Sobre la implementación de la Política de la Vivienda, la producción local de materiales, los aportes de la ciencia y la innovación en esta área, la construcción por esfuerzo propio, el mecanismo de aprobación de subsidios y las ventajas de un mercado inmobiliario mejor articulado, indagamos en los reportajes anteriores de esta serie. Ahora, nos centramos en el aporte que realizan las empresas estatales a la satisfacción de las demandas habitacionales, con el ejemplo de dos entidades villaclareñas.

La posibilidad de que las empresas estatales financien la adquisición, reparación y construcción de viviendas forma parte de las medidas orientadas a descentralizar facultades, otorgarles mayor autonomía, y contribuir a solucionar uno de los problemas más urgentes y complejos del país.

La decisión quedó reflejada y actualizada en la Resolución 201/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial, el pasado 27 de septiembre.

Según la norma jurídica, este fondo tiene como objetivo contribuir a estabilizar la fuerza laboral y constituye uno de los 15 destinos autorizados para las reservas voluntarias creadas a partir de la utilidad retenida después de impuestos. El procedimiento para su uso será elaborado y aprobado en cada institución, a partir del acuerdo entre el consejo de dirección, los trabajadores y la organización sindical.

Electromecánica, por el bienestar juvenil

Justo Rodríguez Gattorno, director de la UEB Taller de Electromecánica, hace años comprendió la necesidad de estimular la permanencia de jóvenes ingenieros y otros trabajadores que realizan un aporte importante a la entidad, subordinada a la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 25 (Ecoing 25).

Al garantizarles una vivienda, se evita el traslado de los que residen fuera de Santa Clara o la interrupción laboral que afrontarían en los momentos de menor disponibilidad de combustible y transporte; asegura comodidad y estabilidad para crear una familia en un espacio propio, independencia en la toma de decisiones y mayor sentido de pertenencia hacia el centro.

«Empezamos por iniciativa nuestra. Llevábamos tiempo luchando por construir los edificios, pero como éramos UEB, nos costaba trabajo que nos autorizaran. Fuimos a La Habana, lo discutimos con la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) y demostramos que era viable.

«Las razones sobraban para favorecer a los muchachos, como jóvenes y como profesionales. La actitud de ellos también contribuyó a que tomáramos la decisión. Tuvimos que romper el eslabón; sin embargo, todo el mundo quedó convencido», relató.

El primero de los tres edificios resultantes del impulso colectivo fue inaugurado el 30 de diciembre de 2018, recuerda Alexander Hernández Pérez, jefe colectivo de ejecución y uno de los jóvenes beneficiados, cuando ya estaba casado y era padre de un niño de un año.

«Soy de Cascajal, perteneciente al municipio de Santo Domingo, y comencé a trabajar aquí en el 2012, cuando me gradué de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). La empresa me garantizaba el hospedaje y me apoyaba mucho con el transporte para viajar a la casa los fines de semana. En los años siguientes trabajé y obtuve resultados, que es la mejor manera de ganarse el respeto, mientras empezaron a abrirse las posibilidades de construir viviendas para los trabajadores», comentó.

A través de la Ecoing 25, la OSDE financió el primer edificio, de diez apartamentos en cinco plantas, y Electromecánica se ocupó de la tarea constructiva y las actividades de plomería, carpintería y electricidad, con el apoyo de brigadas de albañilería contratadas en determinados momentos.

Alexander Hernández destaca el entusiasmo con que el colectivo asumió el encargo, con una cantidad considerable de horas voluntarias. Laboraron día y noche, incluidos los fines de semana, para terminar en tiempo récord. Por la disposición que mostraron todos, no había manera de distinguir entre los beneficiados en aquella ocasión y quienes tuvieron que esperar otra oportunidad.

«El edificio tiene apartamentos de tres cuartos, rejas, carpintería habanera —hecha en nuestro taller—, piso de cerámica gray, un diseño que evita la visibilidad hacia el interior de las casas desde el espacio común de la escalera, un parqueo colectivo de bicicletas, aceras y jardinería al frente; una instalación eléctrica que satisface nuestras exigencias, con sistema de puesta a tierra y un breaker eléctrico independiente para la ducha de cada baño», detalló Hernández Pérez.

«En aquel momento, las casas fueron valoradas en aproximadamente 15 000 pesos. Una vez terminadas, firmamos un contrato con la empresa que las financió, para pagárselas en 15 años, con un descuento mensual de 89 pesos. Transcurrido ese período, nos convertimos en propietarios», añadió.

El joven ingeniero Julio César Martínez Broche, especialista en Montaje Mecánico, figura entre los 12 trabajadores beneficiados con dos nuevas edificaciones, terminadas en diciembre de 2022 y febrero de 2023, respectivamente.

Después de la pandemia mundial, la alteración significativa de los precios de los materiales de la construcción, y el reforzamiento de la escasez de combustible y otros recursos, la obra se insertó en el Plan estatal de la Vivienda, con dicha institución como inversionista y la UEB a cargo de la ejecución.

Martínez Broche refirió que a la estructura, correspondiente al modelo Sandino, se le ensancharon las columnas en el primer nivel, en aras de sostener otras dos plantas, para un total de seis casas.

Al igual que el caso anterior, este complejo habitacional incluyó enrejado uniforme, carpintería habanera, un diseño de espacios en correspondencia con las necesidades de los trabajadores, aceras, bancos, luminarias, y se añadió una cisterna, para sortear la inestabilidad del abasto de agua en el barrio.

Luego de 22 viviendas concluidas, y con la intención de seguir construyendo y entregando otras, Justo Rodríguez Gattorno advierte que el otorgamiento de la casa con suficiente antelación, de ser posible, previo al inicio de la obra, convierte a los beneficiados en los máximos responsables del cuidado y aprovechamiento de los recursos, y de la calidad de la acción constructiva.

Amplía el director que las decisiones se han tomado de mutuo acuerdo con los trabajadores, y, hasta el momento, el proceso de otorgamiento no ha generado discusiones. Al respecto, la entidad ha sido capaz de equilibrar las prioridades, pues en el primer edificio se concentraron varios ingenieros y profesionales, pero en los dos restantes residen, también, otros trabajadores de gran valía.

Asimismo, la Dirección de la UEB habilitó dos viviendas en locales en desuso, para atender las urgencias de determinados trabajadores, mientras esperan la construcción de otros inmuebles como solución definitiva.

Cedai: la empresa en casa

Por dos años consecutivos, la Empresa de Automatización Integral (Cedai), perteneciente al grupo empresarial Gelect, ha destinado parte de sus utilidades retenidas después de impuestos a financiar reparaciones en las viviendas que son propiedad de los trabajadores.

Según Jesús González López, subdirector de la UEB Cedai Villa Clara, la cual incluye un grupo de trabajo en Matanzas, durante el 2022 la iniciativa benefició a 16 obreros, con un monto superior a los 900 000 pesos, y este año fueron distribuidos 3.5 millones de pesos entre 54 personas.

Detalló que la cantidad otorgada por la empresa se divide entre las dos provincias. Para lograr mayor equidad en la distribución y mejor control de los recursos, luego de recibir las solicitudes de los empleados, una comisión designada en la base concilia las necesidades individuales y las posibilidades reales de la empresa de satisfacerlas, establece un orden de prioridad entre los diferentes objetos de obra —no siempre es posible responder a todas las peticiones— y valora el aporte de cada persona, para establecer, finalmente, un presupuesto individual.

«Hay carencias que no podemos solucionar, como el mobiliario de baño y la cerámica para cubrir mesetas, porque están muy deficitarios en el país, incluso, para el Programa de la Vivienda. Sin embargo, compramos manta para techos, y un asunto tan complicado como la impermeabilización ha tenido respuesta en todos los casos.

«Es un trabajo desgastante, pero, a la larga, positivo, porque resuelve problemas a muchas personas y aumenta su sentido de pertenencia hacia la entidad. Hasta ahora, a todo el que ha pedido se le ha ayudado con algo. Como los trabajadores participaron en la generación de las utilidades, en este momento reciben un beneficio por el que no tiene que pagar un centavo», comentó González López.

Asimismo, precisó que el dinero asignado a cada solicitante incluye gastos para materiales y mano de obra, pues el Cedai casi siempre asegura la transportación.

La coincidencia del ejercicio de esta facultad empresarial con la ejecución de inversiones y mantenimientos constructivos en la UEB permitió adquirir materiales y asignarlos a los trabajadores a precios de venta estatal, cuando un saco de cemento a 113 o 114 pesos parece una maravilla extinta. La valoración del costo de mano de obra se realiza por estimación de los servicios que prestan actualmente las formas de gestión privadas, porque no ha sido posible ni necesario contratar brigadas de empresas estatales.

Gracias a la gestión de la dirección para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, Idania Rivas Pérez está enfrascada en el repello y resano de las paredes de su vivienda, y pudo comprar un tanque para almacenar agua entre ciclos de distribución superiores a los 15 días en el barrio santaclareño de Santa Catalina, donde reside.

El protagonismo lo ha asumido desde la mesa de negociaciones, como asesora jurídica del Cedai en Villa Clara. Con cada solicitud se conforma un contrato tripartito, donde el empleado figura como inversionista; el trabajador por cuenta propia o la mipyme, como responsable de ejecutar la obra, y la empresa se encarga de pagar el servicio, luego de que el beneficiario informe la terminación de la acción constructiva, y el inversionista certifique la calidad y correspondencia con el proyecto inicial.

Para asegurar la transparencia y legalidad del proceso, la abogada explicó que se exige la procedencia lícita de los materiales e insumos adquiridos, así como la documentación en regla y la posesión de una cuenta fiscal por parte de quien acomete la reparación, para depositar el pago. Además, se grafica mediante fotografías el objeto de obra, antes y después de la intervención.

Yurisleidy Planas del Toro, jefa del área comercial, ha sido partícipe de la medida en las dos ocasiones. 

«El año pasado, la primera ayuda consistió en el repello de toda mi casa, el piso, parte de la electricidad y el baño. De otra manera, no hubiese sido posible, al menos para mí, tener un hogar confortable, porque a pesar de que nosotros ganamos un salario bastante privilegiado —dentro del sector empresarial—, las condiciones económicas del país no nos permiten, aparte de alimentarnos y vestirnos, construir», aseveró.

Osvaldo León Viltre, director del Cedai en la provincia, habla sobre otro de los profesionales a los que fue posible mejorarles considerablemente su situación habitacional: «Es uno de nuestros mejores ingenieros, la persona más joven de las que están haciendo proyectos de sistemas fotovoltaicos, casado y con tres hijos. Se le sustituyó el techo completo de la casa, que estaba en muy mal estado; ahora se le está construyendo otra habitación al final, con el objetivo de ampliar el cuarto de los niños, y para próximos años le quedan pendientes otras reparaciones».

Aunque la gratitud, el sentido de pertenencia y la permanencia en la entidad se aprecia de manera generalizada, tanto los trabajadores como los propios directivos reconocen cuestiones perfectibles a partir de la experiencia.

Una de las contrariedades fundamentales consiste en el apretado tiempo para acometer la obra, porque en lo que la empresa realiza el cierre económico, determina el monto que destinará a estos empeños constructivos a nivel nacional, asigna el presupuesto a cada UEB, las comisiones concretan su labor en la base y la dirección gestiona los materiales, transcurre el primer semestre del año, y constituye una obligación concluir la ejecución antes del 31 de diciembre.

Aunque el financiamiento concedido cubre una porción sustancial de los gastos, en ocasiones, para terminar el proceso constructivo en el año fiscal correspondiente, el trabajador asume con dinero propio parte del costo de la mano de obra, de determinados materiales o de la transportación, que este año la administración no ha podido garantizar con sistematicidad debido a las carencias de combustible.

Para una UEB que aspira a convertirse en empresa de alta tecnología, resulta clave, entre tantos requisitos, la estabilidad de su capital humano, sobre todo, cuando se trata de profesionales cuya especialización y competencias los hacen únicos para el país.

Guiado por esa premisa, Osvaldo León Viltre, director del Cedai en Villa Clara, emprendió la construcción de viviendas autofinanciadas para garantizar un techo propio a quienes no lo tienen. Los primeros cuatro biplantas, con un total de ocho casas, se encuentran en un estado avanzado de ejecución. A pesar de todas las dificultades, para el próximo año prevén otros siete inmuebles en fase de inicio y desarrollo, distribuidos en tres biplantas y una vivienda individual.

«El proyecto es bastante ambicioso, porque cada casa tiene alrededor de 130 metros cuadrados, por un valor superior a los 800 000 pesos; pero los compañeros que serán beneficiados lo merecen, por su elevada preparación y calificación», reconoció León Viltre.

Un camino sin rosas

Combustible y trámites constituyen las barreras más difíciles de franquear para ambas entidades. Por momentos, devienen piedras en el zapato; en otros casos, invitación a detenerse, y a ratos, una pared que sólo se mueve con determinación y persistencia.

«Lo más complejo fue el papeleo para el terreno. Difícil no es comprar el proyecto o ejecutar el edificio, sino disponer de un espacio que cumpla las condiciones de habitabilidad para levantarlo. En la gestión de la microlocalización y otros trámites con Planificación Física —hoy Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu)—, estuvimos alrededor de tres años», rememoró Alexander Hernández Pérez al referirse a uno de los mayores contratiempos de la primera obra emprendida por la UEB de Electromecánica.

Según detalló el arquitecto Javier Aquino Rojas, inversionista de la UEB Cedai Villa Clara, a los plazos establecidos por el decreto ley 327/2014 «Reglamento del proceso inversionista», para la obtención del Certificado de Microlocalización y la Licencia de Obra, se suman cuestiones subyacentes en numerosas instituciones, que ralentizan los trámites, como el éxodo e inestabilidad de la fuerza de trabajo, la desmotivación generada por el bajo poder adquisitivo de los salarios, las escaseces tecnológicas, ineficiencias y errores.

No obstante, a su juicio, adquiere mayor peso la carencia de materiales y demás recursos necesarios, exacerbada por el déficit de combustible, que impide transportar lo poco que aparece. Frente a tal panorama «para entregar viviendas en el 2025 hay que empezar desde el 2023. De hecho, en el mismo lugar en que estamos construyendo nosotros, otras dos entidades obtuvieron primero el terreno y están mucho más atrasadas», recalcó.

En una situación similar se encuentra el colectivo de Electromecánica, tanto para construir la casita infantil, que beneficiaría a los trabajadores con hijos y a los vecinos de la comunidad, como para concretar la intención de erigir nuevos edificios.

«De la casita, tenemos el proyecto y contamos con los recursos y la voluntad para hacerla, pero todo está detenido porque no hay combustible para realizar el movimiento de tierra», ratificó el director, Justo Rodríguez Gattorno.

Contradicciones

El hecho de que los trabajadores tengan que pagar al presupuesto del Estado el valor de las viviendas autofinanciadas, para contribuir a disminuir el déficit fiscal y continuar desarrollando la Política de la Vivienda, ha generado contradicciones dignas de ser analizadas desde diversos puntos de vista y superadas de la manera más justa posible para todas las partes.

Osvaldo León Viltre atribuye la mayor importancia a la posibilidad de beneficiar a los trabajadores, quienes, de otra manera, no podrían adquirir una vivienda o reparar y ampliar la que habitan.

Desde la Empresa Provincial de Servicios Técnicos del Arquitecto de la Comunidad, su director, José Francisco Quintero Machado, enumera varias contradicciones.

En el caso de entidades con montos de utilidades discretos, para financiar la edificación de un inmueble al año, tendrían que renunciar a crear fondos para investigación, desarrollo, capacitación, estimulación, distribuir utilidades a los trabajadores, entre otros destinos. Al compartir tan poco entre varios necesitados, el colectivo caería en una encrucijada para decidir el otorgamiento entre un joven recién incorporado para que permanezca en la entidad o alguien con años de experiencia y sobrados aportes profesionales.

Suponiendo que la decisión no genere conflictos, resulta frustrante que el dinero no retorne a la empresa que, luego de cumplir sus compromisos tributarios, pagó y ejecutó la obra, como garantía para continuar el ciclo y beneficiar a otros empleados.

Además, en entidades cuyo objeto social se aleja de la labor constructiva, la gestión de materiales, contratación de mano de obra, preservación de los recursos y tramitación de permisos, implicaría más que un desafío, un eventual obstáculo para el cumplimiento eficiente de su encargo, a pesar de que corresponde a los directores encontrar la manera de honrar todos los compromisos.

Al mirar el asunto desde otro ángulo, emergen los postulados constitucionales de que en Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los

medios fundamentales de producción, que, en la regulación de la actividad económica, el Estado concilia los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad, y que la empresa estatal socialista, sujeto principal de la economía nacional, además de la producción de bienes y servicios, cumple con sus responsabilidades sociales.

Un esquema cerrado de circulación dentro de la propia empresa limitaría la posibilidad de atender a otras personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, a pesar de la voluntad gubernamental manifiesta, entre los destinatarios de los beneficios, permanece desprotegido un amplio sector de profesionales y trabajadores valiosísimos de unidades presupuestadas, que no clasifican entre las prioridades para el otorgamiento de subsidios o la inclusión de la acción constructiva que necesitan en los planes estatales, y no encuentran respuesta a sus demandas en las posibilidades financieras de sus organismos, ni en los créditos bancarios disponibles.

Prestigiosos médicos, maestros consagrados, promesas de la ciencia, honrados guardianes de los recursos del Estado desde la Administración Pública, sobresalen en la lista de tareas pendientes que se extiende hacia varios sectores.

En una sociedad en permanente contradicción y necesitada de un empuje económico para satisfacer las demandas acumuladas y cumplir voluntades, urgen los análisis personalizados, la colocación de los recursos en el destino correcto, el control permanente, la actualización legislativa y de programas nacionales.

Estos y otros muchos desafíos pesan, de manera particular, sobre la nueva Ley de la Vivienda, prevista a aprobarse en el actual mandato parlamentario, y en sentido general, sobre un país que aspira al desarrollo, sin renunciar a los principios de equidad y justicia social.