Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició la segunda jornada del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura.
Para este viernes, el Parlamento debatirá la última versión (25) del Proyecto del Código de las Familias, la Fiscalía General de la República rendirá cuenta, así como el Gobierno de la provincia de Granma, y se presentarán los resultados de la Alta Fiscalización al Ministerio de Energía y Minas.
Hoy continúa Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su IX Legislatura.
Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 22, 2022
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Aprueban diputados informe de rendición de cuenta de la Fiscalía General de la República
Sobre la gestión de la Fiscalía General de la República, influenciada por complejos acontecimientos del escenario nacional e internacional, conocieron los diputados durante la segunda jornada del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura.
En ese sentido, la Fiscal General, Yamila Peña Ojeda, durante la rendición de cuentas del período comprendido entre 2017-2021 explicó que esta etapa se caracterizó por el recrudecimiento del bloqueo contra nuestro país; la agresividad anexionista en el vano intento de desencadenar un «golpe suave » y provocar el derrocamiento de la Revolución; el enfrentamiento jurídico penal a diferentes manifestaciones de delitos, indisciplinas sociales e ilegalidades que afectaron la estrategia de recuperación económica trazada, todo ello unido al desafío impuesto por la COVID-19.
Al referirse al cumplimiento de las recomendaciones de la ANPP en la anterior rendición de cuentas, señaló en el informe–aprobado por los diputados– que se continúa trabajando en el completamiento de las plantillas del personal técnico y auxiliar; y en lograr mayor estabilidad en los cargos de fiscales.
En este sentido, el informe expresa que 50% de los fiscales tiene una experiencia de trabajo superior a los cinco años, lo cual es una fortaleza para transmitir conocimientos y contribuir a la formación de los nuevos ingresos.
Asimismo, el documento agrega que en el periodo analizado los fiscales realizaron más de 300 000 controles a expedientes de fase preparatoria, fundamentalmente en aquellos con términos superiores a los 60 días, y participaron en la práctica de más de 47 000 diligencias de instrucción, fundamentalmente en declaraciones de imputados y testigos, reconstrucción de hechos, experimentos de instrucción, entre otros.
Según la Fiscal General de la República, durante este periodo se brindó atención a la utilización racional de la medida cautelar de prisión provisional y a su permanencia, impuesta fundamentalmente ante conductas y hechos de mayor gravedad. De igual forma, la solicitud de sanciones se ajustó a la política penal, en correspondencia con la gravedad de los hechos, circunstancias y otros factores.
Asimismo, contabiliza que en esta etapa los fiscales participaron en más de 120 000 juicios.
Se refirió al trabajo realizado desde 2019 para la concepción integradora de un sistema de atención a los ciudadanos, informatizado hasta nivel municipal, como un proceso clave para evaluar las quejas y peticiones de las personas sobre intereses diversos.
Por otro lado, el informe detalla que entre 2017 y 2021 se registra un incremento de más de 174 534 personas atendidas, respecto a la etapa anterior. Mientras que, en el restablecimiento de la legalidad, los fiscales dictaron 787 resoluciones y, en 12 882 casos, procuraron su solución inmediata, gestionada directamente con los responsables, lo cual significa que en el 16% de las reclamaciones, las personas tenían razón en sus planteamientos.
Acerca de la participación de la Fiscalía en los asuntos jurisdiccionales no penales y en la protección de los menores de edad y las mujeres, señaló que los fiscales intervinieron en más de 25 000 procesos civiles y de familia, el mayor número relacionados con las relaciones paterno filiales, reconocimiento de matrimonios, divorcios y reclamación de alimentos.
Por otro lado, conforme a las facultades que le concede la ley en la representación de menores de edad y personas con discapacidad, los fiscales promovieron más de 800 asuntos de jurisdicción voluntaria y dictaminaron más de 5 000 expedientes de esta naturaleza trasladados por los tribunales; instaron la constitución de 2 000 tutelas y firmaron una cifra similar de documentos notariales.
Peña Ojeda resaltó la labor de este órgano en el amplio proceso de desarrollo legislativo, a cargo de la elaboración de las políticas y anteproyectos de disposiciones jurídicas.
En cuanto a la organización territorial y estructura adoptada a partir de la vigencia de la ley no. 140/2021 de los tribunales de justicia, consta en el informe que la conformación de las secciones territoriales conlleva una mayor movilidad de las partes, al estar compartido entre varias sedes el conocimiento de las materias.
Las Fiscalías en cada territorio hicieron las evaluaciones con los tribunales y propusieron las medidas organizativas y de aseguramiento internas, que garantizaran su participación en los procesos sobre materia penal, civil, familiar, administrativo, mercantil, del trabajo y seguridad social.
Entre las medidas adoptadas para la aplicación del régimen de garantías que prevé la Ley No. 143/2021 del Proceso Penal, se establecieron, como funciones obligatorias para los fiscales, entre otras, velar porque la autoridad actuante garantice el derecho a la defensa de todo imputado y a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso, que se fija a partir de la instructiva de cargos.
La fiscal general ratificó que desde este organismo se continuará trabajando en defensa de nuestro estado socialista de derecho y justicia social.
Como recomendaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propuso incrementar las acciones para incentivar la incorporación de fiscales y su permanencia en las instituciones, además de garantizar revertir las insuficiencias que se aprecian en su cargo.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, al leer el dictamen, recomendó redimensionar la intervención del fiscal en el control de la legalidad penal, efectuar un reanálisis de su plantilla a partir del cúmulo de propuestas que se derivan a este órgano.
Yenisey Gonzalez Rodríguez, diputada por Niquero, expresó que el reto continúa siendo el completamiento de plantilla, un punto donde ya se han tomado medidas como la ubicación anticipada de estudiantes y la promoción de la graduación de técnicos medios.
Al respecto, la fiscal general de la República se refirió al tema completamiento y permanencia, con la responsabilidad el órgano de mantener las condiciones que inciden en el trabajo, son hechos que convidan a pensar cuánto más se debe hacer.