Regresar a la legalidad las áreas comunes de Santa Clara es el propósito del gobierno, sin que signifique su cierre, ni prohibir el trabajo por cuenta propia que allí se ejerce.
Hace dos años Vanguardia publicó en sus páginas centrales un reportaje titulado Candonga que nace torcida…, una contundente denuncia al cúmulo de ilegalidades que proliferaban en las áreas comunes de Las Flores y Los Framboyanes, aledañas a la zona hospitalaria de la capital provincial.
Entonces poco se hizo, y ello continuó incrementándose, cual bola de nieve hasta la actualidad, cuando por fin las autoridades toman cartas en el asunto y se adoptan medidas por parte del gobierno provincial y de la cabecera municipal para ponerles coto a tantas irregularidades y violaciones de la legalidad.
En otras palabras, ponerle el cascabel al gato, lo que resulta una tarea nada fácil, pero no imposible, según las propias palabras del gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, al frente de esta batalla contra el desorden, que se ha generado a lo largo de estos años.
Una respuesta al llamado del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien hizo una justa crítica a tanta impunidad y quebrantamiento de lo establecido a nivel de país.
Ordenar con disciplina y apego a la ley
En Santa Clara, el pueblo mira con expectativa lo que por estos días sucede en las cinco áreas comunes de la ciudad; en particular en las tres principales: Las Flores, Los Framboyanes y la Plaza Apolo.
Para algunos, pudiera ser un repliegue táctico a la espera de que de nuevo las aguas tomen su nivel y la euforia contagiosa del enfrentamiento a las ilegalidades pase. Sin embargo, para la mayoría se trata del posible punto final a estas y a la reventa de mercancías, que crecieron con demasiado libertinaje.
Un jaque mate a la venta de medicamentos y de artículos higiénicos de primera necesidad, que en dichos lugares se revendían a precios exorbitantes.
Aunque sobre estas problemáticas pueden existir apreciaciones diferentes, en lo que todos coinciden es en que nunca los desórdenes ciudadanos serán el camino efectivo para lograr los propósitos; al contrario, la ciudadanía repudia ese tipo de manifestaciones.
Cinco grandes reuniones con los trabajadores por cuenta propia antecedieron a las acciones emprendidas; todas ellas dirigidas por el gobernador provincial y con la presencia del fiscal jefe en funciones de Villa Clara, Javier Jiménez Abelenda. También estuvieron presentes representantes de los cuerpos de inspectores, de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), del Ministerio de Trabajo, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y del Ministerio del Interior (MININT).
Durante los debates se expusieron los criterios que condicionaban la decisión. En las primeras cuatro reuniones: Las Flores, Los Framboyanes, Plaza Apolo y el área común del Desvío de Maleza participaron 472 trabajadores por cuenta propia (TCP), con la asistencia de casi todos los titulares de las patentes, salvo contadas excepciones.
Puntos sobre las íes
De parte del gobernador Alberto López Díaz quedó claro el mensaje: no se trata de prohibir el trabajo por cuenta propia, sino de su reordenamiento y vuelta a la legalidad. Tampoco, de eliminar las llamadas candongas, sino las violaciones del alcance de la actividad y llevar adelante un enérgico combate contra el ilegal que prolifera en dichos lugares.
López Díaz insistió, igualmente, en los propósitos de acabar de manera definitiva contra la venta de medicamentos y productos de aseo: «No se trata de cerrar las áreas comunes, sino de ordenarlas. No es condenar el trabajo por cuenta propia, sino ejercerlo a plenitud dentro del marco de la legalidad. Tampoco vamos a seguir permitiendo la impunidad, ni que las disposiciones que adoptemos se incumplan. Eso no lo vamos a aceptar. Seremos intransigentes ante los que no se acojan a la ley ».
Mientras, Javier Jiménez Abelenda, fiscal jefe provincial en funciones, explicó al detalle las violaciones de la Constitución y el Código Penal en que incurren los que infrinjan lo legislado y se dediquen al acaparamiento y reventa de mercancías: «No habrá margen para la impunidad y quienes hoy revendan artículos de primera necesidad están cometiendo un delito penado por nuestras leyes », afirmó enfático.
En cada una de las reuniones hubo un alto número de intervenciones, algunas con poco tino, pero la mayoría de manera respetuosa con el gobierno y la institucionalidad. De los concurrentes en «Las Flores » se sucedieron unas 13 intervenciones y más de 20 de los «Los Framboyanes », en un diálogo abierto en el que cada cual expuso sus puntos de vista. Hubo coincidencia en impedir que allí se comercien medicamentos y productos de aseo, lo que fue apoyado por el 100 % de los presentes: «Todos estamos en contra de que se vendan medicinas, pasta dental, papel sanitario y esos productos que ahora mismo escasean. En nuestra candonga nosotros no los vendemos, son los ilegales », aseveró uno de los cuentapropistas.
También los trabajadores de las áreas comunes insistieron en enfrentar el alto número de ilegales que abunda, sin que nadie se meta con ellos: «Nosotros pagamos nuestras patentes y estamos al día con el fisco, ellos nada de eso hacen y entorpecen nuestro trabajo », aseguró otro de los TCP del área Las Flores.
Posición común fue la solicitud de que se les permitiera vender mercancía importada y se les ampliara el alcance de sus patentes o, en su defecto, fuera creada una nueva figura del TCP que les permitiera esta posibilidad. Además, hicieron alusión a un mercado mayorista del que aún carecen, pero necesitan cada día más.
Al respecto, el gobernador fue persuasivo, pues les pidió que tuvieran la confianza de que el país no estaba estático, y les reiteró que esas actividades eran ilegales y no podían ejercerlas. «El país está ordenándose, pero hoy las normas establecidas impiden comercializar productos importados », dijo López Díaz.
Acuerdos sin imposiciones
En otra de las intervenciones uno de los concurrentes al área común Los Framboyanes se refirió a la búsqueda de un consenso entre ellos y las autoridades, al tiempo que reconoció que las candongas de Santa Clara eran de las más desordenadas de Cuba:
«El gobierno ha perdido mucho tiempo y las ilegalidades crecieron demasiado del 2009 a la fecha. Ahora a todos se nos hace difícil resolver satisfactoriamente el asunto, pues la mayoría de nosotros vende mercancía importada. Somos vendedores, no elaboradores de productos. Debiera existir mayor flexibilidad ».
El gobernador respondió que, sin dejar de reconocer esas deficiencias, nada de eso daba derecho a que continuara la impunidad y el desorden: «Hay que ordenar con respeto a la ley y con disciplina ».
Con igual filosofía se reunió con los cuentapropistas de la Plaza Apolo y del área común del Desvío de Maleza.
Al resumir cada encuentro quedó claro que era impunidad cero, y que la vuelta a la legalidad de tales lugares comenzaría a construirse sin medias tintas y de manera inmediata.
¿Hasta cuándo tanta ilegalidad a la vista de todos? ¿Cuándo habrá un punto final a la revendedera de mercancías y medicinas?, son preguntas que siguen en pie, las cuales se resolverán con el regreso del orden a tales lugares, sin las consabidas concesiones que a nada han conducido.
De algo está seguro nuestro pueblo, no será por la fuerza y la instigación al desorden que se logre ese consenso solicitado. Se seguirá trabajando con disciplina y apego a la ley.