Casos y cosas de casa (II): Ruta crítica hacia el «dulce hogar»

La proyección de construir unas 46 000 viviendas y rehabilitar otras 33 000 para mejorar el estado del fondo habitacional en Villa Clara, las escaseces que limitan la producción local de materiales al 45 % de la capacidad real y la insuficiente aplicación de los resultados de la ciencia y la innovación por parte de las industrias nacionales para contribuir a satisfacer la demanda de productos como el cemento, tan deficitario y con un proceso de producción altamente contaminante, resultan algunas de las indagaciones realizadas en el reportaje «Casos y cosas de casa (I): A pie de obra», el primero que dedicó Vanguardia a la vivienda y el hábitat en la provincia.

Ahora, dirigimos la mirada a las personas, instituciones, normas jurídicas, historias, distorsiones y expectativas detrás de cada obra, en un intento por descubrir y allanar el camino hacia la garantía de un hogar digno, y un hábitat adecuado y saludable, uno de los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución de la República.

Entre los primeros problemas de los que se ocupó el gobierno revolucionario, a partir de 1959, sobresale la vivienda. Las medidas aplicadas desde los primeros años otorgaron a numerosas familias la propiedad del espacio por el cual pagaban altísimos alquileres, impulsaron la construcción de inmuebles para poner un techo sobre quienes no tenían y mejoraron las condiciones de vida de los cubanos. Sin embargo, más de seis décadas después, sigue siendo una demanda no satisfecha, reflejo de desigualdades persistentes en la sociedad y ruta de cuánto falta por hacer para consolidar la justicia social.

La esencia humanista de los subsidios

Una de las garantías puestas a disposición de la población con más bajos ingresos para solucionar problemas habitacionales consiste en el subsidio, que se ha ido actualizando según las particularidades de cada etapa.

Sin perder la esencia humanista, la política dio un giro en el 2012, con medidas orientadas a subsidiar a personas y no materiales, como se hacía hasta el momento en el ámbito inmobiliario, para eliminar subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Así lo plantean las investigadoras Noris Tamayo Pineda y Marvelis Velázquez Reyes en el artículo «El subsidio en Cuba. Una política pública para la construcción y reparación de viviendas».

La decisión quedó plasmada en los «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución» aprobados en el VI Congreso del Partido y ratificada en otros documentos programáticos.

Sucesivas modificaciones han dado lugar al Acuerdo 9072 de 2021, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que regula hoy el otorgamiento de subsidios a personas naturales, interesadas en realizar acciones de construcción, ampliación, conservación y rehabilitación en sus viviendas, por esfuerzo propio.

El financiamiento, con cargo al Presupuesto del Estado, va dirigido a pagar los materiales de la construcción, su transportación desde los puntos de venta hasta las viviendas de los beneficiarios, la mano de obra, la documentación técnica (regulaciones urbanas, proyecto, licencia de construcción y certificado de habitable), y el derecho perpetuo de superficie del terreno, si corresponde.

Según la norma jurídica, para optar por un subsidio, la persona debe pertenecer a un núcleo familiar con falta de solvencia económica —protegido o no por la Asistencia Social—, vivir en condiciones habitacionales vulnerables, carecer de una casa o estar necesitada de construir, ampliar o reparar la que habita.

Como el país no cuenta con recursos suficientes para resolver tantas urgencias acumuladas, se impone una selección, que prioriza a familias afectadas por catástrofes naturales cuyo daño haya sido clasificado como pérdida total o parcial, fundamentalmente los casos que están pendientes de concluir la acción constructiva, cuentan con licencia de construcción por esfuerzo propio y se encuentren en avanzado estado de ejecución; casos sociales críticos, sobre todo, los que viven en condiciones habitacionales vulnerables; madres, padres o tutores legales con tres o más hijos menores de 17 años, y personas que necesitan solucionar obstrucciones y fugas hidrosanitarias.

Paso a paso

El Acuerdo 9072/2021 reconoce que, una vez el Consejo de la Administración Municipal (CAM) establece el período para la recepción de peticiones de subsidios, según el presupuesto notificado a cada provincia por el Ministerio de Finanzas y Precios, las personas necesitadas presentan su solicitud en la Dirección Municipal de Vivienda.

Dicha entidad dispone de 30 días hábiles para preparar un expediente, que contiene la solicitud; la evaluación socioeconómica realizada por la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de constatar la insuficiencia de ingresos, y la evaluación técnico-económica, en la cual la propia dirección de Vivienda define el monto necesario de acuerdo con la necesidad constructiva.

Luego, corresponde al CAM decidir, mediante acuerdo, el otorgamiento del subsidio, en un término de hasta 20 días hábiles. En representación de dicha estructura, la Dependencia Interna le notifica al beneficiado el «Acuerdo para el otorgamiento de subsidio», suscribe el contrato y le entrega un cheque por el importe aprobado.

Igor Montera Sánchez, jefe del Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), explicó que cuando el beneficiario se presenta en la sucursal bancaria correspondiente para abrir la cuenta de administración de fondos, la parte del dinero destinada a la compra de materiales se deposita en una tarjeta magnética, con la cual realizará dichas compras. Para pagar la transportación o la mano de obra, de la parte del monto dirigida a tales gastos, solicitará un cheque de gerencia a favor del transportista o el albañil, y corresponde al banco velar por que siempre haya efectuado alguna compra antes.

En cuanto a los materiales de la construcción, Yoel Romero Hernández, director comercial del Grupo Empresarial de Comercio en Villa Clara, refirió que los recursos fundamentales, como cemento, áridos, acero o bloques, deben adquirirse en los patios existentes en cada municipio, donde Los titulares de una célula básica habitacional (CBH), de 25 m², tienen prioridad. Otros productos, como las tuberías, se pueden comprar en cualquier tienda de comercio minorista con la presentación de la tarjeta magnética y el expediente.

También aclaró que resulta fundamental el control de los escasos recursos con que cuenta el país, para aliviar, primero, a los más necesitados. Por ello, la venta de los materiales se realiza en correspondencia con la fase constructiva. No tiene sentido vender acero a quienes ya se encuentran en proceso de terminación, ni muebles sanitarios a quienes apenas empezaron a levantar paredes.

No obstante, este orden tampoco garantiza que los recursos estén disponibles en el momento en que resulten necesarios, y las personas, guiadas por la expectativa de la escasez o la inestabilidad del mercado, tratan de adquirir todo lo posible en la primera oportunidad. Por ejemplo, el cable eléctrico, que tanto abundó hace unos años y se podía comprar sin haber comenzado la obra, hoy escasea tanto que algunas familias ven atrasarse durante meses la posibilidad de vivir en la casa recién terminada, debido a la falta de la debida instalación eléctrica.

Antes de comenzar a construir, la persona debe solicitar, en ese orden, la regulación urbana y el derecho perpetuo de superficie, en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; el proyecto de obra, en la Empresa de Servicios Técnicos Arquitecto de la Comunidad, y la licencia o autorización de construcción, también en la representación municipal del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu). Al terminar la obra, se suscribe el acta de terminación, con la Dependencia Interna del Poder Popular, y se solicita el certificado de habitable al Inotu.

Según Adrián García García, subdirector técnico de la Empresa de Servicios Técnicos Arquitecto de la Comunidad, la entidad cuenta con un plazo de 60 días para elaborar el proyecto de la obra constructiva, una vez contratado el servicio. La tarifa correspondiente a las personas natrales es de 36 pesos por metro cuadrado, más el costo de actividades complementarias realizadas durante la negociación, que ronda los 120 pesos.

La política nacional de la Vivienda comprende, además del subsidio, otras dos vías para la construcción de inmuebles: el plan estatal y el esfuerzo propio.

En cuanto a las incluidas en el plan estatal, Jorge Luis Pírez Llamosa, director municipal de Vivienda en Santa Clara, explicó que se agrupan en tres categorías: las ejecutadas por la Empresa de Mantenimiento Constructivo u otras subordinadas al Ministerio de la Construcción, para aliviar situaciones similares a las prioridades tenidas en cuenta al otorgar un subsidio; las autofinanciadas, asumidas por empresas estatales a partir de las utilidades retenidas después de los impuestos, y otras ejecutadas por organismos y entidades que necesitan garantizar la permanencia de su fuerza de trabajo, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Para quienes emprenden una acción constructiva por esfuerzo propio, la ruta comienza con la solicitud de la documentación correspondiente en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Continúa con la contratación del proyecto, con la empresa Arquitecto de la Comunidad; la compra de los recursos necesarios y la ejecución.

Pírez Llamosa acotó que se incluyen en el plan anual aquellos inmuebles más próximos a su terminación, y serán esos los que tendrán prioridad en los patios de materiales, una vez satisfecha la demanda de las CBH, aunque en el caso de Santa Clara ambos están separados.

En todos los casos desempeña un papel fundamental el técnico de la Vivienda que radica en cada consejo popular, a quien Arturo Daniel Pozo, subdirector general de la Dirección Provincial de Vivienda, no duda en comparar con el médico de la familia, pues debe tener total dominio del fondo habitacional de la comunidad, chequear las ejecuciones, prestar asesoría y controlar el cumplimiento de normas jurídicas y técnicas.

Tropiezos

Lo que se escribe fácil en varios párrafos sobre un reglamento no se parece a las vivencias de las personas que se aventuran a la construcción, conservación o ampliación del espacio que habitan. El recorrido incluye idas y venidas, colas, errores, atrasos, informaciones incorrectas, absurdos burocráticos y todos los etcéteras que aquí no caben.

Bien lo sabe Nidia Domínguez Labrada, quien ha dedicado la última década a mejorar las condiciones de su casa. El subsidio, de 55 000 pesos, no cubrió gastos de transportación ni mano de obra, y cuando se acabó el dinero, tuvo que aferrarse a los ahorros y la paciencia para pagar los materiales que aún necesitaba. Con más de 60 años, sus vecinos la vieron montada en un tractor, entregada a las duras labores de albañilería o perdida en el laberinto del papeleo.

«En diez años no he podido terminar y creo que pasarán 20. Cuesta mucho trabajo (mal)construir, porque al final no puedes hacer lo que quieres. Para meterse en la construcción, tiene que ser una persona que tenga mucho dinero o que “resuelva”; un obrero o un anciano no lo logra», confesó.

Casi tan agotada está Mercy Valderas Muñoz después de realizar tantos trámites a nombre de su hija, para gestionar el subsidio que le otorgaron por ser madre de tres niños y que le permitirá terminar la vivienda que comenzó a construir por esfuerzo propio. La familia vive en tres habitaciones, sobre un piso de áspero de cemento que sustituyó el rocoso, y con un techo prestado.

Hace más de dos años, tiene una tarjeta magnética con 58 000 pesos y el proyecto listo, pero no ha podido entrar al patio de materiales sin la licencia de construcción. Cuando al fin la obtuvo, le contaron sobre una presunta traba con las viviendas que no han sido construidas desde cero mediante un subsidio, aun cuando su casa, podría figurar entre las priorizadas, porque se encuentra en fase de terminación y resultaría un aporte seguro al fondo habitacional.

Respecto a la licencia de construcción, hacer cumplir lo establecido nunca resultaría un problema, si la exigencia fuera igual para todas las personas. Muchas han edificado casas hasta el último detalle sin un documento que avale la legalidad, y otras esperan, en franco estado de vulnerabilidad, por la venia de un papel.

Tanto Arturo Daniel Pozo, subdirector general de Vivienda en Villa Clara, como José Francisco Quintero Machado, director provincial de la Empresa de Servicios Técnicos Arquitecto de la Comunidad, ven como un problema la confluencia de tantas entidades en torno a la construcción de viviendas por personas naturales.

A la dispersión de normas e interpretaciones se suman la falta de control, la deficiente asesoría y una secuencia de plazos que, sin que ningún eslabón atrase la cadena, resultan demasiado extensos o imposibles de afrontar para quien necesita con urgencia un hogar seguro.

«Cuando usted le da un subsidio a una persona, la está convirtiendo en inversionista de su vivienda, y no todas tienen la preparación necesaria para hacerlo. Ha existido de todo: estafa de albañiles, venta de recursos y, sobre todo, violación del proyecto técnico», aseveró Daniel Pozo.

En tal sentido, el Acuerdo 9072/2021 establece que, si las personas beneficiadas con el otorgamiento de un subsidio no lo ejecutan sin causa justificada, el CAM procede a cancelarlo y dispone la devolución del monto gastado al presupuesto del Estado.

Asimismo, los beneficiados están obligados a ingresar al presupuesto del Estado el 100 % del importe subsidiado cuando el propietario venda o trasmita la vivienda en donación en los primeros 15 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento.

Miguel González Otero no ha sufrido en carne propia los desmanes de la burocracia, porque es su padre el titular del subsidio para construir una nueva vivienda, luego de que un fenómeno meteorológico les dejara la casa en tales condiciones que «dan ganas de salir corriendo».

Se estrenó como albañil, pues el padre, jubilado con una pensión por invalidez, luego de perder un pulmón, no podría ocuparse, y la madre, ama de casa, permanece, desde los 16 años, al cuidado de una hermana, con síndrome de Down.

Con los 80 000 pesos —más lo que les ha dado el campo en estos años— lograron comprar un módulo Sandino, pero resultó imposible la cubierta pesada, porque el traslado de las losas requiere una rastra y una grúa, en plena crisis de combustible.

«Nos dieron 21 000 pesos para transportación y mano de obra; pero, si hoy le pagas con eso a un albañil, te quedas a la mitad. El otro día compramos el cemento que nos faltaba y el transporte nos cobró 4000 pesos», comentó.

Lisleidy Mesa Yanes tampoco deja de hacer cuentas. Tras el paso de la tormenta subtropical Alberto, le asignaron un subsidio de 85 000 pesos; sin embargo, entre trámites y falta de materiales, los años pasaron, los precios subieron y la suma se le fue en dos persianas, 500 bloques, el techo, una puerta de entrada, 20 sacos de cemento y el juego de baño.

En un contexto de inflación galopante, escasez de recursos, con una pandemia y un ordenamiento monetario de por medio, los precios de hoy no se parecen a los de hace tres años. Por tanto, es imprescindible incrementar los montos aprobados para costear la obra en las actuales condiciones. Según explicó Antonio Arteaga Águila, viceintendente que atiende Construcción y Vivienda en Santa Clara, el recálculo se realiza cuando la persona, luego de realizar las acciones constructivas correspondientes, llega al límite del financiamiento. A partir del análisis del expediente, se determina qué recursos le faltan para concluir la obra y cuánto dinero más requiere.

«Cuando tú haces lo que está diseñado, tiene que alcanzarte para vivir con un mínimo de condiciones; pero los precios han subido mucho y no me han aumentado un peso mediante el recáculo que debe hacer el CAM. Sin embargo, me he encontrado con personas a las cuales se lo han hecho tres o cuatro veces. La tarea está dura, no solo para mí, eso es general», aseveró Lisleidy Mesa Yanes.

Para quienes construyen por esfuerzo propio, la realidad se torna a veces más retadora. De ello da fe Ihosmani García Castillo, enfrascado en convertir un local estatal en espacio familiar donde convivirá con su esposa y dos niños, a partir de un cambio de uso que le autorizaron. Al no existir condiciones para la venta liberada de materiales de construcción, tiene que hacer frente a los precios «de la calle» y avanzar al ritmo que le permite el bolsillo, depauperado con muchos otros gastos.

A falta de recursos monetarios propios, el Banco Central de Cuba (BCC) ofrece a las personas naturales la posibilidad de acceder al crédito para comprar materiales de construcción o pagar el servicio de mano de obra de acciones constructivas, según lo estipulado en el decreto ley 289, de 2011, y la resolución 99, emitida por el BCC ese mismo año.

El jefe del Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial de Bandec explica que el monto concedido varía según la capacidad de pago y las garantías que presente el solicitante (cuentas de ahorro, automóviles, joyas y prendas, casas de veraneo y fiadores solidarios dispuestos a asumir la deuda).

«Los precios de los materiales subieron, pero los créditos se siguen otorgando con un riesgo que el banco asume. Por ejemplo, si se presenta sólo un fiador, de acuerdo con la capacidad de pago, se puede dar un importe de hasta 15 000 pesos; con dos fiadores llegamos a 30 000, y con tres, a 50 000. De esa suma en adelante se requiere una garantía mayor», detalló.

Para calcular la capacidad de pago explicó que se resta al salario básico de la persona todo descuento que le esté haciendo el banco o la mensualidad correspondiente, si es fiador de alguien más, para otorgar un importe cuya cuota mensual no sobrepase el tercio de este resultado.

A Marta Pérez de Alejo Rodríguez y su esposo un crédito no les permitiría ni empezar a resolver los problemas constructivos en su vivienda, antigua y grande, convertida en dos casas independientes y con un deterioro que urge atender.

«Lo hemos podido hacer porque somos médicos, yo tengo tres misiones internacionalistas y mi esposo, seis. Luego del paso del último ciclón, se derrumbó una parte del comedor. Como damnificados y gracias a la ayuda del delegado, pudimos comprar materiales para empezar a reparar; no obstante, todavía nos queda mucho por hacer. Hay cosas con las que nadie nos puede ayudar y hemos tenido que recurrir a todo tipo de ventas. Por eso mi esposo, con 67 años, después de jubilado se reincorporó y está de misión en México hace casi un año, para traer el dinero que nos falta», relató.

A pesar de la esencia humanista que caracteriza a nuestra sociedad, muchas distorsiones subyacen en torno a la construcción de viviendas. Se imponen cambios sustanciales para evitar que los recursos caigan en «saco roto», asegurar que la ayuda —no el asistencialismo— resulte efectiva, hacer a las personas partícipes de la solución de sus propios problemas, siempre y cuando ello no les genere uno mayor, y garantizar que las proyecciones incorporen sostenibilidad y resiliencia al hábitat.

Para resolver problemáticas ya enunciadas y otras aún no expuestas, diversos criterios apuntan al negocio inmobiliario en Cuba, opción que valdría la pena valorar con profundidad en un próximo reportaje.