Muchas revoluciones se han gestado dentro de la Revolución cubana. Una de las más trascendentes comenzó el 17 de mayo de 1959, con la Primera Ley de Reforma Agraria. Si la medida no hubiera sido uno de los mayores aciertos de Fidel durante la recién iniciada transformación nacional, no habría despertado tanta molestia en la burguesía latifundista cubana, sus defensores internos y el gobierno de Estados Unidos que, mientras contaba los días para retomar su posesión neocolonial en la isla, inició un hostigamiento sin cese previsible.
Desde el punto de vista político, la medida destruyó el latifundio y, con ello, el poderío de una minoría de terratenientes asentado sobre la falta de libertad y justicia para los trabajadores agrícolas. En un sentido social, el campesinado cubano vio desmoronarse desigualdades históricas, y se volvió beneficiario y partícipe del progreso y la civilización negados durante siglos.
Económicamente, el cambio implicó la renuncia a la concentración de la riqueza en pocas manos y la promoción de su distribución equitativa. Los campesinos superaron la economía de autoconsumo para incorporarse al mercado y comenzó el proceso de reestructuración de la producción agropecuaria.
De la prioridad que merece el sector para la estrategia de desarrollo nacional, hablan sus propios aportes y potencialidades en la producción de alimentos y de materias primas para la industria, la sustitución de importaciones de alimentos y reducción de la dependencia externa —imprescindibles en una nación que destina a ello más de 2000 millones de dólares al año—, los encadenamientos productivos con otros sectores, la captación de ingresos a partir de las exportaciones, la generación de energía mediante fuentes renovables y la ocupación de una parte significativa de la población económicamente activa.
Según el último anuario de la Oficina Nacional de Estadística e Información, de 6 300 200 hectáreas que conforman la superficie agrícola del país, en el año 2017, el Estado administraba el 32 %. Estaban cultivadas 2 765 200 ha y 917 300 permanecían ociosas. En la misma fecha, Villa Clara registraba un 48 % sembrado de las 585 800 ha aptas para la actividad agrícola en la provincia, y el 9 % se encontraba ociosa.
Como promedio, el 88 % de la producción de viandas, tubérculos y raíces, plátano, hortalizas, arroz, frijoles, cítricos y otras frutas recae sobre el sector no estatal, conformado por las diferentes formas de asociación cooperativa —UBPC, CPA y CCS— y productores privados.
Estos, entre muchos datos dignos de análisis, reflejan la necesidad de que sigan soplando los aires de reforma.
Garantizar fuentes de financiamiento para recapitalizar y modernizar el sector agropecuario, incrementar las tierras en explotación y los rendimientos, mecanizar procesos, cerrar ciclos productivos y desarrollar la agroindustria; perfeccionar la comercialización, desburocratizar trámites, descentralizar acciones, fortalecer el control, integrar de manera armónica todas las formas de gestión, para alcanzar sostenibilidad y eficiencia económica; combinar la sapiencia práctica con los más novedosos aportes de la ciencia y la innovación, aplicar las normas jurídicas de manera oportuna, maximizar la autonomía y la seguridad financiera de los productores, conjugar los intereses empresariales, de los consumidores y las demandas sociales, y estimular la permanencia de la fuerza laboral en el campo, constituyen algunos de los derroteros del cambio.