Sin duda, «el impacto de las sanciones sectoriales y secundarias es indiscriminado y deliberado. El dolor económico es el medio por el cual se supone que funcionan. Pero no son los funcionarios venezolanos quienes sufren los costos. Es el pueblo venezolano».
Así lo calificó el congresista Jim McGovern en la carta que envió, en mayo de 2021, al presidente Joe Biden, en la que también demanda el cese del régimen sancionatorio.
Su planteamiento es apoyado por un informe que publicó el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), en el que expertos estadounidenses especializados en esas áreas analizan el contexto en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Según el estudio, y como ya es sabido, EE. UU. «ha intervenido fuertemente en Venezuela durante los últimos 25 años, comenzando con el golpe militar de 2002». Incluye el paro petrolero de los años 2002-2003 y la progresiva imposición de sanciones económicas desde 2004.
De acuerdo con el licenciado Fernando Camejo Pérez, especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, «el sistema de medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela se basa en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela (Public Law 113-278), del 18 de diciembre de 2014, y en la Orden Ejecutiva 13692 (Decreto Obama), del 8 de marzo de 2015».
A ellas se suman siete órdenes ejecutivas y otras tantas emitidas por el Congreso las que se complementan «con las regulaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la aprobación de fondos federales a la subversión interna y la ejecución de acciones de política exterior dirigidas a coaccionar a socios económicos del país».
No obstante, el impacto de las medidas y de la actividad injerencista en esta nación va más allá de los ámbitos económico y político. Su peso no solo recae sobre los sectores financieros y empresariales, y algunos funcionarios «no convenientes». Según el documento del CEPR «han cobrado decenas de miles de vidas, además de causar daños devastadores a la salud pública».
Ahora bien, ¿qué se logra con la asfixia económica al pueblo? Evidentemente, esas son un mecanismo de condicionamiento que se inserta dentro de la guerra híbrida contra la nación sudamericana.
Atacar de manera directa la economía familiar y el bienestar de la población acarrea el descontento, la incomodidad, la insatisfacción e incluso, la percepción –para algunos– de que mantener un Gobierno socialista implicaría la persistencia o el recrudecimiento de las sanciones.
Podríamos decir que la campaña electoral de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fue la escalada de sanciones y amenazas que precedió al sufragio. Pero la disputa, en los comicios y tras ellos, no ha sido entre esa dupla y Nicolás Maduro, sino entre Estados Unidos y lo que representa el chavismo para Washington.
Casualidad en torno a uno de los países más ricos del mundo
En la sabiduría popular, una de las certezas más veraces, sin duda, es la que reza que no existen las casualidades. Tanto es así, que no pudiésemos decir que la insistencia perenne de Washington de atacar al Gobierno bolivariano es solo producto de la soberbia de querer tomar el poder.
De acuerdo con información de WikiLeaks, entre de los documentos revelados por esa plataforma a lo largo de los años, el nombre de Venezuela es mencionado en más de 170 000 ocasiones.
¿Dónde? En archivos que ilustran cómo EE. UU. y Europa han tratado de derrocar –por mucho tiempo y sin éxito– a los gobiernos legítimamente instituidos, sobre todo mediante injerencia extranjera, con financiamiento de unas 300 ONG.
¿Por qué? Pues, desde que Hugo Chávez Frías fue electo Presidente, y luego con Nicolás Maduro al frente, el Estado puso a disposición del pueblo los bienes comunes, perfectamente evidenciado mediante las Siete Transformaciones.
Con este programa se trabaja en la potenciación en los ámbitos de la economía; la independencia plena; la paz, seguridad social y territorial; lo social; la política; la ecología, y la inserción y el liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial.
El pasado jueves, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que la banca privada sumará financiamientos destinados a emprendedores, así como la creación de un sistema bancario de protección del riesgo crediticio.
Además, según informó el Banco Central de Venezuela, el PIB aumentó en 8,78 % en el segundo trimestre del año, con lo cual el país suma 13 trimestres de crecimiento económico sostenido, a pesar de las más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense.
Por otra parte, la Venezuela bolivariana se encamina a fortalecer vínculos con actores emergentes de la nueva configuración multipolar, como garantía del desarrollo colectivo y nacional. En ese sentido, resalta el interés mostrado por integrarse a los Brics, asestando así un golpe a las transnacionales hegemónicas.
Volviendo a las cifras: Venezuela tiene una posición geoestratégica, pues es un punto crucial para las rutas marítimas y aéreas que conectan a América del Norte y del Sur, Europa y el Caribe.
Asimismo, cuenta con grandes yacimientos de coaltán, el denominado «oro azul», altamente demandado en la industria tecnológica. Está declarada como la mayor reserva de oro del continente y posee más de 40 tipos de minerales y piedras preciosas, y en ella coexisten numerosos ecosistemas y biodemas. Además, controla la mayor reserva de petróleo del mundo y se encuentra entre las primeras de gas natural, hierro y diamantes.
Y, ¿cuál es el principal consumidor de petróleo a nivel mundial? Estados Unidos, con aproximadamente unos 19 000 000 de barriles por día. Entonces, ¿casualidad o perspicacia la de los amigos imperialistas en su afán de asirse con uno de los territorios más ricos? (Laura Merecedes Giráldez, enviada especial)