Ante la presentación del informe Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Encinas expresó ayer reservas sobre sus conclusiones y defendió las condiciones en que trabajan esos profesionales en México.
Según la edición digital del periódico, el representante aseguró que la cooperación con la isla responde a una política soberana y solidaria.
“Se trata de un acuerdo de cooperación legítima y necesaria que rescata lo mejor de las tradiciones de los pueblos”, dijo Encinas, quien subrayó que los supuestos hallazgos del informe no pueden generalizarse “al analizar sólo 71 casos de miles que existen”.
Resaltó que en México han laborado más de dos mil 500 profesionales de la salud de la mayor de las Antillas y defendió el convenio para atender el déficit de especialistas, particularmente en comunidades remotas y de alta marginación.
Subrayó que en esta nación norteamericana el personal médico internacional cuenta con condiciones laborales equiparables a las de los nacionales, rechazó que existan restricciones a su libertad, y enfatizó que la contratación de galenos extranjeros no desplaza a personal nacional.
“Cada plaza cubierta por un médico internacional estuvo precedida de al menos tres convocatorias públicas sin respuesta”, puntualizó.
De acuerdo con datos difundidos el mes pasado por el mismo medio de comunicación, la labor en México de la brigada médica del país antillano permitió salvar la vida de más de 700 mil pacientes, sobre todo de las zonas más vulnerables.
También en marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de muy bueno el acuerdo bilateral para que galenos de Cuba presten servicios.
“Tenemos un muy buen acuerdo que, además, nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, aseveró en respuesta a una pregunta en torno a la presión de Washington contra países latinoamericanos para que desistan de la cooperación médica de la isla.
En varias ocasiones, la jefa del Ejecutivo ha manifestado, asimismo, el rechazo al cerco impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas desde hace más de seis décadas, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.
La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño. (lam/las)