¿Hasta cuándo abusarán de los precios y la reventa a la vista de todos? ¿No tendrá solución tanto «candongueo »? Son preguntas del pueblo, indignado ante una impunidad que ha llegado a límites estratosféricos.
Hoy, la «revendedera » y la violación de precios suceden y nada pasa; al contrario, cada día son más los inescrupulosos que acaparan lo poco del mercado para luego encarecerlo de manera abusiva; como si se tratara de un tipo de mafia a la cubana, como algunos le han denominado.
Conseguir artículos de primera necesidad tales como detergente, jabones, pasta dental o papel higiénico, por citar algunos ejemplos, resulta agónico, y no pocas veces misión imposible. Sin embargo, fuera de los establecimientos comerciales, en casas particulares y en nuestras florecientes «candongas » todo se encuentra al por mayor y sin «escondedera » alguna, como si fuera normal y no un franco desacato a lo dispuesto.
También los transportistas privados siguen haciendo su zafra a costa de Liborio y vulneran los precios topados a cara destemplada, a pesar de los ventajosos precios al combustible aprobados recientemente por el Estado. Y no hablemos de los carretilleros y los concurrentes a los mercados de oferta y demanda, donde un precio exhiben las tablillas y otro bien distinto es el que cobran.
Enfrentar estas ilegalidades y hacerlo con control y exigencia constituye prioridad del gobierno de Villa Clara, que por estos días crea las condiciones organizativas para que todo fluya de manera disciplinada y ordenada, bajo del principio de firmeza y cero tolerancia a las ilegalidades y a la reventa de mercancías.
Nada fuera de la ley ni dictado en las normativas del trabajo por cuenta propia será permitido, sin que ello se convierta en una cruzada contra esa modalidad del trabajo no estatal, sector emergente y complemento importante de nuestra economía, tal y como define la conceptualización del modelo económico cubano y lo refrenda la Constitución.
Por lo tanto, como ha insistido el gobierno de la provincia, no será una cacería de brujas contra los trabajadores por cuenta propia (TCP), sino contra las ilegalidades. Tampoco será prohibir las áreas comunes cinco en Santa Clara, aunque las ubicadas en la zona hospitalaria resultan las más connotadas. Se trata del reordenamiento y de un regreso a la normalidad, que en honor a la verdad, no han tenido nunca.
Se ha aprobado un cronograma que será dado a conocer por escrito a cada titular del trabajo por cuenta propia, con la obligación estricta de asistir, y habrá reuniones colectivas en cada área, presididas por el gobernador provincial, como máximo representante del pueblo.
Encuentros similares tendrán lugar en las 10 piqueras existentes en la capital provincial. Oportuno entonces, poner los puntos sobre las íes para evitar malos entendidos y el consabido «yo no lo sabía ».
Igual sucederá con los concurrentes a las dos ferias dominicales, con los carretilleros y con todos aquellos TCP que a diario asisten a los tres mercados santaclareños, quienes tendrán similares reuniones de alerta y advertencia. Incluso están previstos análisis individuales con cada cuentapropista en aras de no dejar brechas a la espontaneidad ni al descontrol.
Luego de tales acciones, toda ilegalidad detectada será enfrentada con apego a la ley, y con firmeza. Los grupos permanentes están constituidos. De cumplirse lo planificado, los resultados deberán verse en los próximos días.
Esperemos. Aunque por experiencia de otras ocasiones quede la duda en Liborio de si se trata de otra campaña más de una de las tantas realizadas hasta la fecha, y que pasada la furia inicial, todo vuelva en reversa al punto inicial.
La magnitud y complejidad del asunto no harán fácil el empeño. Mas, no queda otra alternativa que enfrentarlo con la justeza de la ley, que no puede evadirse, y la esperanza del éxito, que no puede perderse. Lo contrario sería caminar sobre nuestros propios errores y hacer peligrar la inmensa obra de amor y sacrifico construida a lo largo de más de seis décadas.
El pueblo lo exige y merece el debido respeto.