Una comisión de trabajo dirigida por el Ministerio de Finanzas y Precios evaluó este miércoles el sistema de control y cobro de multas en Villa Clara. El análisis, realizado de manera consecutiva en la sede del Gobierno Provincial y la Asamblea Municipal, congregó a representantes de diversos organismos del territorio con el propósito de consensuar un plan de acción coordinada.
De acuerdo con lo expuesto por Osviel Rodríguez Seijo, subdirector provincial de Finanzas y Precios, la gestión de las Oficinas de Control y Cobro de Multas (OCCM) hasta octubre de 2025 posibilitó una mejora sustancial en su eficacia (93,5%), tras una evolución favorable en la mayoría de sus indicadores. El directivo detalló que, aunque el número de multas impuestas (101 148) fue inferior en 1063 a las del año 2024, la recaudación de 243 millones de pesos superó en 100 millones a la del período anterior. En este sentido, puntualizó que los municipios que registraron mayor decrecimiento en la imposición de multas fueron Quemado de Güines, Sagua la Grande, Encrucijada, Remedios, Santa Clara, Cifuentes y Santo Domingo.
Otro indicador positivo fue la reducción significativa del número de multas en apremio. Mientras que en octubre de 2024 se contabilizaron 9149 sanciones en esta condición (equivalente al 42% del total), la cifra descendió a 7934 para el mismo mes de 2025 (32%). Dentro de este panorama, Rodríguez Seijo declaró que el municipio de Santa Clara presenta la situación más compleja, con 5552 multas en apremio.
En relación con la cabecera provincial, Yansy Díaz Jiménez, intendente municipal, añadió que la imposición de multas ascendió a 41 804, de las cuales 22,663 fueron abonadas mediante Transfermóvil. Igualmente, la autoridad destacó que los ingresos al presupuesto estatal se duplicaron en comparación con el año anterior.
Para garantizar una mayor efectividad operativa, Rodríguez Seijo explicó que el sistema de trabajo incluye reuniones mensuales con los organismos impositores, recorridos de control y asesoramiento por parte de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios y chequeos semanales del Consejo de Defensa Provincial. Como medidas concretas, el directivo precisó que se trabaja en la puesta en marcha de tres filiales de cobro a corto plazo (en Camajuaní, Corralillo y Remedios), las cuales comenzarán a funcionar el primero de diciembre.
Durante la clausura de los encuentros, Heidi Bas Sosa, directora de multas del Ministerio de Finanzas y Precios, enfatizó la necesidad de promover el pago mediante Transfermóvil. Subrayó, asimismo, el rol clave del inspector como canal de información inmediata. Explicó que su labor debe incorporar tanto la notificación al infractor sobre las alternativas de pago digital como la orientación para realizar dicho proceso, con el fin de subsanar el desconocimiento que aún persiste entre ciertos segmentos de la población.
De igual manera, Bas Sosa identificó la digitalización como el mayor reto que posee Santa Clara en la actualidad. «Estamos haciendo una prueba piloto con una forma de conexión que no es a través del Ministerio de Finanzas y Precios, sino que se establece directamente desde Etecsa. Nuestro objetivo es establecer su plena operatividad; de lograr una conectividad ágil y permanente, aceleraremos la informatización en un tiempo récord, lo que simplificará enormemente la labor», dijo.
En cuanto a las filiales de cobro, argumentó que su potencial no ha sido explotado de manera adecuada y que la compleja situación económica que enfrenta el país demanda esta solución. «Muchas veces resulta más caro el pasaje para venir hasta la oficina de Santa Clara que la propia multa», explicó. La solución, a su juicio, no requiere recursos adicionales, sino que radica en habilitar gestores de cobro en espacios ya creados. «Todo ello va a permitir el cobro temprano de las multas, dentro del período de los treinta días hábiles establecido para el pago», concluyó.
Finalmente, Bas Sosa resaltó que la labor de todos los organismos implicados en el control y cobro de multas resulta imprescindible para garantizar la disciplina social, un eslabón fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad cubana.