José Antonio Martínez López, del reparto Chamberí, en Santa Clara, siente cada día más el peso del tiempo sobre su cuerpo. A los 92 años el desgaste en los huesos de la cadera no le permite caminar como lo hizo de joven tras los pasos de los bandidos en la limpia del Escambray, o detrás de los mercenarios en Playa Girón. Por ello le urge una silla de ruedas que aún no ha resuelto.
Él pertenece a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y, como su caso, muchos otros demandan atenciones o poseen necesidades que, en ocasiones, demoran en ser detectadas, tramitadas y resueltas, aunque existen mecanismos para darles respuestas.
La atención a esas personas en Cuba conlleva el esfuerzo, cohesión y comunicación entre diferentes organismos e instituciones, incluida la propia ACRC. Pero no siempre se logra una coordinación óptima desde la base, lo cual trae consigo dificultades para responder con celeridad a las inquietudes.
En Villa Clara existen más de 27 900 asociados de las diferentes categorías: Ejército Rebelde, Lucha Clandestina, Playa Girón, Lucha Contra Bandidos, internacionalistas tanto de misiones militares como civiles, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint) con más de 10 años de servicio, entre otras catalogaciones.
En la última reunión resumen de la labor de la Asociación durante el 2016 (efectuada en marzo), se apreciaron pasos positivos, aunque todavía quedan sin resolver situaciones que afectan a los miembros.
Entre los principales obstáculos se hallan los trámites de legalización de la vivienda para poder aprobar subsidios; legalizar las tierras y domicilios, principalmente los enclavados en zonas rurales de CPA, CCS, UBPC y otras, y el déficit de capacidades en hogares de ancianos y casas de abuelos en algunos municipios.
Asimismo, se expuso la situación de los pensionados que ganan menos de $300.00 pesos, a quienes se les dificulta suplir sus necesidades básicas el levantamiento se hizo individualmente y no por núcleo familiar como lo valora la asistencia social, así como la falta de capacidad y asignación de los alimentos en los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF).
Pero, ¿cómo se organiza el sistema de atención a los combatientes? ¿Qué recursos se destinan para ello? ¿Cómo debe funcionar el trabajo desde la base? ¿Qué papel les toca a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social y al sectorial de Salud?
En la base están las respuestas
En el sistema de atención a los combatientes (SAC) se encuentran involucrados el Gobierno, el Sectorial de Salud y la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, entre otras entidades y organismos, que, junto a los factores de la comunidad, apoyan a la ACRC.
El teniente coronel (r) Juan Alberto Machado González, presidente de la ACRC en Villa Clara, explicó que la labor para conocer y dar respuesta a los problemas de los combatientes ha de hacerse desde las asociaciones de base, con el conocimiento en detalle por parte de los presidentes de la situación del personal en su entorno, e informarlo por los canales correspondientes.
«A veces, inconscientemente, se nos puede quedar fuera algún compañero, por eso hicimos un levantamiento hombre a hombre para saber los casos que están más necesitados y que debemos priorizar », dijo.
Aclaró que el sistema de atención estatal, basado en ayudas económicas, medicamentos, aseo personal, entre otros beneficios, se confeccionó solo para las categorías estipuladas por la Resolución 17, del 27 de diciembre de 2010, del Ministro de las FAR (Manual de atención social, material, médica y económica al personal que cumple, o cumplió, tareas en interés de la defensa)*. No obstante, la ACRC procura respaldo a cada miembro.
«Somos una organización no gubernamental, sin recursos materiales propios. Nuestra atención a los combatientes y asociados es eminentemente política, y para acompañarlos en sus gestiones de trámites, procesos de legalización, etcétera. Les atendemos personalmente los segundos y últimos miércoles de cada mes; les entregamos cartas para el Gobierno o para recibir el servicio de un abogado, si lo necesitan. Es, sobre todo, un apoyo moral », manifestó Machado González.
Orelbes Ramos Quintanilla, con un respetado aval como participante en Girón, la LCB y Angola, opinó que se han perdido beneficios que disfrutaban los combatientes, como estancia en campismos y otras actividades. También desearía que se recuperase el objeto social del antiguo Hogar de Veteranos (hoy perteneciente al Citma), ubicado en la calle Cuba, entre Carretera Central y Callejón Serafín Sánchez, en la capital provincial.
Fausto Eufemio Guzmán Muñoz, director provincial de atención a los combatientes, adscrita al Consejo de la Administración de Villa Clara, opina:
«Nos trazamos como objetivo la atención social, material, médica y económica del personal que cumplió o cumple tareas relacionadas con la defensa. Tenemos un grupo importante de premisas que responden a ese propósito, ante todo, la voluntad política de nuestro Partido y Gobierno de garantizar que no quede ningún combatiente de la lucha revolucionaria desamparado bajo ningún concepto.
«Hay varios Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido y ratificados en el VII que impactan directamente en el sistema de atención a los combatientes que garantizan el cumplimiento de la misión ».
Alberto López Díaz, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara, refiere que la Revolución cuenta con un arsenal para la atención, pero por malas estrategias de comunicación y divulgación, o por circunscribirse nada más a los problemas, solo se ven las manchas del sol.
«Las cosas pueden andar mucho mejor, y debemos tratar de resolverlas. Hay resultados concretos en el sistema de trabajo. Existen elementos surgidos del debate y el diálogo cotidianos que deben informarse a las nuevas generaciones y a los malinten cionados también, cuando ven a un combatiente con algún problema aún sin solucionar por ineficiencias o demoras ».
Reveló López Díaz que del presupuesto del sistema de atención en las categorías reconocidas por la resolución aprobada a nivel de país, a Villa Clara correspondieron 2 millones 088 526 pesos el pasado año (no se relaciona con el de Trabajo y Seguridad Social, y se ejecutó al 99 %), y que a pesar de cualquier restricción económica, el dinero para los combatientes siempre se ha protegido.
Durante el 2016 hubo 639 ayudas económicas eventuales, equivalentes a más de 671 000 pesos; se solucionaron 96 camas y 115 colchones; hay 1372 protegidos con prestaciones monetarias temporales (2 millones 726 196 pesos, aparte del presupuesto asignado al SAC); 278 combatientes con ayuda permanente (más de 527 000 pesos), 1800 recibieron equipos de cocción de alimentos de forma gratuita, y se otorgaron 102 subsidios de viviendas equivalentes a casi 5 millones de pesos, entre otros beneficios.
También, por la parte de seguridad social de las FAR hubo 1653 pensionados, más 611 de otras categorías, quienes recibieron beneficios por casi 8 millones de pesos.
Seguridad y salud para todos
El combatiente Luis Antonio Bruné Moya declara que no ha tenido dificultades en cuanto a la solución de problemas de salud de los asociados bajo su responsabilidad.
«Las únicas que he presentado han sido con los enfermos, y hasta ahora he resuelto cada caso, y creo que seguiremos resolviéndolos, pues es una de las prioridades existentes dentro de nuestro sistema de atención. Aunque el mejor o peor funcionamiento siempre depende de la labor en la base », señaló.
Su opinión la comparte Raisa Puerto Ro dríguez, al frente de la dirección provincial de Trabajo y Seguridad Social, quien insiste en incluir en esa «base » no solo a los presidentes de asociaciones de la ACRC, sino también a los trabajadores sociales en los consejos populares y circunscripciones, pues ahí es donde se esclarecen términos como que la solvencia económica no es de una sola persona, sino del núcleo familiar.
«No existe un caso que no se atienda. La asistencia social contó con 18 millones de pesos (MN), y de ese total muchos se beneficiaron con ayudas económicas o con el servicio del Sistema de Atención a la Familia (SAF), dentro del cual hay combatientes que reciben subsidios del estado, pues el costo es de solo un peso », apuntó.
Explicó que en Villa Clara está priorizado el tema de los subsidios, y para ello los trabajadores sociales estudian la situación de cada combatiente y la solvencia económica del núcleo. También se analizan otros servicios como el otorgamiento de teléfonos a casos excepcionales, cuya evaluación lleva a las comisiones el trabajador social.
Arnaldo Meneses Oramas, subdirector provincial de Salud en Villa Clara, manifiesta que se ha avanzado en la atención, pero aún no es suficiente porque las necesidades superan lo realizado hasta ahora.
«En cuestión de plan de equipos médicos (sillas de rueda, camas Fowler, colchones antiescaras, prótesis, etc.) fueron más de 5 millones de pesos, que se agotaron antes de terminar el año. La provincia tiene más de un 22 % de envejecimiento en la población, y se prevé que aumente cerca de un 30 % para el año 2030. Debemos prepararnos para ello, pues será mucho más complejo », dijo.
Argumentó que Villa Clara cuenta con 16 hogares de ancianos y 1114 camas para una población de unos 180 000 adultos mayores (con más de 60 años), y que existe un grupo de instituciones que por problemas estructurales y constructivos no tienen todas las capacidades de camas que pudieran asumir, y también se pretende crecer en más instituciones sociales.
Adelantó que se hará un estudio para presentárselo al Consejo de la Administración con el objetivo de utilizar escuelas en desuso y convertirlas en hogares de ancianos, lo cual ayudaría e incrementaría la capacidad de camas. Llamó a aprovechar las plazas diurnas en estas instalaciones, con las que el beneficiado disfruta de actividades, desayuna, merienda, almuerza, come y luego va para su casa. Esas capacidades no están cubiertas en la mayoría de los municipios; ni siquiera una en algunos territorios.
«En cuanto a la atención a los combatientes, las necesidades de cada uno se pueden conocer y atender a través de la labor en el Consejo Popular, y el personal de Salud puede contribuir mucho. No hay que esperar a que el presidente de la asociación de base venga a nosotros a contarnos el problema de un combatiente, cuando el médico de la familia tiene la obligación de visitar todos los hogares de su zona, y llegar a los barrios donde todo el mundo conoce al combatiente de su cuadra y los problemas que este tiene.
El teniente coronel Dr. Jorge Berrío íguila, director del Hospital Militar Manuel Piti Fajardo, destacó que en materia de salud es necesario ordenar la atención y garantizar la prioridad hacia los combatientes.
«Para un mejor desempeño el Hospital hizo un estudio de los pacientes hospitalizados, de los atendidos por examen médico de control de salud, y de los casos valorados en los municipios a través del equipo móvil, como consulta a la atención de combatientes », explicó.
«Ello permitió particularizar el trabajo durante el pasado año, y priorizar y garantizar la salud. Actualmente la población de combatientes de todas las categorías tiene gran significado desde el punto de vista de salud, pues ello implica un número a tener en cuenta, sobre todo para quienes se desempeñan en la prestación de servicios ».
En el hospital son consultados cada miércoles los miembros de la ACRC, que representan el 22 % de casos atendidos en esa institución, el 2 % por los servicios de urgencia, y el 40 % de los hospitalizados.
Berrío íguila reiteró la necesidad de participación de todas las partes del sistema para estar preparados ante mayores complejidades, pues el envejecimiento poblacional involucra a muchos combatientes.
Contribuir a suplir las inquietudes de aquellos que arriesgaron su propia vida por Cuba y en otras tierras es también una manera de combatir y ganar esta batalla. El sistema de atención a este segmento social resulta perfectible, y para ello deben participar no solo las entidades involucradas, también la familia y la comunidad. Entre todos se podrá.
(*) Categorías de combatientes. Resolución 17
Ejército Rebelde, Lucha Clandestina, pensionados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) por edad o antigí¼edad, incapacitados de la lucha insurreccional, Lucha Contra Bandidos, Playa Girón, Misión Internacionalista, Explosión La Coubre y Cumplimiento del Servicio Militar Activo.
Asimismo, familiares de fallecidos en las distintas actividades relacionadas anteriormente y otros familiares que dependieran económicamente del fallecido (padres, madres, viudas) y tengan derecho a pensión por las FAR.