El texto establece una estructura integrada por 20 ministerios, entre ellos los nuevos ministerios de Agroalimentación; Economía, Finanzas y Planificación; Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Deportes y Recreación; Industrias y la Construcción; e Información y Comunicación Social. También propone el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que concentraría competencias actualmente dispersas en varias entidades
. Entre las principales novedades figura la creación de nuevas carteras ministeriales y la fusión de otras existentes.
Los 20 ministerios propuestos
- Ministerio de Agroalimentación
- Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera;
- Ministerio de Cultura;
- Ministerio de Deportes y Recreación;
- Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación;
- Ministerio de Educación;
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;
- Ministerio de Energía y Minas;
- Ministerio de Industrias y la Construcción;
- Ministerio de Información y Comunicación Social;
- Ministerio de Comunicaciones
- Ministerio de Justicia;
- Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda;
- Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Ministerio de Salud Pública;
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
- Ministerio de Turismo;
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;
- Ministerio del Interior
- Ministerio del Transporte.
Principales cambios en el mapa ministerial
- Agricultura e Industria Alimentaria se integran en el nuevo Ministerio de Agroalimentación.
- Economía y Planificación se fusiona con Finanzas y Precios para crear el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación.
- Educación Superior incorpora Ciencia y Tecnología.
- Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reúne funciones antes dispersas entre varios organismos.
- El INDER se transforma en Ministerio de Deportes y Recreación.
- Surge el Ministerio de Información y Comunicación Social como cartera independiente, a partir del actual Instituto de Información y Comunicación Social.
La iniciativa reafirma que la Administración Central del Estado estará subordinada al Consejo de Ministros, mientras que el primer ministro ejercerá el control y seguimiento directo de los organismos que la integran.
Asimismo, precisa los mecanismos para la creación, modificación o extinción de ministerios y otras entidades estatales, facultad que corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular y, entre períodos de sesiones, al Consejo de Estado.
El proyecto también detalla las funciones comunes de todos los organismos estatales, entre ellas la formulación y ejecución de políticas públicas, la promoción de la participación popular, la protección de derechos, la coordinación con los territorios y la incorporación de la ciencia, la innovación y la transformación digital en la gestión pública.
Uno de los aspectos más relevantes es la redistribución de competencias estratégicas. La educación superior, la ciencia y la tecnología quedarían bajo una misma institución; la política ambiental se integraría con la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la vivienda; mientras que la comunicación social adquiriría rango ministerial independiente de las telecomunicaciones y la transformación digital, materias que continuarían bajo el Ministerio de Comunicaciones.
Según los fundamentos del proyecto, la reorganización responde a la necesidad de “reordenar, redimensionar y perfeccionar” la Administración Central del Estado a partir de la experiencia acumulada en los últimos años, con el objetivo de elevar la eficacia de la función administrativa y mejorar la conducción de las políticas públicas.
La Asamblea Nacional pone este texto a disposición de la población, con el objetivo de promover la participación ciudadana en el proceso legislativo con sus opiniones y contribuir a la cultura jurídica del pueblo cubano.