Luego de abordar la definición de las cooperativas no agropecuarias (CNA), sus aportes socioeconómicos, algunas experiencias de quienes las «estrenaron» hace poco más de diez años en Villa Clara y los criterios de expertos que han evaluado su devenir, damos continuidad al reportaje «El cooperativismo que necesita Cuba», publicado el pasado mes en Vanguardia, con una mirada a las contradicciones y desafíos que enfrentan dichas formas de gestión.
Inicios y esencias
Desde los inicios del cooperativismo en sectores distintos del agropecuario, la Dra. en Ciencias Económicas Grizel Donéstevez Sánchez, profesora titular de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) y presidenta de la cátedra Víctor Figueroa, identificó algunas dificultades.
«En primer lugar, varias personas que tuvieron la responsabilidad de conducir estos cambios sabían muy poco sobre cooperativas, y la asesoría de académicos de las universidades de Pinar del Río, Granma y la propia UCLV fue desestimada. Otra dificultad consistió en las trabas para la aprobación, pues las solicitudes debían pasar por muchas instancias.
«Entre tantas iniciativas que salieron desde Villa Clara, propusimos convertir en cooperativa un pequeño taller que produciría ladrillos y otros materiales de la construcción, en Manicaragua. Elaboramos y entregamos personalmente el expediente, y nunca nos dieron respuesta. Después, casi por casualidad, supimos que la solicitud se traspapeló en una gaveta, pero tampoco la incluyeron entre las pendientes por aprobar», refirió.
Además, Donéstevez Sánchez estima que al publicarse la norma jurídica que regularía la creación de las CNA después de la legislación sobre el cuentapropismo y la apertura del trabajo privado en general, las formas de gestión recién incorporadas al entramado económico cubano no se presentaban como una opción ventajosa, ni siquiera para personas con interés y condiciones para fundarlas.
Al profundizar en el contenido de la legislación, el Dr. en Ciencias Jurídicas Yulier Campos Pérez, profesor titular y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLV, encontró que en el proceso de constitución de las CNA faltaban dos aspectos fundamentales: los plazos establecidos para que las personas obtuvieran una respuesta luego de presentar la solicitud y la opción de reclamar en caso de que fuera rechazada la petición.
De igual manera, aclara que la legislación actual sí refiere el término concreto y la posibilidad de establecer recurso, lo cual consolida el principio de acceso a la justicia en tanto evita que las personas queden en estado de indefensión ante decisiones administrativas.
Con la entrada en vigor del decreto ley 305/2012, Campos Pérez advirtió las oportunidades de las CNA, no solo como un actor no estatal, sino también como una forma de organización diferente a lo que se conocía en la práctica societaria general. También se abrió una divergencia legislativa que persiste.
«En Cuba había y siguen existiendo normas para las cooperativas agropecuarias y para las no agropecuarias. Al principio lo entendí, porque las CNA aparecieron sin que la Constitución vigente en aquel momento reconociera de manera expresa la posibilidad de que sujetos distintos de los agricultores pequeños se constituyeran en cooperativas. Sin embargo, continúan publicándose legislaciones independientes.
«Además, las cooperativas agropecuarias han estado más alineadas con el modelo estatal. Hay una confusión de roles entre el Ministerio de la Agricultura, que desempeña funciones estatales; la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), con fines sociales, culturales, de recreación y capacitación, y las cooperativas, como empresas con un encargo productivo. En cambio, las no agropecuarias han aparecido más cercanas al modelo privado, por lo que existe un divorcio entre unas y otras, y ello no permite hablar de un movimiento cooperativo sólido en Cuba», opinó.
El Dr. en Ciencias Económicas Jaime García Ruiz, profesor titular de la UCLV, advierte que, al refrendarse en la Constitución de la República de 2019 la propiedad cooperativa como una forma distinta de la socialista de todo el pueblo, erróneamente se han ubicado las cooperativas como formas privadas, lo que considera una confusión teórica y práctica tan dañina como la ambigüedad del término «no agropecuaria», que no expresa las actividades concretas de las CNA.
«Deberíamos tener bien definido qué es lo privado y qué es lo social, porque una cooperativa —agropecuaria o no agropecuaria— tiene una vertiente más social que privada, al contrario de los trabajadores por cuenta propia o las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)», acotó Luis Berrío Fleites, presidente de la CNA de Contadores Doctor Enrique Arnaldo Rodríguez Corominas.
Contradicciones y limitaciones
A pesar de que los «Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026» plantean: «desarrollar las cooperativas priorizando aquellas que ofrezcan soluciones al desarrollo económico y social del país y sus territorios, elaborar el marco jurídico para esta forma de gestión, y constituir la entidad del gobierno que conduzca, atienda y represente la actividad», la realidad no se corresponde con la voluntad.
De acuerdo con la Dra. en Sociología Lienny García Pedraza, profesora titular de la UCLV, el desarrollo del sector cooperativo ha estado determinado por las políticas y estrategias del país, caracterizadas por la sectorialidad vertical y la potenciación de la estatalización.
«Las deformaciones experimentadas por las cooperativas expresan las asimetrías que se despliegan en su interior y que afectan su contribución al desarrollo socioeconómico local: entre la propiedad y gestión individual del productor y la propiedad y gestión colectiva que supone la cooperativa; entre la burocratización y corrupción y las relaciones contractuales eficaces y transparentes; entre la autonomía de gestión y la intervención de terceros en asuntos internos de la organización; entre la gestión colectiva y la centralización en la toma de decisiones», especificó.
Asimismo, enuncia varias cuestiones que limitan el funcionamiento y los aportes de las CNA, como la falta de una estrategia de comunicación del sector cooperativo que permita la promoción de sus producciones y servicios, insuficiente visibilidad de las cooperativas por parte de actores locales; centralización en los niveles de aprobación de las CNA, lo que obstaculiza los vínculos horizontales en los colectivos que las integran; desconocimiento de las bases jurídicas, lo cual afecta su funcionamiento interno; ausencia de una política municipal sobre responsabilidad y corresponsabilidad social para entidades estatales, trabajadores por cuenta propia y cooperativas; insuficientes vínculos horizontales entre las cooperativas y los organismos, instituciones, organizaciones y empresas a nivel local.
Además, aprecia que no se cubren las expectativas de las CNA en cuanto a la adquisición de insumos, materias primas y materiales, y a la comercialización de sus productos, debido a la falta de servicios de transportación; que la ausencia de una cultura cooperativa y de la innovación en decisores, actores y cooperativistas afecta la gestión de cadenas de valor, la diversificación y el encadenamiento productivo, y que las relaciones centralizadas y verticales en el sistema institucional agrario y local limitan la cooperación e intercooperación.
Cuestión de estímulos
Independientemente de las probadas ventajas del cooperativismo, tanto en el sistema capitalista como en modelos de construcción socialista, investigadores y socios de CNA comparten el criterio de que en Cuba no se ha fomentado lo suficiente su creación y sostenibilidad.
«Las cooperativas no nacieron con un estímulo que las hiciera más beneficiosas y atractivas que otras formas de gestión, y esa era la propuesta que nosotros hacíamos. A raíz de la aprobación de las mipymes, se les han dado ventajas a estas que las cooperativas no tienen. Algunos dirán que es una manera de franquear el bloqueo; pero, por qué no lo puede hacer también una cooperativa, cómo serán rentables si no se les ofrece la posibilidad», cuestiona la profesora Grizel Donéstevez Sánchez.
«En determinados países, se hace antes una protocooperativa, es decir, se muestra la intención de crearla; sin embargo, solo después del primer balance —donde se constata su rentabilidad— se asienta en el registro mercantil. Eso es muy bueno, porque las cooperativas tienden a ser fuentes de empleo, pero hay que garantizar que mantengan trabajando a las personas. En Cuba tiene que haber incentivo legislativo para que sea mejor el trabajo colectivo que el trabajo individual», sentenció.
Aunque el profesor Yulier Campos Pérez distingue en la legislación cuestiones favorables para todos los actores económicos no estatales, no halla ninguna ventaja exclusiva para las cooperativas.
«Cuando una persona natural consulta una norma para decidirse entre constituir una cooperativa o una sociedad mercantil (mipymes), no encuentra una motivación especial hacia la primera opción. De hecho, en la práctica hay negocios que funcionan como cooperativas sin haber optado por esa forma, ya sea por desconocimiento o porque no perciben ningún beneficio de los que se conceden en otros países, como incentivos fiscales y crediticios, o mejores prestaciones de la seguridad social, para fomentar un tipo de propiedad más cercana al modelo socialista, donde la distribución de los beneficios es distinta de como sucede con la sociedad mercantil capitalista.
«Está bien que el entramado económico sea variado, que exista la opción de constituir un ente asociativo u otro y que coexistan sujetos de diferente naturaleza; pero ha de haber políticas específicas para determinados actores. Cuba, país socialista en el siglo xxi, debe estimular más entes que se parezcan a lo que el modelo económico y social sugiere», añadió.
La profesora Lienny García Pedraza cataloga el cooperativismo como un motor impulsor del desarrollo, especialmente, en las localidades donde el Gobierno tiene la potestad de establecer vínculos entre los diferentes sectores y actores, por lo que considera necesario profundizar en los tipos de relaciones que expresan las cooperativas.
En el caso de la CNA Procura, dedicada a los servicios contables, la falta de estímulos perjudica la remuneración económica de los socios, quienes buscan otras ofertas laborales con mayores ingresos. Así lo ilustra la contadora Liliam Castellanos Pérez:
«En una mipyme hay uno o varios dueños, y el resto son trabajadores contratados. En una cooperativa todos somos socios y cobramos un anticipo de la utilidad. De lo que ingresamos solo percibimos un porcentaje, luego de contribuir con el pago de la carga tributaria y la creación de reservas. Es decir, la cooperativa está actuando como intermediaria entre el socio y el cliente. En cambio, si una mipyme contrata a un trabajador asalariado, este recibiría el pago completo y solo tendría que aportar el impuesto sobre los ingresos personales y su seguridad social. Con tales condiciones, la fuerza de trabajo se está redirigiendo. A pesar de que trabajamos en lugares estratégicos donde hay una fluctuación y un déficit de personal muy grande, no apreciamos ningún incentivo», expuso.
«Las personas llegan preparadas, trabajan bien; luego una mipyme les ofrece un mejor pago y se van. Queremos seguir defendiendo la cooperativa; pero si nadie nos apoya, qué pasará», resume Julio Alejandro Rodríguez Díaz de Villegas, presidente de Procura.
En torno a la seguridad social, sobre todo, en el momento de obtener la pensión por edad se gesta otra desigualdad entre cooperativistas y trabajadores asalariados.
Lo vivió Berrío Fleites con la fluctuación de muchos de los socios de la CNA que preside, quienes «emigraron» hacia el sector estatal para obtener una jubilación de mayor cuantía. Lo vive hoy Marisel Fleites Machado, al cumplir los 59 años, renunciar a la cooperativa Procura para desempeñarse como económica de una mipyme y así elevar el promedio de sus ingresos como trabajadora asalariada.
«Me va a costar acostumbrarme a una nueva dinámica, fuera de esa relación social que hemos consolidado, pero tengo que hacerlo para jubilarme con una pensión decorosa, y más adelante, si es posible, regresar y seguir trabajando aquí, donde tengo un compromiso personal, moral», confesó.
Atención y representación
«El Estado norma las relaciones con las cooperativas sin intervenir en su autonomía y promueve la interrelación entre estas y otras formas de propiedad y gestión. Para la atención y representación de las cooperativas, el Gobierno se auxilia de un órgano estatal constituido a tales fines».
Aunque así lo establece la «Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista», el insuficiente respaldo que brindan las instituciones estatales a las CNA constituye una crítica común entre cooperativistas y académicos.
«La falta de apoyo es nuestro principal problema. Nadie se ocupa de nosotros», afirma Frank Rodríguez Cárdenas, presidente de la CNA Ornitológica Villa Clara, surgida de la asociación homónima y dedicada a la comercialización de aves ornamentales.
«Somos 74 socios con representación en los 13 municipios. Las exportaciones constituyen nuestra prioridad y el país decide los destinos de los montos en divisa que ingresamos, según las necesidades más urgentes. De cada suma, recibimos el 80 % en MLC y el 20 % en CUP, lo cual permite a los criadores el reaprovisionamiento para el cuidado de las especies.
«A pesar de la importancia que se concede a las ventas en el exterior, no pudimos concretar la del mes de diciembre por falta de combustible. No queremos que nos regalen nada, sino que nos permitan comprar lo que necesitamos para cumplir nuestro objeto social. En varias ocasiones hemos pedido ayuda a entidades de la provincia, pero no hay una institución específica a la cual podamos acudir para resolver este y otros problemas», precisó.
Luis Berrío Fleites, presidente de la CNA de Contadores también cuestiona la insuficiente atención por parte de las autoridades de los organismos rectores, que no asisten a las actividades y eventos que desarrollan ni los citan para encuentros sistemáticos con otras formas de gestión no estatal.
«En diez años no hemos podido adquirir ni un teléfono fijo propio de la cooperativa. Se nos dificulta mucho la contratación de proveedores, no tenemos asignación de recursos ni de combustibles, aunque la profesión que ejercemos constituye un asunto de seguridad nacional, porque si hay contabilidad, hay control, menos delitos y menos corrupción.
«Todo este tiempo nos hemos mantenido guerreando, con muy poco apoyo. Habría que revisar por qué han cerrado tantas cooperativas. Muchos cooperativistas no han aplicado correctamente los principios del cooperativismo, pero también ha faltado representación, control, organización por parte de los organismos superiores», dijo.
«No sabemos qué institución es la responsable de una cooperativa y necesitamos que nos asesoren metodológicamente y tengan en cuenta nuestras experiencias para orientar futuras políticas. Ahora surgió el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales; sin embargo, no sabemos nada sobre su estructura en la provincia, nadie se ha comunicado con nosotros», agregó Julio Alejandro Rodríguez Díaz de Villegas, presidente de Procura.
El Dr. C. Yulier Campos Pérez no cree que dicho Instituto —creado para atender a todos los actores económicos no estatales, entre los cuales las CNA son minoría— logre consolidar un movimiento cooperativo nacional.
En aras del protagonismo local que les corresponde a las cooperativas, este año se decidió la descentralización de la aprobación de nuevas CNA y mipymes por parte de los consejos de la administración municipales; decisión que tanto Campos Pérez como la profesora Donéstevez Sánchez juzgan favorable, porque si cada territorio conoce sus necesidades y potencialidades, será capaz, a través de las estrategias de desarrollo, de restituir encadenamientos tradicionales que se han roto y establecer otros nuevos entre todas las fuerzas productivas.
Cooperativas para el socialismo en Cuba
«Los Estados no deben desentenderse de las cooperativas, sobre todo, aquellos Estados que pretenden crear una sociedad más justa y diferente a la sociedad capitalista», sentenciaron los doctores Lienny García Pedraza y Jaime García Ruiz en el artículo «Importancia de la educación cooperativa. Una experiencia cubana».
En correspondencia con el criterio anterior, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLV asevera que «es muy difícil encontrar la solución a los problemas sociales cubanos pensando en sociedades mercantiles capitalistas, cuyo objeto esencial es el ánimo de lucro.
«Los principios del cooperativismo se parecen mucho a lo que aspira Cuba como Estado socialista de derecho, y no lo logra otra forma asociativa. De hecho, en una cooperativa el aporte que importa es el del trabajo, y se corresponde con el principio socialista de distribución “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Creo que son elementos a los cuales no se les ha dado la importancia que merecen y está demostrado que las cooperativas han salvado países en tiempos de crisis. Cuando usted tiene una identidad total con el negocio que gestiona, es muy poco probable que lo deje morir», concluyó.
«A mí también me preocupa esa contradicción, que con aspiraciones tan sociales potenciemos las relaciones capitalistas. No nos cansaremos de alertar sobre esta situación: la empresa estatal socialista se está deteriorando y la empresa privada toma más fuerza. Si las cooperativas se quedan estancadas, qué pasará», insiste Luis Berrío Fleites.
Ante la interrogante de qué cooperativas necesitamos, la presidenta de la cátedra Víctor Figueroa, de la UCLV, responde que no existen modelos únicos. A su juicio, deben insertarse en el sistema de relaciones de producción, cumplir los principios éticos sobre los cuales se sustentan y responder a las necesidades de los territorios, donde los gobiernos locales saben qué sujetos económicos tienen y cómo poner los escasos recursos en función de quienes más producen, para incentivar al resto a trabajar mejor.
Por su parte, Yulier Campos estima imprescindible una ley de cooperativas —prevista para 2026 en el cronograma legislativo— que una con principios comunes dos actores separados durante mucho tiempo, aunque ello no evitará normas específicas. Un ente nacional que represente solo a las cooperativas, las necesarias políticas de fomento y una permanente educación para dotar a los cooperativistas de mejores herramientas resultan otras propuestas del investigador. Tampoco desestima la posibilidad de autorizar en el país las cooperativas de consumo, en las cuales se asocian grupos de personas para adquirir productos con precios competitivos.
Por último, Lienny García enumera, como condiciones esenciales, cumplir los principios y valores del cooperativismo, reforzar el ejercicio de la participación de los socios, construir y preservar un patrimonio gestado y gestionado de manera colectiva, mantener la autonomía, evitar la intervención de terceros en la toma de decisiones; articularse con el entorno, como sujetos del desarrollo, y lograr un liderazgo cooperativo, pero en equilibrio con la salud financiera de la organización, su vocación social y la cultura cooperativa.
Se trata, ante todo, de la supervivencia de un modelo de gestión necesario, con mucho que aportar y salvar en un país que aspira a la construcción del socialismo en condiciones extraordinarias.