Muchísimos temas nutren el debate entre y sobre los actores que reconfiguran el panorama económico cubano. La aprobación de más de 230 mipymes privadas, distribuidas en 11 municipios de Villa Clara, nos motiva a continuar indagando sobre la experiencia, los logros y las demandas de estos emprendedores.
«Todo empresario debe tener dos aliados fundamentales: un abogado y un económico », asevera Miner Linares Rodríguez, más como un colega que como director provincial de Economía y Planificación. Aunque los documentos exigidos por la plataforma de actores económicos en la que se ingresa la solicitud de aprobación no lo plantean de manera explícita, la intervención profesional facilita cualquier trámite.
Tengamos en cuenta que muchas de las personas que se enrolan en la creación de una micro, pequeña o mediana empresa conocen hasta el último detalle de su ciclo de producción de bienes o prestación de servicios, pero necesitan ayuda para administrar y proyectar su negocio en el futuro, de acuerdo con las responsabilidades inherentes a una persona jurídica.
Con la ley en la mano
Desde Texmyco S.U.R.L., una mediana empresa que produce y comercializa muebles y colchones, su socio único, Ronal Chaviano Fabián, entiende el reto que implican los cambios y la novedad de las legislaciones para los juristas. «Algunos sí comprenden con agilidad las normas, pero otros no lo han logrado, y muchas veces hemos tenido que interpretar, preguntar y esperar una respuesta que no es lo suficientemente rápida para los tiempos que vivimos ».
Otra empresa privada radicada fuera de la capital provincial recurrió a dos profesionales del Derecho, pero ninguno alcanzó la profundidad de análisis necesaria. Persisten detalles por corregir en cuanto a los estatutos sociales y no han faltado conflictos a la hora de concertar contratos.
Aunque no podemos asumir como generales estas experiencias, una sola basta para llamar la atención. Resulta imprescindible que las orientaciones, tanto de entidades jurídicas como gubernamentales o empresariales se correspondan con el contenido de la legislación, para evitar desinformaciones, atrasos y ambigí¼edades.
Como sujetos del decreto ley 349/2017, las mipymes deben contratar el asesoramiento jurídico para su funcionamiento, tanto en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) como en la Empresa de Consultoría Jurídica, entidades con una estructura desplegada hasta los municipios.
Al igual que otros juristas, el máster Pedro Pablo González Martínez, abogado del bufete n. º 3, de Santa Clara, no solo interviene en la creación y representación de mipymes privadas, sino que también imparte entrenamientos a los colegas interesados en superarse.
A solicitud del cliente, concibe como paso inicial, una entrevista con los futuros socios para asesorarlos sobre el marco legal general, cuán aconsejable resulta la creación de una mipyme para su emprendimiento, si todas las actividades que pretenden realizar son licitas y posibles, las características iniciales del proyecto y los pasos a seguir.
El proceso continúa con el contrato, la recogida de información y la elaboración de los estatutos; la ejecución de la solicitud al Ministerio de Economía y Planificación (MEP), y los trámites posteriores en Banco, Notaría, Registro Mercantil, Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Registro Central Comercial y demás instituciones pertinentes.
Una vez constituida la mipyme, sí resulta obligatorio el asesoramiento legal para la organización de la documentación básica, la contratación, las actividades de contabilidad y finanzas (solo asesoría jurídica), y otras prioridades.
Aunque el Bufete Colectivo n. º 3 de la capital provincial es el único especializado en personas jurídicas, el Dr. C. Jorge Luis Barroso González, subdirector de la ONBC en Villa Clara, asegura que los servicios no se concentran en este centro, pues en casi todos los bufetes hay abogados preparados para asumir la responsabilidad.
Otra entidad autorizada por el Ministro de Justicia para ofrecer asesoramiento a los nuevos actores económicos es la Empresa de Consultoría Jurídica. Según su subdirectora técnica, Arasay Tejeda Benavides, cuenta con 14 grupos de trabajo uno en cada municipio y dos en Santa Clara y 76 consultores, dispuestos a acompañar a los emprendedores desde los momentos previos a la formalización de la solicitud ante el MEP. Sin embargo, muchos de ellos solicitan la ayuda especializa cuando la plataforma rechaza u orienta corregir alguno de los documentos ya entregados.
«No les imponemos nuestros servicios a nadie, pero ayudamos a todos los que se nos acercan. El objetivo consiste en crearle un futuro a esa empresa y que prospere como actor económico, no que “muera†a los cinco años », refirió.
Después de mucho preguntar, Yoandy Riverón hizo efectiva la excepción contenida en el artículo 3.3 del decreto ley 349/2017, y se convirtió en asesor jurídico propio de Calzados Jona`s S.U.R.L.
«Cuando nos acercamos a la Consultoría Jurídica, donde encontramos excelentes profesionales, nos dimos cuenta de que no era suficiente con una o dos veces por semana. Por la dinámica productiva y comercial de nuestra empresa, resulta necesaria la presencia permanente de un especialista para ayudarnos a alcanzar los objetivos propios de una empresa privada en un entorno complejo, no solo por el bloqueo impuesto a Cuba, sino, además, por un grupo de restricciones y un pensamiento económico todavía discrepante con estas formas de gestión.
«Tras varios meses de indagaciones y espera, formalizamos un documento y nos presentamos en el Ministerio de Justicia. La directora de Asesoría Jurídica nos dijo que era viable y, para nuestra sorpresa, en menos de 15 días nos confirmaron que el ministro autorizó la contratación de un jurídico propio, aunque no renunciamos al consultor que nos asesoraba antes ».
Si bien la actualización sobre la asesoría legal y la representación a estas formas económicas recién aprobadas demandan mucha autopreparación, la alianza entre la Universidad Central «Marta Abreu » de Las Villas y la Unión de Juristas en la provincia ha permitido varias capacitaciones a los profesionales del Derecho, de manera presencial o virtual.
El máster Dargel González González, profesor auxiliar de Derecho Mercantil y presidente del Capítulo Provincial de Derecho Mercantil, Económico y Financiero, resalta la amplitud e integralidad de los cursos de posgrado impartidos en Santa Clara y otros municipios, sobre todo el contenido del decreto ley 46/2021.
A su juicio, la superación debe incluir a todos los cuadros y funcionarios que interactúan con las mipymes y necesitan elevar su nivel técnico para evitar dar orientaciones erróneas a los emprendedores.
Las cuentas claras
Entre tantas responsabilidades derivadas de la autonomía empresarial asumida por las mipymes, el Artículo 92 del decreto ley 46/2021 establece la obligación de llevar la contabilidad de sus operaciones, en correspondencia con las Normas Cubanas de Información Financiera.
Para los líderes de negocios preexistentes consolidados en esta práctica, o preparados para asumirla aunque comiencen de cero su emprendimiento, no supone un problema.
Sin embargo, otros ni siquiera son capaces de cubrir la inversión para comprar una computadora, instalar un programa certificado y capacitar a las personas que desempeñarán la actividad contable. En esa situación se encuentran Adrián Díaz Machado, presidente S.U.R.L. Primaveral, de Ranchuelo, y Ronal Chaviano Fabián, al frente de Texmyco S.U.R.L.
Ronal no contrató un contador profesional, sino a una persona de confianza a quien está preparando con la ayuda de amigos y cursos que ha impartido la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC) en Villa Clara. Hace poco recibió el crédito bancario para financiar el costo de la computadora y la instalación del software Versat.
Mientras, Adrián sí cuenta con una especialista, ya jubilada, que se dedicó a la contabilidad en varias empresas del municipio; pero aún espera por la aprobación del crédito para financiar los gastos necesarios. Entre tanto, registra la actividad económica de manera manual, con la asesoría de grupos en Telegram y WhatsApp, y el apoyo de entidades de la localidad.
También existe la posibilidad de contratar los servicios contables a mipymes y cooperativas no agropecuarias, como la CNA Contadores «Dr. Enrique Arnaldo Rodríguez Corominas ». Su presidente, Luis Berrío Fleites, asevera que «todo negocio necesita registrar sus hechos económicos, como herramienta para que los directivos o dueños tomen decisiones.
«Muchas veces a los trabajadores por cuenta propia solo se les pide dar cuenta de ingresos y gastos. No se ha creado una cultura sobre cómo administrar un negocio y esa deformación de ha ido trasladando a los nuevos actores económicos. Algunos no entienden que el capital social pertenece a la empresa y no a un individuo, lo cual repercute en el servicio que brindamos como contadores, cuando les explicamos la necesidad de controla lo que tienen en caja, en el banco, en inventario, la fuerza de trabajo, y, además, responder a las demandas de una sociedad socialista ».
En aras de perfeccionar las competencias de los contadores, técnicos, especialistas y directivos que se desempeñan en la gestión empresarial de los diferentes actores económicos, esta CNA y la ANEC crearon un Laboratorio Contable en la provincia, cuyos entrenamientos incluyen los temas de caja y banco, inventario, activo fijo tangible, nómina, finanzas, crédito bancario, y análisis e interpretación de estados financieros. El próximo 28 de junio sesionará en Santa Clara un taller sobre gestión de las mipymes, que incluirá estas y otras temáticas.
De las entrevistas realizadas para este reportaje se deriva un consenso entre emprendedores y funcionarios de varias instituciones sobre la necesidad de consolidar una entidad especializada y multisectorial que concentre el asesoramiento a estos nuevos actores de la economía antes, durante y después de la constitución. En la medida en que se fortalezca la ‘preparación, podría extenderse a cada uno de los municipios, pues una plataforma centralizada desde el MEP no puede conocer a plenitud las realidades locales.
También se aprecia, como acuerdo común, la petición de acercar las capacitaciones a los territorios, con temas de economía, contabilidad, seguridad y salud del trabajo, gestión de recursos humanos, entre otros, e incluir a emprendedores, gobernantes locales, empresarios estatales y funcionarios que interactúan con las nuevas figuras económicas.
En este esfuerzo podrían aprovecharse las capacidades disponibles en los Centros Universitarios Municipales, y, a largo plazo, valdría la pena valorar la creación de una carrera universitaria afín o la ampliación de los currículos de pregrado y posgrado de las ciencias económicas y empresariales.