En la intersección entre la creatividad humana y el ordenamiento jurídico, la propiedad intelectual actúa como guardiana indispensable del ingenio. Lejos de constituir un monolito, este ámbito se bifurca en dos grandes vertientes. Por un lado, el derecho de autor resguarda obras artísticas, literarias, musicales, entre otras. Por el otro, la propiedad industrial protege las creaciones aplicadas al mundo de los negocios y la técnica.
El marco legal cubano en materia de propiedad industrial se distingue por su amplitud y diversidad: abarca desde las invenciones, los dibujos y modelos industriales, hasta las variedades vegetales, las indicaciones geográficas, las marcas y otros signos distintivos. En esta última esfera, resulta pertinente mencionar el Decreto-Ley 203, aprobado el 24 de diciembre de 1999, el cual regula las relaciones recíprocas en torno a la solicitud, tramitación, concesión y administración de estos derechos.
En la actualidad, esta normativa adquiere una relevancia crucial, pues la isla asiste a una expansión del sector privado y de las mipymes. Odonel González Cabrera, especialista en propiedad industrial, explicó que dicho fenómeno se ha desarrollado por etapas: primero surgieron los trabajadores por cuenta propia; después se produjo la apertura de cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local; y, finalmente, irrumpieron las micro, pequeñas y medianas empresas. En este escenario, comprender el valor estratégico de la propiedad industrial puede marcar la diferencia entre un negocio que perdura y uno que naufraga en la intrascendencia.
Obtener el registro de una marca, detalló el experto, trasciende la mera formalidad legal: confiere a su titular un derecho de prioridad que opera desde el mismo momento de la solicitud. A partir de ese instante, «el titular obtiene la facultad de impedir que terceros comercialicen productos o servicios bajo signos idénticos o susceptibles de confusión con el propio». No obstante, su importancia va más allá, pues se trata de «un bien intangible cuyo valor en bolsa, en las grandes corporaciones a nivel mundial, puede llegar a representar entre el 80 % y el 90 % del capital total de la empresa. Su límite depende, en última instancia, de la capacidad de su dirección para gestionarlo.»
Sin embargo, esta gestión no está exenta de desafíos. González Cabrera advirtió que, en medio de la efervescencia emprendedora, persisten errores derivados del desconocimiento generalizado de la ley y de las prohibiciones absolutas. «Con frecuencia, los solicitantes pretenden obtener derechos exclusivos sobre términos genéricos, nombres geográficos o gentilicios, pese a que la normativa lo prohíbe. Así ignoran la función esencial de la marca: identificar y diferenciar un producto o servicio de la competencia».
Tales equívocos develan la existencia de una cultura incipiente en torno a la propiedad industrial, la cual puede traducirse en pérdidas monetarias evitables. De igual modo, podría exponer a las empresas a fraudes, usurpaciones y conflictos judiciales. En última instancia, esta falta de previsión limita el crecimiento, desincentiva la innovación y resta valor económico al portafolio de bienes inmateriales de la compañía o emprendimiento.
Consciente de esta problemática, el experto comentó que, si bien desde la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) se brinda asesoramiento para prevenir motivos de no concesión, muchos clientes recurren a dicha asistencia cuando ya han comprometido recursos considerables en estrategias de marketing. Por ello, insiste en la necesidad de realizar, con carácter previo a la inscripción del negocio, una búsqueda en los registros de la oficina que garantice la armonización entre el nombre social, la marca y el dominio de internet. Solo de este modo se logra una identidad única y coherente en el mercado, lo que facilita su reconocimiento por parte de los consumidores.
Asimismo, la OCPI no permanece al margen de los desafíos estructurales que aquejan a la economía y al entramado institucional del país. Según González Cabrera, la formación de especialistas —particularmente examinadores de marcas y patentes— constituye un proceso largo y complejo, por lo que la pérdida de los mismos representa un daño considerable y contribuye a una demora sustancial de los trámites. No obstante, declaró que, pese a las carencias materiales, el capital humano del organismo sostiene el servicio con profesionalidad y dedicación, consciente de que su labor es indispensable para resguardar el patrimonio intelectual cubano.
En un contexto de transformación del tejido empresarial cubano, la propiedad industrial debe dejar de concebirse como una mera gestión burocrática. Sin ella, el trabajo, la inventiva y la inversión corren el riesgo de quedar suspendidos en el vacío de lo que no tiene nombre propio.