Para proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, en situación de discapacidad, víctimas de discriminación y violencia en cualquiera de sus manifestaciones, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad en el ámbito familiar, la Ley 156/2022 «Código de las Familias» incorporó la Defensoría entre sus novedades.
En el artículo 451, la propia norma define que una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad en el entorno sociofamiliar cuando este «limita o dificulta sus posibilidades de actuación frente a una amenaza natural, económica, social o de cualquier otra índole y, como consecuencia de ello, presenta una situación de riesgo o deterioro que afecta su calidad de vida y su bienestar, que puede llevarla a una exclusión social».
La Doctora en Ciencias Jurídicas Belkis Molina Águila, jefa del Departamento Provincial de Defensoría de la Dirección de Justicia en Villa Clara, comentó a Vanguardia que, si bien el Código estableció el alcance de la Defensoría, esta no ejerció sus funciones de manera inmediata. El 16 de junio de 2023 quedó constituida a nivel nacional; luego, se fue organizando en todo el país, con la creación de un departamento en cada cabecera provincial, y tras la publicación de la Resolución 496 «Manual de Funcionamiento de la Defensoría» en la Gaceta Oficial, el 11 octubre de 2023, comenzaron a recibirse los casos en las provincias.
Aunque el Código de las Familias estableció las generalidades de la Defensoría Familiar, la Resolución 496/2023 amplía las funciones de asesoramiento, acompañamiento y defensa técnica a las materias civil, mercantil, de trabajo y seguridad social, a las cuales se sumaron después los procesos administrativos, según explicó Molina Águila.
La jurista especificó que el Departamento provincial radica en la propia sede de la Dirección de Justicia, sita en la calle Maceo # 309 e/ Nazareno y San Miguel, en la ciudad de Santa Clara. Cuenta con un jefe de departamento, dos especialistas y un técnico, además de los defensores que son designados en cada municipio.
«Entre 2023 y 2024 recibimos a 134 personas. Determinamos que 105 de ellas eran de nuestra competencia, porque no podían ejercer sus derechos por sí mismas, y hemos ido solucionando diferentes situaciones. A las restantes, les orientamos hacia dónde dirigirse: Bufetes Colectivos, la Policía o la Fiscalía, en dependencia del asunto. La mayoría son personas adultas mayores y proceden de Santa Clara, aunque también llegan desde otros municipios», detalló.
—¿Qué tipo de casos han atendido?
—Por ejemplo, en Caibarién tenemos uno administrativo que impacta sobre la familia. Se trata de una menor y su abuela a las que pretenden darle un cese de convivencia. Hemos estado presentes como defensores para representar sus intereses, y no estamos de acuerdo, porque ella siempre ha residido en esa vivienda, que compró su mamá, y aunque lo hizo de manera ilegal, el propietario está reclamándola, después de que ha pasado años viviendo allí.
«Entre los asuntos de familia hemos atendido a abuelos que reclaman el derecho de visita y comunicación con sus nietos. En estos casos hemos ido a representar los intereses de estos niños, quienes, por supuesto, quieren relacionarse con sus abuelos.
«Hemos protegido a personas adultas mayores que han donado sus viviendas a hijos o nietos que luego pretenden venderlas y salir del país, y maltratan a ese adulto mayor. Tras demostrar que ciertamente ha habido maltrato, han sido revocadas las donaciones.
«También hemos intervenido en divorcios, cuando padres y madres están en conflicto y hay un niño en medio. Tratamos de llegar a acuerdos sin acudir al tribunal, pero si hay que recurrir a la vía judicial, lo hacemos, en representación del interés superior de esos menores.
«Se ha protegido a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia en el hogar. En casos de violencia de género, aunque no son de nuestra competencia, hemos ofrecido acompañamiento para la denuncia a la Policía y el informe a la Fiscalía.
«Se han protegido los derechos de las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, en familias que no les permiten salir del hogar o tener una vida sexual activa, y cuando han sufrido algún tipo de violencia en el propio núcleo familiar».
Sobre los casos atendidos en lo que va de año, la jefa del departamento de Defensoría refirió que suman 50 e incluyen conflictos, no solo familiares, sino también en el ámbito civil: entre vecinos y en materia sucesoria.
«Por ejemplo, una persona en situación de discapacidad no fue incluida en una herencia. Cuando nos llegó la notificación, la visitamos, comprobamos todos sus datos y citamos a la viuda del padre, que ya había hecho toda la adjudicación de la herencia sin incluirla. Realizamos los trámites y ella obtuvo la parte que le correspondía de su papá», acotó.
Desde el Bufete Colectivo Santa Clara 1, el abogado José Alejandro Martín Rodríguez ha atendido varias designaciones de la Defensoría que no se parecen a otros procesos familiares, por lo que exigen un compromiso extra, tanto profesional como personal.
«Por lo general, en los asuntos familiares, el conflicto se da entre personas en igualdad de condiciones. En cambio, en los casos representados por la Defensoría existe un estado de vulnerabilidad, de indefensión frente a un proceso muy desgastante y doloroso en algunas ocasiones, lo cual demanda una valoración diferente y un esfuerzo superior.
«La mayor complejidad estriba en que, a diferencia de lo que ocurre normalmente, estas personas no tienen la posibilidad de aportar medios de prueba, presentar la documentación requerida o buscar los testigos, y el defensor tiene que asumir tales gestiones, con el apoyo del departamento de Defensoría. Además, son encargos por los que no percibimos retribución económica. Los asumimos con la mayor disposición a ayudar», comentó.
De acuerdo con la Resolución 496/2023, la Defensoría se basa en los valores de dignidad y humanismo, y se rige por los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, celeridad, tutela urgente ante situaciones de violencia o discriminación, gratuidad, continuidad de la defensa, confidencialidad, e inexcusabilidad. La doctora en ciencias Belkis Molina Águila lo ratifica:
«Llevamos los procesos a partir de lo que está establecido en las leyes. Para nosotros, todos los casos son iguales y tratamos de resolverlos tan pronto como sea posible, aunque no todos terminan tan rápido.
«Siempre insistimos a los defensores en la sensibilidad y el humanismo que demandan estas situaciones, lo enfatizamos en las preparaciones técnicas y en los encuentros con los jueces. Además, el servicio es gratuito, porque se sobrentiende que esas personas en situación de vulnerabilidad no disponen de una economía para ejercer sus derechos.
«Ha sido un trabajo arduo, pero muy gratificante, muy bonito y humano. Tenemos motivaciones, porque estamos ayudando y haciendo justicia a quienes por sí mismos no pueden ejercer sus derechos. Los ayudamos a tener confianza en nuestro sistema, a que no se sientan desprotegidos, porque existe una institución que trabaja por el respeto de sus derechos y necesidades», concluyó.