Manuel ílvarez Torres, primer teniente y superior de la instalación, declaró a Vanguardia que se aplica el Decreto 31 por violación de normas sanitarias, que abarca desde 1000 a 3000 pesos, y se otorgan permisos para entrar o salir de la provincia solo a aquellos vehículos que tengan autorizo gubernamental, estén vinculados directamente a la economía o al transporte médico del país, y los casos especiales como hemodiálisis.
Añadió que laboran diariamente cinco trabajadores: un representante del Gobierno, un inspector estatal, los dos oficiales de turno y el superior, cada uno con una función determinada.
Según Armindo Ramonet León, primer suboficial, debido a la declaración de fase de transmisión comunitaria en el país se impone, a partir del primero de julio, el cierre total, y se retorna al punto de origen a todo tipo de transporte que no presente los documentos que se establecen en la resolución dictada por el Grupo Temporal; además, se verifica la cantidad de personal que puede llevar el vehículo en cuestión.
El cumplimiento de las medidas sanitarias destacó Adonis Santos Ruíz, inspector estatal‒ es primordial: lavarse las manos antes y después de pedir los documentos, el distanciamiento físico y el uso correcto del nasobuco.
En ocasiones se presentan indisciplinas por parte de los conductores; en estos casos se pone al implicado bajo arresto y se traslada hacia el puesto de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Cascajal, señaló Roberto Pereira Martínez, representante del Gobierno.
El punto de control de Cascajal, enmarcado en los límites de las provincias de Matanzas y Villa Clara, contribuye a frenar la propagación de la COVID-19 y a garantizar la seguridad epidemiológica en la provincia y la nación.