La felicidad de Julio César y su niña Anabel se trastocaron en dolor en un abrir y cerrar de ojos, cuando al transitar en motorina por una céntrica calle de Santa Clara, cayeron en uno de los tantos huecos abiertos por una entidad estatal; accidente que les causó múltiples lesiones a ambos.
Como ese incidente, a diario resultan varios los percances de igual magnitud ocurridos a causa de la indolencia de personas —particulares o estatales— que, con autorización o sin ella, se dedican a romper las calles, abrir zanjas u otras acciones, con el objetivo de colocar tuberías, ejecutar acometidas o reparar algunos de los muchos salideros que abundan por doquier.
Tal fenómeno afecta no solo a las personas. También los ciclos y vehículos sufren diversas averías por esta penosa realidad, la cual forma parte de las múltiples indisciplinas sociales cometidas en todas partes y evidencia la dejadez de quienes tienen la obligación de poner coto a esa situación.
Se conoce que, en la mayoría de los lugares, para poder trabajar en una arteria se necesita solicitar un permiso a las autoridades correspondientes; sin embargo, ese proceder casi nunca se materializa, y si ocurre, luego no tiene el seguimiento requerido por quienes deben velar por su cumplimiento, lo que provoca que haya zanjas y huecos sin solución durante meses e, incluso, años.
Lo que más molesta a la población es que el mal ejemplo comienza muchísimas veces por algunas instituciones estatales, que inician trabajos y luego eternizan su terminación o nunca concluyen la obra. Ello, además de afear el ornato público, provoca el lógico malestar de la población.
Ejemplos de lo anterior sobran en cualquier parte, como una de las tantas manifestaciones de la indisciplina social que prolifera en la actualidad, algo muy preocupante si se tiene en cuenta la imposibilidad del país de asignar los recursos necesarios para acometer la reparación de las vías afectadas por ese flagelo.
Ante tal transgresión, urge poner freno a los picacalles, sean particulares o estatales, para lo cual se impone el trabajo mancomunado de los inspectores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, además del funcionamiento de las organizaciones de la comunidad, que también pudieran contribuir a poner orden ante un problema tan serio.