A pesar de los reiterados controles e inspecciones a entidades estatales para erradicar el robo de combustibles, las sustracciones continúan en Villa Clara y otros territorios del país. Sin duda, un golpe para la economía cubana en momentos en que urge ahorrar al máximo el también denominado oro negro.
Según datos aportados por la Oficina Nacional para el Control y Uso Racional de la Energía (ONURE) del patio, en 2018 la provincia registró bajos índices de comercialización de diesel en la red de servicentros de Cimex, en comparación con los 628 carros privados que poseen licencia operativa.
En ese período, el promedio de ventas mensuales en los mencionados establecimientos fue ínfimo y actualmente alcanza un poco más de 1 litro por vehículo.
Este año el escenario resulta similar a la etapa precedente. Fisuras en el control del importante recurso son la causa principal de estos desmanes, que son aprovechadas por personas inescrupulosas para desviar el combustible asignado, venderlo en la bolsa negra y lucrar con lo que tanto le cuesta al Estado.
En 18 acciones de control a entidades de la economía y los servicios, 11 de ellas obtuvieron calificación de deficiente, lo que representa el 60 % de los centros visitados.
Asimismo, las afectaciones económicas estimadas en la provincia en el 2018 en las empresas inspeccionadas con resultados deficientes ascendieron a 17 546,80 pesos (CUC), y 6 436,52 pesos (CUP).
Para tener una idea de la magnitud del problema, en esa etapa, de los 305 despachos mensuales realizados a centros altos consumidores, algunos no justificaron el combustible faltante en dos meses o más.
¿Dificultades detectadas? Fallos en el control de las tarjetas magnéticas como está regulado, así como su falta de personalización de las mismas, incorrecto uso de los sistemas de gestión y control de flota (GPS) al no cumplir con lo establecido en los procedimientos aprobados, deficiencias en la normación de los índices de consumo de combustible por equipo y un sobreuso del mismo por encima del 5 %.
Ante este dilema, en septiembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas, a fin de enfrentar este tipo de desfalco.
Las acciones comprenden la personalización de las tarjetas magnéticas por vehículos y por responsables, para que el control llegue hasta su consumidor final.
También, el análisis mensual de las operaciones asociadas a dicho tema en los consejos de dirección, con el propósito de elevar la exigencia en el cumplimiento de los mecanismos de control por parte de las administraciones, y un mayor rigor a la hora de imponer las medidas disciplinarias a quienes incurren en violaciones.
De igual forma, se aplica la reducción del 50 % del combustible destinado a las administraciones, entidades y directivos con auditorías, verificaciones fiscales, y acciones de control deficientes.
A ello se suman los planes de enfrentamiento al robo del preciado recurso que deben existir en cada instancia, así como el levantamiento de las tarjetas prepagadas de combustibles, y de las personas y vehículos a los que se les asigne.
Apremia reforzar el control para eliminar el uso indebido o hurto, tarea obligada de las direcciones y administraciones para terminar de una vez con este flagelo.
Vale también continuar apelando a la conciencia de cada cual, mucho más en momentos que el país transita por una difícil coyuntura financiera.
Aplicar medidas más enérgicas con los infractores contribuiría a mitigar la situación, pues como comentó el ingeniero Jorge Díaz Llanes, al frente del Departamento de Fiscalización de la ONURE en Villa Clara, son los propios directores y personal administrativo los responsables de hacer un uso eficiente de los portadores energéticos, y de evitar las sustracciones indebidas, al dejar brechas en el control, por donde se escapa el combustible.