Esto era sabido desde un principio: al topar los precios de productos agropecuarios para vendedores particulares, en cuestión de días emergerían las trampas para burlar la ordenanza.
Algunas, bastante comunes: el cuentapropista oculta el listado de precios o usa la cartilla solo como fachada para después cobrar a su antojo; o «desaparece » por un tiempo de su espacio habitual en un mercado de oferta y demanda (MOD), como han hecho los vendedores de carne de cerdo de algunas localidades de Remedios. Si los consumidores las denuncian y los inspectores hacen bien su trabajo, son fáciles de detectar y multar.
Pero el truco más ingenioso radica en la disminución de las medidas por las que se expenden las mercancías.Si en algún momento el «pote » en el que se venden los ajíes o los limones fue un recipiente de helados Nestlé, ahora la vasija tiene la mitad de la altura, y los mazos de cebollas o acelgas también han mermado considerablemente.
Pero el problema no está solo en la explotación del cliente por parte del vendedor. Desde que se divulgó el listado de alimentos con precios topados, las propias autoridades villaclareñas dieron margen al robo.
Según la Oficina Nacional de Metrología, los productos agrícolas se deben vender por su peso o su volumen (en el caso de los líquidos), y no por unidades. Sin embargo, en Cuba se ha tergiversado la norma, y el ajo, las habichuelas, el ají, el rábano, etc., tradicionalmente se comercializan por unidades, mazos, potes…Y como si lo «popularizado » fuera sinónimo de «correcto », se patentizó la transgresión cuando en octubre pasado, en el listado de productos agropecuarios con precios topados, se fijó a 75 pesos la «pata » de ajo, o a tres pesos el «mazo » de acelga, o a cinco el «pote » de limón.
Si formalizan algo que erróneamente se instauró entre estas figuras del cuentapropismo, ¿con qué base legal podría el cliente exigir al vendedor una medida racional, reclamarle por la reducción arbitraria en las cantidades de mercancías?
Ante el comprador que, indignado, entrega los tres pesos por unas 15 cajetas de habichuelas atadas con un cordoncito, o cinco pesos por ocho ajíes cachucha superpuestos en un envase aplastado, vale la pena preguntarse si es realmente efectiva la medida del tope de precios en Villa Clara en algunos productos.
El cuentapropista, en última instancia, se esconde tras su hábito de lucrar a costa del salario de los demás, o vocifera una de esas medias verdades que han calado en la opinión pública, como hizo cierta vendedora ambulante en Zulueta, el pasado domingo: «Si todo el mundo roba, ¿por qué nosotros no? »
Controlar las trampas del «carretillero » se hace un poco más complejo para los cuerpos de inspección: casi nunca tienen un lugar fijo para sus violaciones. Pero en los mercados de oferta y demanda, donde supuestamente existe un administrador, cabe preguntarse qué ha hecho este ante la disminución de las «unidades de medida » de los vendedores, o la «desaparición » de algunos de ellos.
Pueden faltar varios meses para que la agricultura provincial experimente la tan necesitada recuperación y Acopio regule correctamente la distribución y comercialización de los productos agropecuarios, de modo que establezca alguna competencia con los vendedores de puntos de venta, MOD y carretilleros. En lo que ello sucede, habrá que denunciar más las trampas, incluidas las de algunos inspectores que se prestan al engaño a cambio de llenar su maletín.
La Dirección Integral de Supervisión en Villa Clara impuso entre octubre y noviembre 126 multas a vendedores de productos agropecuarios, santaclareños en su mayoría. Las acciones podrían parecer insuficientes si tenemos en cuenta que, solo como vendedores ambulantes, la provincia registra más de 1000 licencias. Y aunque estas no son las únicas figuras del cuentapropismo que debe chequear la DIS, sí podría enfocarse más en ellas, dada la difícil situación que atraviesa la provincia con la alimentación, después del huracán Irma.
Pero poco valdrían los esfuerzos estatales o el accionar popular si el árbol nace con el tronco torcido. Y ese resulta el asunto pendiente de este momento, ante las trampas que han tejido muchos cuentapropistas con el reconocimiento de las autoridades alrededor de los pesos y precios de productos como el ajo, la cebolla, el ají, el limón y el maíz tierno.
Las ferias dominicales podrían resultar la opción más viable para esquivar las estafas de los vendedores particulares. Mas, lamentablemente, no llegan a toda Villa Clara. Existe otra geografía fuera de las cabeceras municipales donde, frente al escaso surtido de los mercados estatales, hay que ceder a los “mazos†de cinco famélicas cebollas por cinco pesos, o los mermados «potes » con ajíes. Allí la trampa todavía tiene más fuerza que la voluntad estatal.