Tras el descanso estival, regresamos a la esquina de la página 8 de la edición impresa de Vanguardia y a los bajos de su diario digital, para mirar por dentro la economía cubana y echar algún vistazo sobre la internacional. Aunque el modo verano quedó oficialmente desactivado hace un par de semanas, dedicamos el reinicio a un asunto cada día más caliente: los precios.
Si persisten el divorcio entre la oferta y la demanda, la tendencia importadora, la vulnerabilidad ante factores externos, la falta de recursos para garantizar producciones de factura nacional, los desequilibrios macroeconómicos que se cuelan, a través de la ficha de costo, hasta el importe final, y las dilatadas cadenas de intermediarios, no lograremos una relación racional y coherente entre ingresos y gastos, porque lo único que se desinfla es el bolsillo individual.
Sin embargo, mientras desperezamos ideas y acciones, no podemos renunciar al control, premisa que guía el trabajo de la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS) en Villa Clara.
Según Yadira Morales Estévez, al frente de la entidad fiscalizadora, las principales violaciones detectadas en la provincia consisten en desinformación, engaño al consumidor, alteración de precios —en muchas ocasiones, abusivos y especulativos—, afectaciones a las entidades, no existencia de un listado oficial de tarifas, mala aplicación de las normas técnicas, mercancías ocultas y actos de favoritismo e incumplimiento de medidas impuestas ante casos de infracción.
El espectro de actores o establecimientos en los cuales han sido comprobados los incumplimientos de la política de precios y tarifas incluye mercados de oferta y demanda, puntos de venta de productos del agro, unidades gastronómicas, bodegas, casillas, panaderías, tiendas de las cadenas TRD y Cimex, instalaciones del Turismo, trabajadores por cuenta propia dedicados a los servicios gastronómicos, transportistas, centros de educación, comedores del Sistema de Atención a las Familias (SAF), hogares de ancianos y puntos de elaboración de la merienda escolar.
Las multas aplicadas, al amparo del decreto 30/2021, fueron 1135 en agosto y sumaron 9110 en los primeros ocho meses del año; aunque, no conforme con el valor simbólico que representan en comparación con las ganancias de muchos infractores, y la elevada cifra pendiente por cobrar, la población exige sanciones accesorias.
Entre estas, Morales Estévez señala las solicitudes de aplicación de medidas administrativas a la entidad responsable y de cancelación de proyectos de trabajo. Asimismo, el pasado mes se realizaron 16 decomisos de productos que fueron destinados a centros priorizados, como círculos infantiles y comedores del SAF, y tuvieron lugar 360 ventas forzosas.
Con una plantilla deficiente, como en muchas otras entidades estatales, la DIS no puede situar un inspector en cada esquina, para detectar todas las contravenciones o evitar la recurrencia; pero su directora apuesta por la actuación directa en cada consejo popular, en contacto con los delegados de circunscripción, con un registro de la labor realizada, las deficiencias a corregir y la identificación de las personas o lugares reincidentes en violaciones graves.