Con el objetivo de cubrir las inversiones en infraestructura vial y su conservación, cubiertos principalmente por el presupuesto estatal, a partir del próximo 10 de febrero se incrementará la tasa de peaje en el país, trascendió este miércoles.
Estos proyectos, claves para el desarrollo económico y social, enfrentan desafíos ante la insuficiencia de ingresos para sostener la creciente demanda de mantenimiento y modernización de la red de carreteras.
El marco legal que regula el cobro de peajes en el país se establece mediante la Ley No. 113 del Sistema Tributario Cubano, aprobada en 2012 por unanimidad en la Asamblea Nacional.
La normativa, recogida en el Acuerdo VII-78/2012, obliga a conductores nacionales y extranjeros a pagar una tasa al transitar por tramos específicos de carreteras. Los fondos recaudados se destinan íntegramente al presupuesto estatal para financiar la infraestructura vial.
Actualmente, tres vías están gravadas con peaje: la Autopista Matanzas-Varadero (32 km), el Pedraplén Cayo Santa María (46 km) y el Pedraplén Cayo Coco (38 km). La ley contempla la posibilidad de ampliar este sistema a otros tramos en el futuro, en línea con las necesidades de desarrollo territorial y conectividad.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por garantizar la sostenibilidad de las carreteras, los ingresos recaudados no logran cubrir los costos de mantenimiento ni frenar el deterioro acumulado. La dependencia del financiamiento estatal, en un contexto económico complejo, limita la capacidad de respuesta ante las urgentes demandas de rehabilitación vial.
En línea con el Programa de Desarrollo Económico y Social, autoridades realizaron estudios para ajustar las tasas de peaje a las realidades actuales, informa Granma.
Estos análisis evalúan la correspondencia entre los montos cobrados, los costos de administración de las vías y las necesidades de financiamiento, en medio de esfuerzos por corregir distorsiones en la economía nacional.
El gobierno cubano reitera que las modificaciones al sistema de peajes buscan fortalecer la infraestructura de transporte, vital para la actividad productiva y el turismo.
De acuerdo a la fuente, mientras se prioriza la recuperación de carreteras existentes, no se descarta la incorporación de nuevos tramos gravados, en cumplimiento de la Ley 113 y las proyecciones estatales.