Aunque la fundación del Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Príncipe, en 1831, respondió al interés colonial de introducir las estructuras y la administración de justicia españolas en la isla, estas instituciones lograron aglutinar a los jóvenes con las ideas más liberales de la época; entre ellos, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, Ignacio Agramonte y Loynaz, y Pedro (Perucho) Felipe Figueredo y Cisneros.
No obstante, el verdadero proceso de radicalización y de cambios en los asuntos centrales del país coincidió con la llegada al poder del Gobierno Revolucionario el 1.o de enero de 1959. La restructuración avanzó paulatinamente hasta que, el 21 de diciembre de 1964, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Habana sugirió la creación de una agrupación de abogados que se denominaría Bufetes Colectivos.
El 22 de enero de 1965, de acuerdo con la Resolución 18 del Ministerio de Justicia (Minjus), se fundó el primer bufete colectivo en la capital del país, y el 23 de junio de 1973, al aprobarse la Ley 1250: Ley de Organización del Sistema Judicial, se eliminó el ejercicio privado de la abogacía y se ratificó el papel de estas instituciones en las cuestiones jurídicas de la República de Cuba.
Hoy, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) funciona como una entidad autónoma nacional que ofrece sus prestaciones a través de profesionales calificados en las diferentes ramas del Derecho. El sitio web de la institución dicta: «Asesoramos, defendemos y representamos a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en asuntos nacionales e internacionales».
Con 59 años de experiencia en los servicios legales, la ONBC trabaja con una extensa red de despachos distribuidos en todas las provincias, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, y brinda representación en las diferentes materias del Derecho: civil y familia, penal, laboral, administrativo, asesoramiento legal a personas jurídicas y tramitación de asuntos legales especializados.
En Villa Clara, el primer bufete radicó en la antigua Audiencia Provincial — hoy Tribunal Provincial Popular de Villa Clara—. Al decir de la máster Reina García Acosta, subdirectora de Supervisión y Control de la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, la cantidad aumentó en función de las necesidades de los clientes y, actualmente, Villa Clara contabiliza 16 bufetes, tres en la cabecera provincial y los otros distribuidos en los restantes municipios.
«Nuestros profesionales evalúan, consultan, representan y defienden los derechos de las personas ante los tribunales de justicia y los organismos administrativos en el territorio nacional, así como ante organizaciones extranjeras o internacionales», significó García Acosta. «El asesoramiento legal inicial es gratuito» agregó.
Para respetar la máxima de prestar sus servicios con calidad, eficacia y enfoque innovador, y en correspondencia con la política de informatización impulsada en el país, el sistema de bufetes colectivos de Villa Clara habilitó, desde octubre del año pasado, nuevos canales de pagos electrónicos en todas sus oficinas.
Como apuntó García Acosta, el mecanismo pretende diversificar las formas de cobro y crear mejores condiciones para los clientes, que, además del pago digital de los sellos timbrados, ahora pueden abonar el costo del resto de los servicios jurídicos a través de la plataforma Transfermóvil.
Casi con 200 abogados, nuevos egresados de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas cada año y cursos de superación para sus profesionales, los bufetes colectivos del territorio trabajan a diario para garantizar la satisfacción de los clientes y mantener el alto estándar de la labor jurídica.