Estados Unidos».
Además, a ello se le añade el ilegal bloqueo que se sostiene aun «desconociendo la clara posición de la comunidad internacional y las sucesivas resoluciones de la onu».
«Señor Presidente, escribió Ramonet, esa situación se tiene que terminar (…) No hay ni un solo argumento válido y razonable para acusar a Cuba y mantener a su población bajo un castigo colectivo, ilegal e inhumano».
Poco después, 35 expresidentes del mundo, bajo la guía del colombiano Ernesto Samper, le reiteraron a Biden, en otra misiva, que «las relaciones entre Estados deben regirse o condicionarse según su nivel de sintonía ideológica, lo cual supondría el fin de la soberanía y la autodeterminación como soportes fundamentales sobre los que se ha establecido el sistema de gobernanza mundial en paz después de la segunda guerra mundial».
Por tanto, «mantener la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo constituye una medida coercitiva difícilmente justificable en pleno siglo xxi». A la par de que apuntaron que «el impacto extraterritorial de las medidas del cerco financiero contra Cuba también afecta los intereses de nuestros países, los sectores bancarios y empresariales».
En esa carta se reconoce la decisión del Departamento de Estado, en mayo, de retirar a Cuba de la lista de Estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, de forma contradictoria, las autoridades de ese país insisten en mantenerla en la otra lista. «¿Cómo se puede afirmar, al mismo tiempo, que un país sí coopera en la lucha mundial contra el terrorismo y, a la vez, acusarlo de apoyarlo abiertamente?», sostienen.
Luego, unos 600 parlamentarios de 73 países rubricaron un mensaje conjunto, bajo la coordinación y publicación de la Internacional Progresista (ip), con el propósito de que sus respectivos gobiernos actúen de manera inmediata para excluir a la Isla de la «cínica» designación como terrorista, «en nombre de la dignidad, la decencia y la integridad de la Carta de la onu».
Tal actitud hostil, proveniente de Washington, viola «los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo».
Sostiene el texto que «la designación es ilegal porque debilita el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los Estados, y el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales, según expertos jurídicos de la onu».
Previamente a estas cartas, el pasado marzo, líderes políticos, religiosos y de derechos civiles de Maryland solicitaron al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ee. uu., Ben Cardin, utilizar su influencia para conseguir el cese del bloqueo a Cuba, «como comunidades de fe moralmente opuestas al uso de la guerra económica contra nuestros hermanos cubanos; como grupos de la diáspora preocupados por el desplazamiento de personas de sus hogares; como humanitarios, académicos, activistas y defensores de los derechos humanos».
Tantas voces no se equivocan. La palpable realidad de Cuba es evidencia contundente e irrefutable de los argumentos que cada una de estas cartas defienden. Ni el pueblo de Martí y Fidel ni las personas justas del mundo dejarán de llamar la atención del Gobierno estadounidense, hasta tanto sean respetados los derechos inalienables del ser humano que, día a día, vulneran las administraciones del imperio. (Laura Mercedes Giráldez)