Para Cuba, la tolerancia cero ante la violencia basada en género —como ante otros flagelos— no resulta una política de última hora, ni una decisión adoptada solo para estar a tono con el mundo, sino que constituye una voluntad histórica.
La no discriminación de las mujeres, la participación en la vida económica, política y social, y el reconocimiento de sus derechos se convirtieron en una realidad posible a partir de 1959, y se consolidaron con la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el 23 de agosto de 1960, bajo el liderazgo de Vilma Espín Guillois.
La igualdad de género, el empoderamiento femenino y el enfrentamiento a la violencia, en cualquiera de sus ámbitos y manifestaciones, adquieren máxima relevancia en el país, e involucran responsabilidad y sensibilidad institucional, individual y social.
Al amparo de la Constitución de la República de 2019, las garantías se expanden en la actualización y aprobación de nuevas normas en materia administrativa, familiar, civil, laboral y penal, que abordan el asunto de manera transversal. Asimismo, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) guía el quehacer del Estado cubano para afianzar los principios de igualdad de oportunidades, justicia social y plena participación, en consonancia con los acuerdos internacionales contraídos, la Estrategia y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
En Villa Clara, la FMC enfrenta nuevos desafíos por cada conquista, como exige una sociedad cambiante, heterogénea y diversa. La Casa de Orientación a las Mujeres y las Familias asume el protagonismo en tareas que incluyen la atención individual, el trabajo con grupos sociales a los cuales se brinda atención priorizada, cursos de adiestramiento para facilitar la incorporación al empleo y extensión comunitaria de las labores preventivas y educativas.
Uno de los encargos más sensibles y esperanzadores de la institución resulta la consejería sobre violencia basada en género, bajo la premisa de que mientras una persona la sufra, quedará muchísimo trabajo para prevenir, enfrentar y visibilizar este problema, proteger a las víctimas y ofrecerles herramientas para superar la situación, en muchas ocasiones traumática, con implicaciones de salud, sociales y de derechos.
Desde Santa Clara, el espacio que sesiona los jueves, en semanas alternas, reúne un equipo multidisciplinario de especialistas, para ofrecer una atención integral al problema, desde el apoyo psicológico, la asesoría jurídica y la identificación de capacidades y fortalezas propias para salir del círculo de agresión y abuso.
Aun sin un protocolo que asegure una actuación homogénea ante tales casos en todo el país, reconforta la creación de nuevos espacios a la medida de cada persona que reclama ayuda, libres de juicios, críticas o reprimendas, donde priman seguridad, confidencialidad, empatía, confianza, tolerancia, respeto a la dignidad y la autodeterminación. Ambientes que reconfortan desde el punto de vista emocional, ofrecen información especializada y aprendizajes para evitar o lidiar con situaciones violentas en el futuro, y refuerzan la autoestima de las sobrevivientes en un momento de máxima vulnerabilidad.
Sin regodearnos en los avances, quedan muchos retos pendientes en cuanto a capacitación de los actores responsables de atender, con celeridad y rigor, casos de violencia desde posiciones institucionales, y la educación de toda la sociedad para el desmontaje de estereotipos y esquemas culturales arraigados que limitan la comprensión de un mal muchas veces silencioso, normalizado, entendido como un asunto exclusivo entre el agresor y la víctima, que desgarra desde dentro y reclama la sensibilidad humana, independientemente de la distancia desde donde se mire.
Envío por correo la ilustración de Martirena.