La paja en el ojo ajeno. La terrible indolencia de la asimilación muda. La evasión frente a lo «inevitable ». ¿Que alguien tiene que asumir ese trabajo? ¿Que si hubieran estudiado más podrían hacer algo mejor? Atropellamos las respuestas, antes, incluso, de atrevernos a cuestionar sus porqués. Sabemos que no está bien; sin embargo, por alguna causa que 
preferimos sofocar en nuestro subconsciente, damos por hecho que algunas ocupaciones no merecen más ni mejor.
Si las tripulaciones de Comunales recogen escombros y desechos de toda clase con sus propias manos cero guantes, nasobuco o uniforme; si las empleadas de las tiendas de divisa pasan hasta nueve horas apostadas, de pie y sin autorización para reclinarse sobre una banqueta, en las puertas o tras un mostrador; si el personal de cocina de grandes empresas labora cada día ahogándose entre humos y sudores colectivos; si quienes deben velar en las noches por la seguridad de los bienes estatales ni siquiera tienen un baño, ¿por qué el asombro ante la apatía, la mengua del sentido de pertenencia y el éxodo de obreros?
Los recientes recorridos de los equipos de trabajo encabezados por Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Partido en Villa Clara, no solo develaron infracciones administrativas en lo concerniente al ahorro de energía eléctrica. Las condiciones laborales precarias mostraron una indolencia inaceptable, que no se limita a carestías objetivas, sino a violaciones explícitas de los empleadores.
Citemos entonces uno de los más sentidos ejemplos. El rostro común de la vigilancia nocturna en la isla muestra, quizás como pocos sectores, el envejecimiento de una sociedad donde una elevada cifra de sus adultos mayores necesita continuar trabajando después de la edad de jubilación. Según la edición del 2017 del Anuario Estadístico de Cuba (Empleo y Salarios), la cifra de ciudadanos que rebasan los 60 años de edad, vinculados laboralmente, supera las 349 mil personas, y para nadie resulta un secreto que la mayor reserva de custodios de nuestro país proviene, precisamente, de las generaciones que más han vivido. Entonces, ¿cómo es posible que tantas instituciones del Estado no garanticen las condiciones indispensables para esta fuerza obrera vital y, encima, vulnerable?
La primera secretaria del PCC en la provincia conoció de la empresa donde un custodio de 70 años debe viajar desde Hatillo hasta Santa Clara con cuatro o cinco horas de antelación para llegar a tiempo a su guardia, aunque no tiene una hornilla o fogón donde calentar la comida que trae desde su casa, ni un teléfono para comunicarse en caso de urgencia, ni un simple servicio sanitario.
«Pero también encontramos a otros que solo cuentan con una banqueta sin espaldar para pasar toda la noche en vela, y si necesitan enfriar un pomo con agua o guardar sus alimentos, dependen de la caridad de los vecinos, porque en su centro nadie pensó que, mientras todos descansan, un anciano se responsabiliza por lo que concierne al colectivo. Lo que sucede es que son los menos los jefes que se ponen bajo la piel de quienes desempeñan funciones aparentemente menores », aseguró Rodríguez Hernández.
Así se supo de los cocineros y demás empleados en las cocinas centrales de los hospitales pediátrico y Arnaldo Milián Castro, quienes pasaron los meses de verano trabajando en condiciones, literalmente, asfixiantes: las chimeneas tiradas en el suelo, y ni directivos ni personal de mantenimiento se personaron para comprobar la situación. Y de las auxiliares de limpieza que deben utilizar los utensilios de sus propias casas «porque el presupuesto no dio para más »; las que piden agua en las viviendas colindantes para poder limpiar la escuela, pues por medio metro de tubo no llega el servicio de acueducto a la cisterna; o los que prefieren probar suerte en la calle antes de continuar vendiendo ¡durante más de 12 horas diarias! en un kiosco sin ventilación, agua potable ni inodoro.
El artículo 127 Capítulo XI, Seguridad y Salud en el Trabajo (Sección Primera) del Código de Trabajo, expresa que «el empleador está obligado a cumplir la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo y adoptar las medidas que garanticen condiciones laborales seguras e higiénicas ». Por su parte, el artículo 69 de la nueva carta magna establece lo siguiente: «El Estado garantiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales ». En resumen, los deberes no son opcionales ni se interpretan según arbitrio administrativo, y tampoco en materia cívica y moral existen grados diferenciados de dignidad para distanciar a unas u otras profesiones.
No sé entonces si llamarle responsabilidad ciudadana, civilidad o humanismo elemental, aunque opino que de todo ello habremos de nutrirnos si esperamos que la Cuba pretendida desborde los marcos legales, y la letra se transmute en una genuina sociedad de respeto e igualdad de derechos.
Las diferencias, amén de inevitables, no pueden constituir un argumento normalizado para edificar a algunos mientras se invisibiliza a otros, pues ni las «cumbres » son tan altas, ni los «comunes » prescindibles.