Si el mes de julio estuvo marcado por el bien recibido incremento salarial al sector presupuestado, agosto se ha caracterizado por la aprobación de los precios máximos al sector no estatal.
Una decisión que, sin camisa de fuerza, se ha ajustado a las características de cada provincia del país, con la potestad adicional otorgada a los consejos de administración municipales de adaptarlos a las particularidades del territorio en cuestión.
En el caso de Villa Clara, la medida entró en vigor el lunes 12 de agosto y desde entonces los llamados precios topados han estado en el hit parade de la información; o sea, en el tope de la popularidad. De golpe y porrazo, y para bien, se pasó del desorden de los precios «dopados » –donde cada cual ponía e imponía el de su conveniencia- a los precios topados por el Gobierno, representante legítimo de los intereses del pueblo y del Estado socialista.
De inmediato las reacciones fueron diversas, pero contando siempre con el apoyo mayoritario de la población. Sin desconocer que se ha tenido que lidiar desde su puesta en práctica con los intentos de burlar la disposición gubernamental por un grupo de trabajadores por cuenta propia.
Los modus operandi han sido diversos, y varían desde no concurrir al desempeño de sus obligaciones contractuales -como ha pasado con los porteadores privados, especialmente los conductores de motonetas-, hasta los más sutiles de trasladar los horarios de expendio de alimentos para rehuir el control de los inspectores y violar los precios máximos establecidos.
Incluidos, además, aquellos opuesto de manera abierta a la decisión, quienes han pretendido imponer su voluntad a costa del bolsillo del pueblo. Actitudes repudiables que ha enfrentado el Gobierno, quien no ha dejado de hacer los mayores esfuerzos para hacer cumplir lo establecido en el acuerdo 255 del Consejo de la Administración Provincial.
Contra esas engañifas también ha estado vigilante la población villaclareña, que ha empleado diversas vías para las denuncias, tanto los teléfonos y correos electrónicos habilitados en la provincia y los 13 municipios, como a través de los sitios digitales en Internet y el uso de las redes sociales.
En un estudio de tendencias que evaluó el Grupo de Enfrentamiento del Poder Popular Provincial, trascendió que se mantienen insatisfacciones por el lento accionar de los órganos de control, y una parte de la población considera que las medidas a aplicar debieran ser de un mayor rigor y efectividad.
Y no es que nada se haga, al contrario. Entre el lunes 26 y el martes 27 de agosto fueron realizadas 608 inspecciones; 180 de ellas, al transporte, talón de Aquiles de los precios topados; otras 94 a los carretilleros y 83 a los aún llamados Mercados de Oferta y Demanda, pero todavía los efectos son bien pálidos con predominio de las conocidas advertencias y la exhortación a que no lo hagan más.
De ese monto de inspecciones, solo se retiró una licencia operativa y las multas aplicadas andan bien alejadas de la cantidad de infracciones y violaciones que a diario ocurren.
En dicha reunión se conoció, además, sobre la persistencia de quejas sin tramitar; de estas, más del 90 % perteneciente al municipio de Santa Clara, así como incongruencias en la información brindada por los municipios.
Claro que la sabiduría popular le ha encontrado no pocos resquicios a la medida y hacia allí han estado igualmente encaminados los reclamos. Los más recurrentes se relacionan, en el caso del transporte, con los precios a los tramos intermedios de muchos de los destinos, no siempre delimitados; y respecto a los alimentos, el hecho de que no se les haya puesto precios máximos a los ahumados y a otros tipos de carne, como la de carnero y conejo, por citar dos ejemplos.
¿Ha llegado el fin de la historia de los precios topados? Ni por asomo. Pero si creo que finaliza, poco a poco, la época de la barbarie de los precios de oferta y demanda, que no eran tal cual, pues dada la poca oferta y la alta demanda, lo que existían eran precios desmedidos y bien alejados del bolsillo de la mayoría.
Al final, la batalla la debe ganar el Estado socialista, único capaz de asegurar la plena satisfacción de toda la población y la vía a seguir pasa por elevar la producción y su diversificación. En tanto, seguiremos utilizando fórmulas intermedias como las ferias dominicales y otras que pudieran adicionarse por el camino, sin volver a caer ni en el populismo ni en el falso igualitarismo, en el que ya más de una vez incurrimos.
El incremento salarial de julio y los precios topados de agosto han sido dos medidas de alto impacto popular. Esta última, con sus imperfecciones logró cumplir con el reclamo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel de detener la tendencia negativa del aumento de los precios. En lo adelante, el camino estará mejor desbrozado.