A pocos días de conmemorarse el aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Gobierno de Estados Unidos colocó la cereza sobre el pastel, con la ratificación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Se trata de un mecanismo para sancionar a las naciones que, a consideración de la Secretaría de Estado norteamericana, han brindado apoyo de manera reiterada a actos de terrorismo internacional. La primera designación de la mayor de las Antillas se extendió de 1982 hasta 2015, cuando el presidente Barack Obama la rescindió, como paso determinante
hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. Sin
embargo, el 12 de enero de 2021, a sólo días de culminar su mandato
presidencial, Donald Trump cerró con broche oxidado la avalancha de
medidas coercitivas desatada en el segundo semestre de 2019.
Una mirada a lo ocurrido en los últimos meses basta para rebatir una decisión carente de argumentos coherentes y, por tanto, de respaldo internacional.
¿Lograría un país patrocinador del terrorismo congregar a representantes de más de un centenar de Estados miembros del Grupo de los 77 y China, para reflexionar sobre los retos del desarrollo, fundamentalmente, para las naciones del Sur?
¿Conseguiría un país patrocinador del terrorismo 187 votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos durante más de 60 años?
¿Podría un país patrocinador del terrorismo reunir a 361 invitados de 54 naciones dispuestos a pensar, dialogar y actuar por el bien de la patria, como ocurrió en la IV Conferencia La Nación y la Emigración?
¿Se preocuparía un país patrocinador del terrorismo por presentar resultados y aceptar recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para seguir consolidando la «dignidad, libertad y justicia para todas las personas»?, como aboga la campaña de este año en saludo al 10 de diciembre.
Precisamente, en noviembre, Cuba se sometió al cuarto ciclo del examen periódico universal que realiza este organismo, y entre los resultados de la revisión correspondiente al período 2018-2023, se aprecia una mayor protección y promoción de los derechos humanos, sin discriminación por ningún motivo; la actualización legislativa, que ha incluido más de un centenar de normas jurídicas de rango superior luego de la Constitución de la República, refrendada en 2019; la mirada priorizada a los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, personas adultas mayores y en situación de discapacidad, entre otros grupos específicos; el perfeccionamiento de los mecanismos de participación popular en la toma de decisiones, la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, el fortalecimiento de la cooperación con la maquinaria de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la disposición a mantener un diálogo genuino y transparente en torno a estos temas, y la voluntad de «seguir trabajando para garantizar una sociedad más próspera y sostenible, y alcanzar un orden internacional justo, democrático y equitativo».
Volviendo a la lista, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), «su aplicación
en el caso de Cuba es —en el mejor de los casos— cuestionable. Más allá de servir como caballo de batalla en la arena política, la designación también tiene efectos tangibles que hacen más difícil la vida de las personas, tanto dentro como fuera de la isla».
¿Estará mejor protegido el mundo de los horrores del terrorismo desde que la mayor potencia global refuerza el hostigamiento o «estrena» agresiones hacia un país pequeño, subdesarrollado, endeudado y bloqueado?
¿Estará mejor protegido el mundo si se incrementa la persecución financiera a Cuba para impedir el acceso a combustibles, alimentos, medicamentos, equipos, partes y piezas, materias primas, tecnologías y softwares que contribuirían a mejorar las condiciones de vida del pueblo?
¿Estará mejor protegido el mundo cuando el castigo dirigido al Gobierno cubano limita las libertades de los ciudadanos de otros países, incluso, de los propios norteamericanos?
Si el fin del terrorismo depende de las listas y sanciones del Gobierno de Estados Unidos, y, en nombre de esta causa, viola y anula a su antojo los derechos humanos, no hemos aprendido nada en 75 años.