Llevar el transporte a la senda correcta

Al sector de los transportistas privados de Villa Clara ha llegado el enfrentamiento a las ilegalidades, con un grupo de trabajo que se dedicará a hacer cumplir lo que está establecido desde la puesta en vigor de cada decreto ley y acuerdo relacionado con esta actividad, y que no se controlaba de la forma correcta.

Esta iniciativa velará por que se cumplan los cambios establecidos en los últimos meses con respecto a la Licencia Operativa del Transporte (LOT), la implementación de nuevos mecanismos para la compra de combustible y el tope de precios de los tramos y rutas de la provincia de Villa Clara.

Según Odeimy González Mar ­tí­nez, coordinador de programas y objetivos del Consejo de la Admi ­nistración Municipal (CAM) en Santa Clara, «con los grupos de en ­frentamiento a las ilegalidades del transporte se viene trabajando desde hace dos semanas. Se co ­menzó con los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), así­ como con los del CAM. Además, se ubicaron diez grupos multidisciplinarios en las piqueras que han presentado mayor cantidad de incidencias en Santa Clara ».

Al tiempo que se pone en práctica esta estrategia, todos los organismos e instituciones relacionados con el tema pactaron encuentros durante la pasada semana con los porteadores privados, para esclarecer las medidas que se tomarán y la forma de actuación de estos grupos de enfrentamiento en el municipio. A su vez, cada intercambio sirvió para que los trabajadores por cuenta propia de este sector aclararan dudas de diversa í­ndole sobre la actividad que ejercen.

González Martí­nez destacó en dichos encuentros que «ha quedado claro que estos mecanismos buscan resolver problemas, y posteriormente quedarán estabilizados. No se trata de un enfrentamiento a corto plazo ». Sobre el objetivo de los intercambios, el primer teniente Daniel Pérez Cepero, primer oficial de Tránsito en la provincia, agregó: «Lo que se quiere es que exista una disciplina en la ví­a para no tener que aplicar ninguna medida de las que se ha comentado en las reuniones ».

La fiscal municipal Ismaray López Vega, que participó en varios de los encuentros con los trabajadores del sector, aclaró que las personas que brinden servicios sin poseer LOT cometen un delito de actividad económica ilí­cita, por el cual se les juzgará.

«Esto está previsto y sancionado en el artí­culo 228 de nuestro Código Penal, donde aclara: el que con ánimo de lucro, realice cualquiera de las actividades de producción, transformación o venta de mercancí­as o prestación de servicios de las autorizadas legalmente, sin poseer la licencia correspondiente o realice alguna actividad de esa naturaleza no autorizada, en forma expresa por disposición legal o reglamentaria, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas », señaló.

«La otra variante de la que hablamos es la adulteración de precios legalmente establecidos por parte de una persona que tiene su patente. Aquí­ ocurre otro delito tipificado en el Código Penal: infracción de las normas de protección al consumidor. Esta falta tiene una sanción de seis meses a dos años de privación de libertad, y será así­ para quien cobre mercancí­as por encima del precio o tarifa aprobada por la autoridad o el organismo competente o del precio pactado por las partes », añadió la fiscal.

Además, se encuentran las sanciones accesorias que establece el Código Penal como el comiso de los bienes y la confiscación. A esto se suma, según Alain Pérez Catena, subdirector de la Unidad Estatal de Tráfico en Villa Clara, el cambio del Decreto Ley 261 al 357 de 2018, y posteriormente al 386 de 2019 referente a las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia. «En él, la cuantí­a mí­nima que se impone es de 1000 pesos, y existen otras de 2000 y 4500 pesos ».

En el intercambio con los transportistas se esclareció que estas no serán las primeras ví­as que se utilicen cuando se detecte algún problema. Según la fiscal Ismaray López Vega: «Se realizará un trabajo profiláctico y de contravenciones, y luego se recurrirá al derecho penal, de última instancia ».    

Inquietudes resueltas  

Los intercambios con los transportistas trajeron consigo una serie de inquietudes relacionadas con su actividad. En las intervenciones se aclaró que son los ayudantes quienes más incurren en faltas. Sin embargo, el titular tiene la responsabilidad sobre su vehí­culo, por lo que debe tomar las precauciones necesarias.

Con respecto a la situación de los medios de tracción animal, González Martí­nez destacó que «no existirá incremento de carretones de caballo dentro de la ciudad de Santa Clara. La ví­a para adquirir un caballo será presentando el certificado que demuestre la imposibilidad, robo o muerte del animal ».

Sobre la posición de los transportistas en la terminal de ómnibus nacionales existió, también, un fuerte debate. Según Pérez Cepero: «En ocasiones, incluso, se ponen a recoger pasaje dentro de la terminal ». Mientras, los conductores exigieron la modificación de su posición, la necesidad de mejorar la señalización de la piquera y no permitir el parqueo a los ilegales.

«En ocasiones, los transportistas no intervienen con respecto a quien no paga patente, por amistad o una falsa solidaridad; sin embargo, hay que pensar que ellos están afectando su trabajo, interfieren en los pasajes que, en definitiva, son su sustento », agregó Pérez Cepero.

Del caso especí­fico de la piquera de la terminal de ómnibus nacionales surgió la duda con respecto a la figura del gestor de pasajes (buquenque), quien en muchas ocasiones es el causante del sobreprecio del servicio. Odeimy González Martí­nez dijo que «este planteamiento fue manejado por el viceministro de Transporte, Roberto Ricardo Marrero, en su visita a la provincia, y ya se buscan respuestas para ello, que se darán a conocer próximamente ».

Otra de las preocupaciones reiteradas en varias reuniones fue el tiempo de los trámites para la reinscripción de la LOT y la necesidad, por parte de los porteadores privados, de agilizar un proceso que los obliga, mientras tanto, a brindar servicios de manera ilegal.

«Que las personas estén en trámites no las autoriza a dar servicio aclaró Pérez Catena. Lo que ocurrió fue que se dio a 878 medios automotores un mes para renovar; pero el banco demora diez dí­as en el proceso y FINCIMEX, 15. Es decir, nos dimos cuenta de que habí­a poco tiempo. Por esto, no se realizaron trámites a los que estaban suspendidos y cancelados. Esperamos renovar a todos con el servicio regular para comenzar a realizar los demás procedimientos. Ya en marzo empezamos a incorporar a las personas que presentaban esta situación ».    

Otro de los tópicos manejados por el viceministro, Roberto Ricardo Marrero, en su visita a la provincia, y que también se convirtió en una inquietud de los porteadores privados fue el derecho a realizar la reclamación de una multa a otra entidad que no sea la misma que aplicó la sanción, como hasta ahora.

La fiscal López Vega destacó que «a finales del año pasado el Tribunal Supremo Popular dictó la Instrucción 245 para dar cumplimiento a un artí­culo de nuestra Constitución. Esta instrucción dice que toda persona que considere que tiene un derecho vulnerado y que por la ví­a administrativa no tuvo solución, puede nombrar abogado y promover proceso para dar solución a la problemática que lo está aquejando », alternativa que otorga una nueva posibilidad a estos trabajadores.

En general, para González Martí­nez «las reuniones han sido muy fructí­feras, porque además de la exposición de los objetivos del nuevo programa, recibimos una retroalimentación a partir de las inquietudes de los transportistas, y en la medida de lo posible, intentamos aclarar sus dudas ».

Hasta el momento, los primeros pasos con respecto al enfrentamiento a las ilegalidades han contado con el apoyo de los trabajadores del sector. La implementación de un mecanismo que siempre debió existir pudiera estabilizar la situación del transporte privado en la provincia, tan necesario para la población.