La capacidad de adaptación a diversas situaciones adversas con respuestas apropiadas ante un mundo complejo se conoce como resiliencia, máxime en un universo lleno de contradicciones como el que aparece en los mapas actuales.
Esta se extiende a las distintas esferas de la vida, entre ellas, la agricultura, que está sometida a desafíos considerables. De ahí, el proyecto PRO-ACT, como una de las alternativas dirigidas al fortalecimiento comunitario para la seguridad alimentaria y nutricional.
Los municipios costeros de Corralillo, Quemado de Gí¼ines, Sagua la Grande, Encrucijada, Camajuaní, Remedios y Caibarién forman parte de la referida experiencia destinada a incentivar la producción de hortalizas y vegetales para círculos infantiles, escuelas primarias y redes de protección social.
La selección no ocurrió al azar. Se tuvieron en cuenta las afectaciones derivadas de la sequía, así como las secuelas originadas por otros fenómenos meteorológicos, sumados a las amenazas por el ascenso continuo del nivel del mar, las afectaciones que provoca a los suelos y el incremento de la salinidad.
La inclusión de los productores, organopónicos y cooperativas que integran el proyecto correspondió al Ministerio de la Agricultura, a partir de los vínculos con los planteles educacionales y la aplicación de la ciencia dirigida al logro de resultados.
«La modalidad les permite a los productores conocer sus vulnerabilidades, a la vez que impone la actualización de los planes de riesgo y desastres encaminados a una mayor preparación », sustenta la máster Anna Leydi Escobar Pino, quien atiende la reducción de riesgo para sistemas alimentarios como parte del grupo que estudia los peligros, vulnerabilidades y riesgos (PVR) en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
Una experiencia aplicada en Villa Clara desde finales de 2018, aunque la fase aguda de la pandemia detuvo su desarrollo, y ahora se retoman objetivos con miras a generalizarla, en un futuro, al resto de las formas productivas.
Se considera que PRO-ACT constituye una prioridad en las regiones insulares, por lo que la gestión de riesgos de desastres y su prevención resulta fundamental para crear mecanismos de respuesta junto a la planificación del desarrollo local y de políticas públicas.
Está contemplado, entre sus objetivos, el fortalecimiento del sistema de alerta y acciones tempranas de los comportamientos agro e hidrometeorológicos de la sequía, a fin de propiciar información específica para productores agropecuarios y otros actores relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. Por ello se incluye la adquisición de nuevo equipamiento e instrumental técnico que fortalezca las potencialidades de las estaciones en busca de la precisión en los datos obtenidos.
PRO-ACT dispone de fondos de la Unión Europea (UE) e involucra al Ministerio de la Agricultura, al Programa Mundial de Alimentos (PMA), a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (Inifat), y a las delegaciones provinciales del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma), de Salud y Educación.