Rostros sin marcas

Hace 31 años que Yisel Muñoz Alfonso alcanzó su título de licenciada en Derecho. Desde entonces, el camino ha sido diverso en lo concerniente a su preparación para afrontar las transformaciones legislativas, hasta convertirse en profesora titular del Departamento de Derecho, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.

Una de sus máximas resulta la perseverancia y así logró el doctorado en Ciencias Jurídicas, sin abandonar el ejercicio del magisterio que imparte a los futuros juristas que se forman en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV).

De verbo sostenido, quizá como cualidad indispensable en su profesión, responde sin titubeos a cualquier pregunta, y en medio de sus responsabilidades no declina su don de ser útil. Por ello, un día aceptó colaborar con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y asumir la coordinación de la Consejería contra la violencia de género, en la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF), en Santa Clara, la primera fundada en el país.

Confiesa que la experiencia inició hace tres años, aproximadamente, y surgió a partir del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer en todo el país. Aunque funciona en la capital villaclareña, asisten residentes en otros municipios, y atienden, además, a personas que viven en situaciones de violencia o a portadores de conflictos familiares que buscan ayuda.

Tal parece que la Dra. C. Yisel Muñoz rehúye la pasividad; no la admite. También se involucró en el proyecto internacional sobre la violencia Ruta Crítica de Atención a Mujeres, en la UCLV, del cual forman parte la FMC, la Dirección de Justicia y otras instituciones, cuyos resultados se aplican en la Consejería.

—¿Cómo llegar a ustedes?

—Disponemos de un equipo multidisciplinario al que, aparte de los juristas, se insertan abogados, fiscales, sicólogos, psiquiatras y psicopedagogos. Brindamos atención el segundo y cuarto jueves del mes, en la propia COMF, situada en la Vigía, a partir de una atención personalizada, con consejería cara a cara.

«El espectro de este servicio resulta muy amplio. Son personas que necesitan comprensión. Por ello, según la problemática, les ofrecemos asesoramiento y acompañamiento. Coordinamos con otras entidades, con una escuela, un servicio de Salud determinado, con la Fiscalía, Comercio, etc., a fin de encontrar una posible solución o salida ante el problema.

«Se trata de una labor que exige sensibilidad, preparación y la intervención de otros sectores, lo cual se dificulta en ocasiones, porque requiere del consentimiento de instituciones como la PNR, Vivienda, Comercio o el Órgano del Trabajo. Ello se debe, por ejemplo, a que algunas mujeres sometidas a violencia no trabajan; otras, tienen dificultades con el acceso a los alimentos que se adquieren en la canasta básica, aunque nuestra gestión no implica que se les conceda una libreta de abastecimiento; es decir, en dependencia de la situación tramitamos alguna representación ante el bufete, se analiza el caso con la Fiscalía, o las acompañamos a la PNR para formalizar una denuncia.

«A veces las personas no explican su caso de la mejor manera o no reciben la debida atención, y, aun así, se han logrado resultados».

—Me detengo en algo fundamental: la comunidad, ese lugar de convivencia.

—Hemos tenido siempre la intención de acercar el servicio a la comunidad e, incluso, nos propusimos hacer la consejería en este marco, pero no hemos podido concretarlo. No obstante, no han faltado los encuentros en áreas, escuelas, centros de concentración femenina, intercambios en consejos populares, entre otros; aunque, parafraseando la canción de Arjona, nos queda como asignatura pendiente.

—Se trata de problemas muy complejos…

—No caben dudas de que en la comunidad es donde se sabe quiénes son los individuos que viven en situaciones de violencia y cómo buscar el asesoramiento. En esto la FMC tiene un papel importantísimo, y nosotros asumimos la función de contribuir con nuestro servicio.

«Claro, en la barriada resulta algo complejo, porque requiere de condiciones de privacidad, de tranquilidad y confiabilidad, y no en todos los lugares existen los requerimientos para proteger a las personas; mas ello no exime la capacitación de quienes trabajan en el área y pueden conocer a las víctimas de la violencia. Precisamente, uno de los elementos en los que insistimos radica en la preparación y en la articulación con las instituciones y el trabajo en las comunidades».

—A partir de su experiencia, ¿todavía la población siente temores a la hora de plantear y canalizar sus inquietudes?

—La violencia constituye un ciclo y tiene su tiempo para que las personas comprendan que están en esa situación. Atreverse a formular una denuncia también tiene su tiempo; a veces las víctimas no se quieren reconocer como tal o se forman estereotipos, a lo que se suma el temor al victimario, a exponerse al juicio social o no confiar en las instituciones para solucionar el problema, por lo que existen limitaciones a la hora de acudir a un servicio.

«Creo que se ha avanzado. Hay mujeres que sí rompen el ciclo y ello merece una mirada más atenta, porque están en busca de respuestas y de recibir una atención más esmerada. No olvidemos que dejar estos asuntos a la deriva pudiera conducir hacia conductas de violencia más graves u ocasionar un femicidio».

—¿Pudiéramos decir que al romper el silencio ante la violencia ya se está en una posición extrema?

—No siempre. A veces no se dan cuenta de que es la raíz del problema y acuden buscando ayuda por otros conflictos familiares, por hijos que maltratan a la madre o padres que lo hacen con sus hijos. No se inscriben como delitos, pero, sin duda, son situaciones de violencia y buscan auxilio para salir de esta crisis familiar.

—¿Existen soluciones inmediatas?

—La violencia resulta muy compleja, es un tema que no se resuelve en una consejería ni en una consulta. Debemos ofrecer seguimiento a los casos y, a veces, demoran meses para que aparezca la posible solución.

«Hablamos de un fenómeno multifactorial en el que A no es igual a B. Somos seres humanos inmersos en relaciones sociales y familiares complicadas, y el trabajo se nos torna difícil».

—En su vida personal, ¿qué tiempo les ocupan estas acciones?

—Quienes integramos el equipo somos colaboradores, no percibimos remuneración adicional y lo asumimos de manera voluntaria, al margen de nuestras responsabilidades, lo que incrementa la intensidad laboral. No es solo el día de la consejería, luego hay que ofrecer seguimiento, lleva atención; pero no nos cansamos. La satisfacción está en poder ayudar y decir que hay especialistas que desean incorporarse a trabajar en el servicio.

—Si vamos a los detalles, ¿qué causas provocan, mayoritariamente, la asistencia a la Consejería?

—Las situaciones de violencia de pareja, golpizas, amenazas; o sea, condiciones que convidan al abandono de la vivienda. También, padres y familiares que maltratan a los niños, abusos contra adultos mayores y algunos casos de acoso sexual, incluso, a menores, que constituyen casos de marcada complejidad con la intervención de diversos factores.

«Es algo muy duro. Pasé un curso de Consejería que nos planteaba la necesidad de “dar salud al consejero” o autocuidarnos, ya que salimos con la presión de cada historia, nos permeamos de ellas. Muchas veces las personas nos llaman a la casa, hasta en horas de la madrugada, y es imposible no sensibilizarse ante cada problemática. Asimismo, tenemos que prepararnos para este tipo de eventualidad y evitar herir a la persona. Un gesto, una frase, una palabra indebida puede dañarlo todo».

—Algunas de las actuales tarifas de los servicios legales son muy costosas. ¿Es algo contraproducente?

—Nosotros no cobramos, la COMF es gratuita para todas las personas. Ahora bien, los servicios legales tienen que ser pagados a través de una tarifa establecida a nivel del país por el Ministerio de Justicia, pero no todos los sujetos están en condiciones de sufragar los gastos.

«Esta responsabilidad compete a Bufetes Colectivos, mas hay opciones exentas de pagos para personas muy vulnerables o de rebaja de precio; no así con los acusados, que tienen su representación de oficio. Las víctimas sí deben pagar y esto aparece como un obstáculo para las mujeres que no trabajan, son dependientes económicamente de su pareja o conviven con situaciones familiares difíciles, por lo que quedan brechas para quienes no tienen posibilidades».

—¿Es la Consejería la panacea?

—Resulta imposible que la totalidad de los casos encuentre en la Consejería el fin de su problema, y no toda manifestación violenta deriva en delito, por lo que, muchas veces, se quedan en el ámbito familiar. Algunas personas no retornan al servicio o vuelven cuando la situación es más grave.

—¿Qué insatisfacciones quedan para la doctora Yisel Muñoz?

—Muchas. En el país se está apostando por ofrecer respuestas más adecuadas al tema; pero se requiere de un protocolo que articule a las instituciones. «Abogo por la existencia de servicios especializados para esas personas. Cuba necesita una estructura integral dirigida a la atención a las mujeres víctimas, cosa que aún no existe, así como una ley integral en función de ello. Solo disponemos de la protección de acercamiento, pero debían proliferar otras, aunque la nación comienza su accionar en este sentido».

—¿Su mayor pretensión?

—Que el mundo viva con rostros sin marcas de violencia.