En semanas de contingencias energéticas e hidrometeorológicas, la comunicación también se ha vestido de campaña, con rutinas que demandan urgencia, vigilancia y precisión. ¡Tremendo bautizo para la primera ley que regula la actividad en Cuba!
Cuán estable permanece el Sistema Eléctrico Nacional, qué termoeléctricas funcionan, y cuáles afrontan averías y mantenimientos, cuándo atracará el próximo buque con combustible para la generación distribuida, cómo se garantizarán producciones y servicios vitales, qué indican los pronósticos sobre eventos meteorológicos con posibilidades de afectar a Cuba; cuáles son las últimas orientaciones de la Defensa Civil y las autoridades locales para la protección de personas, animales y recursos en cada territorio; cómo marchan las labores de recuperación y cuántas muestras de solidaridad llegan a las regiones afectadas, han despertado máximo interés en los últimos días.
Estas y otras muchas interrogantes exigen a los medios y profesionales de la comunicación, las entidades estatales y las organizaciones políticas y de masas una actualización informativa permanente, profundizar en cuestiones que así lo requieran y desmentir noticias falsas o verdades a medias.
Entre sus aportes, la Ley 162/2023 dicta cómo gestionar la comunicación social en momentos de crisis, con el propósito de prevenir, enfrentar y mitigar los efectos de situaciones de diversa naturaleza que ponen en riesgo el normal funcionamiento de una actividad, organización, sector, territorio o el país.
Se multiplica, entonces, la necesidad de ofrecer información veraz, objetiva, oportuna, actualizada, contrastable y comprensible, según establece la propia norma jurídica, devenida amparo legal y guía para ejercer mejor la responsabilidad que hemos asumido en tantas ocasiones anteriores.
Las prácticas comunicativas se modernizan y enriquecen con la instantaneidad, la diversidad de formatos y las cuotas ilimitadas de espacio y tiempo en el entorno digital. Tanto las organizaciones mediáticas como las entidades responsables de ofrecer información pública, refuerzan el quehacer en páginas web y perfiles en redes sociales, mientras ganan seguidores los canales y grupos en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram.
Sin embargo, la falta de cobertura de la telefonía celular en algunas zonas, la imposibilidad de recargar baterías por los prolongados apagones y el hecho de que muchas personas no cuentan con un dispositivo móvil, ratifican el protagonismo de los líderes comunitarios y la efectividad de métodos tradicionales, como la divulgación cara a cara, mediante altoparlantes o radiobases, los mensajes colocados en espacios públicos, la habilitación de teléfonos fijos y el aporte de los radioaficionados.
Ante la heterogeneidad de actores y contenidos, se imponen profesionalidad, ética y mesura, para verificar y contrastar datos antes de publicarlos o compartirlos, rectificar a tiempo los errores que se cometan; alertar sin generar pánico, incertidumbre o contradicciones ni ocultar hechos; evitar la sobresaturación informativa, fomentar el diálogo y la participación ciudadana, y cerrarle el paso a la manipulación deliberada que se cuela a través de las fisuras de un trabajo mal hecho.
Por supuesto, resultan inadmisibles el divorcio entre el sistema comunicacional y la sociedad en la cual se inserta, la negación de las palabras con los hechos o la exigencia a los comunicadores de acciones que corresponden a gobernantes, empresarios o funcionarios públicos.
En un contexto que vuelve tan frágiles la legitimidad y la credibilidad, apremian la coherencia, el compromiso social, la empatía y el respeto, porque no es lo mismo comunicación de crisis que crisis de comunicación.