El pasado 13 de marzo entraron en vigor en Villa Clara y todo el país la Ley 167 del Sistema de atención a quejas y peticiones de las personas, y el Decreto Ley 112 sobre su reglamento.
La nueva legislación forma parte de la política de principios del sistema de Gobierno contenida en la Constitución de la República de Cuba, que en su artículo 61 establece el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, y estas, a su vez, tienen la obligación de tramitarlas y ofrecer una respuesta rápida y pertinente fundamentada en plazos.
Para interiorizar sobre la primera ley de su tipo aprobada en el país, que unifica el proceder anterior sobre la atención a las personas, Melvis Travieso Reinaldo, jefa del Sistema de Atención a la Población del Gobierno Provincial, y Rosa Dairis Hernández Feito, subdirectora técnica de la Dirección Provincial de Justicia, ofrecieron detalles de su contenido.
Previo a su elaboración y aprobación, se realizó un proceso de consulta sobre el tratamiento de las denuncias, en el cual intervinieron diputados, organismos de la Administración Central del Estado, órganos superiores de dirección empresarial, gobiernos provinciales y personas que habían planteado quejas. También se procedió a capacitar a los organismos involucrados, por parte de las direcciones provincial y municipales de Justicia.
Dicha ley tiene entre sus novedades la reducción del plazo de respuesta a los demandantes en 30 días naturales, y el deber de las instituciones de atender, escuchar, solucionar y ofrecer una respuesta rápida y trato respetuoso hacia quienes ejercen su derecho a presentar demandas y peticiones.
Ambas funcionarias expresaron que cuando la queja emitida no compete al lugar donde se presentó, esta se remite al organismo correspondiente en un plazo de cinco días. Si por su complejidad resulta imposible cumplir con el plazo fijado, se solicita una prórroga por 30 días siete días antes de su vencimiento, además de informar al demandante.
La ley establece cómo proceder con los anónimos. En estos casos, el órgano que la recibe o autoridad competente están facultados para realizar una verificación, y en dependencia de ello, crear una comisión, integrada por no menos de tres personas, para hacer una investigación a los efectos de su esclarecimiento. Una vez concluida esta, se deberá ofrecer una respuesta fundamentada al demandante.
Las quejas y peticiones que implican a diputados serán remitidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular; las que conciernen a jueces y funcionarios de los tribunales de Justicia se enviarán al Tribunal Supremo Popular.
Por su parte, las que tienen que ver con contralores, a la Contraloría General de la República, y las que involucran al personal militar, a las FAR o al Minint, según corresponda. Toda la documentación y datos del informante se encuentran digitalizados, para actuar con mayor rapidez y dejar constancia de esta.
Para tramitar la queja, la ley incluye varias fases. La primera consiste en su recepción, verbal o por escrito, o a través de los medios de comunicación. En la segunda se procede a su clasificación para definir qué organismo está implicado y su contenido, y en la tercera, la radicación de la misma en los controles que se establezcan para conocer en qué estado se encuentra.
Luego de la fase de verificación e investigación para determinar responsabilidades y conocer dónde están las deficiencias, se pasa a la fase de respuesta, que puede ser con razón, razón en parte o sin razón, y después, a la de solución y control para conocer si efectivamente la respuesta fue cumplimentada.
La ley establece como principio la legalidad y vinculación permanente con el pueblo; la celeridad, transparencia y comunicación, así como la veracidad de la información, discreción y sensibilidad ante los asuntos expuestos, y la no discriminación de cualquier tipo, al constituir un deber de todas las instituciones cubanas atender, escuchar, solucionar, dar seguimiento y constatar la satisfacción de las personas cuando se les da respuesta, con el reto de elevar la calidad de los servicios y evitar deficiencias y maltratos a la población. Las quejas en trámites antes de la entrada en vigor de la nueva ley se regirán por el sistema anterior.