Con el bolsillo apretado

La resolución 149 del Ministerio de Salud Pública establece como novedad que por primera vez se ponen a la venta de los necesitados un total de 22 implementos.

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Osmaira González Consuegra
Osmaira González Consuegra
@oglezc
1953
10 Marzo 2017
(Ilustración: Alfredo Martirena).

Existen resoluciones ministeriales que no siempre son comprendidas. Así­ sucede con la 149 del Ministerio de Salud Pública puesta en vigor desde el 1 º de Septiembre de 2016, emitida con el fin de aprobar el procedimiento para arrendamiento o venta de ayudas técnicas en farmacias.

Como novedad, dicha resolución establece que por primera vez se ponen a la venta de los necesitados un total de 22 implementos, con destaque para tres modalidades de sillones de ruedas: con elevapiernas, para cuadripléjicos y de 42 cm. Pero el meollo de la cuestión radica en los precios. Los últimos y más demandados se comercializan a 406.00 CUP. Los restantes cuestan 413.00 CUP y 504.00 CUP, respectivamente.

Si se tiene en cuenta que el envejecimiento poblacional en Cuba va en ascenso Villa Clara con elevado í­ndice, vale reflexionar sobre lo contraproducente de la normativa que, lejos de aliviar, aprieta el bolsillo de las familias urgidas de este tipo de ayuda.

Cierto que la compra no es la única ví­a, también existe el arrendamiento. Pero ocurre que la tarifa para este proceder aumentó al triple o más de los precios anteriores.  

Las quejas de la población son asiduas, según refiere Yipsy Villegas Leiva, quien dí­a a dí­a tiene que realizar los contratos en la farmacia de Luis Estévez y Julio Jover, en Santa Clara.

«Imagí­nese que el alquiler de una cama Fowler subió de seis pesos mensuales a 25; el de sillón de ruedas de cinco pesos a 15 cada mes. Existen enfermos encamados que necesitan hasta tres equipos si se le añade la silla sanitaria. Los familiares se quejan con razón, porque se trata de personas cuya chequera mensual no supera los 200 pesos. ¿Cuánto les puede quedar para garantizar la alimentación y los medicamentos? »

En busca de una respuesta certera al asunto, indagamos con la doctora Mirtha Rosa Hernández González, al frente de la sección del Adulto Mayor, Asistencia Social y Discapacidad, de la dirección provincial de Salud Pública, quien refirió que se trata de una medida que persigue hacerle llegar la ayuda técnica a quien en verdad lo necesita.

En este sentido reconoció la norma no aporta mucho de novedoso, pues se trata equipos que nadie adquiere por placer sino, por la necesidad de tenerlos a su disposición para solucionar un problema de salud.      

«Aquellas personas que por su solvencia económica no puedan arrendar una de estas ayudas, podrán recibirla a través de la seguridad social », aseguró.

Dicho así­ resulta loable, pero en la práctica la idea se convierte en una quimera, pues de acuerdo con los datos ofrecidos por Yipsy, de los seis policlí­nicos que se atienden en la farmacia de Luis Estévez y Julio Jover, solo dos enfermos se benefician por la Seguridad Social. El centenar de personas restante tiene que acudir a sus propios recursos financieros para arrendar un sillón de ruedas. Por cierto, en el momento de la entrevista, el pasado lunes, solo existí­a para la venta la silla sanitaria y la silla para baño, no así­ los demandados sillones de ruedas, cuya calidad tampoco es muy buena.

«Sabemos que la demanda siempre va a estar por encima de la oferta », apuntó la doctora Hernández González, quien agregó que la intención de la resolución es tener mayor control de los recursos.

Durante la visita a la farmacia coincidí­ con una compañera que prefirió no revelar su nombre, pero sí­ nos dio testimonio. La mujer habí­a permanecido cuatro años a la espera de un colchón antiescara para su mamá. ¡Por fin la trabajadora social le avisó que podí­a alquilarlo! Con gusto abonó los 15 pesos mensuales del alquiler. Se fue feliz. Habí­a alcanzado uno de los 13 colchones asignados a esta farmacia.

Sí­. Existen resoluciones que no siempre son comprendidas. La que ahora nos ocupa es muy delicada, por tratarse de la atención al adulto mayor y al discapacitado. Sobre todo, porque no se ajusta al salario promedio del cubano. Una revisión pudiera ser prudente y oportuna.

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