La última jornada de debates en las Co ­misiones Permanentes de Trabajo del Par ­lamento cubano, estuvo matizada por los intercambios relacionados con el seguimiento a los planteamientos de la población y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y las ilegalidades.

En las diferentes comisiones los diputados demandaron acciones urgentes para cambiar el rostro de añejas inquietudes, mayor compromiso de la comunidad con la solución de sus problemas y actitudes enérgicas para cortar de raí­z males que corroen y laceran la economí­a y la sociedad.

Cumplir nuestras obligaciones y exigir

«Es doloroso ver que después de haber discutido y analizado esta problemática en va ­rias ocasiones estemos prácticamente igual o peor », señaló el diputado de Santiago de Cuba, Ricardo Ocaña sobre el ya reiterado tema de los microvertederos y la indisciplina social una de las principales preocupaciones relacionadas con la situación higiénico-sanitaria y que fue uno de los puntos más debatidos nuevamente ayer por la comisión de Salud y Deporte.

(Foto: Alberto Borrego)

«Hace un año alertábamos en esta propia Comisión que la no solución de este problema, entre otros tantos perjuicios incluso para la salud, deteriora la imagen de la administración pública. ¿Cómo vamos a exigir? Elevar la cultura de la población en cuanto a la higiene no está ajeno a cumplir las obligaciones de garantizar una adecuada recogida de dese ­chos sólidos », señaló el diputado Jorge Gon ­zález Pérez, presidente de la Comisión.

Juan Luis Marcelo, diputado del municipio de Fomento en Sancti Spí­ritus, enfatizó en la importancia de que si el paí­s está destinando recursos y financiamiento a esta tarea, no hay justificación para que se dilapiden y enfrentar incluso como consecuencia eventos epidemiológicos.

Este criterio fue reforzado por la diputada Tamara Hernández, del municipio de Marianao en la capital, quien señaló lo penoso e inaceptable de que en menos de un año Comunales sea uno de los sectores con más hechos de corrupción.

En ese sentido Mariela Castro, diputada de Plaza, en La Habana, mencionó la necesidad de que la formación y capacitación de los recursos humanos sea constante; y la importancia de un buen trabajo de organización y adecuado ambiente de control.

Carlos Alberto Martí­nez Blanco, diputado por Centro Habana, refirió que la búsqueda de soluciones para el tema de la basura tiene que ser intencionada. «La población, con tanta basura en la calle, puede tener la sensación de que no avanzamos en las polí­ticas que el paí­s está implementando ».

Por su parte Lisara Corona, diputada de Florida en Camagí¼ey, reiteró que hoy el suministro de los medios de protección no es sistemático, lo cual atenta contra la seguridad personal de cada uno de los trabajadores; además de no existir un suministrador oficial al cual exigirle por las caracterí­sticas de estos medios.

Los diputados pudieron contar con la información ofrecida por Aizel Llanes Fernández, directora territorial del Ministerio de Eco ­nomí­a y Planificación (MEP), quien explicó que para la disposición final de los residuos sólidos, el paí­s cuenta con 953 vertederos.

Como principales problemas en el funcionamiento de los mismos, la funcionaria refirió que los equipos que existen solo alcanzan para dar tratamiento mecanizado a los vertederos de las capitales provinciales; mientras que la mayorí­a de estos lugares no cuentan con cerca perimetral, presentan mal estado de las ví­as de acceso y muy pocos tienen centros de procesamiento para la clasificación y recuperación de materias primas.

El insuficiente equipamiento para la recogida de los residuos sólidos, y la falta de un sistema funcional de reparación y mantenimiento de los equipos existentes lo cual incide en el bajo coeficiente de disponibilidad técnica de los mismos son algunas de las causas que Llanes Fernández señaló como propiciadoras de la creación de microvertederos.

Asimismo, señaló que el sistema organizativo actual para la recogida de residuos sólidos es inefectivo, pues no se aprovecha totalmente el equipamiento existente; además de que se violan los horarios de recogida, lo cual atenta contra el propósito de crear una disciplina en la población.

Mencionó que el incremento de la cantidad de escombros, a partir de la apertura a la población de la posibilidad de construir y reparar sus viviendas por esfuerzo propio, unido al insuficiente trabajo de los inspectores de las Direcciones de Inspección y Su ­pervisión para contrarrestar las indisciplinas sociales de la población y centros laborales, son otros de los factores que inciden en la aparición de microvertederos.

Otra de las dificultades señaladas es el aumento de los hechos de corrupción de los directivos provinciales y municipales en servicios comunales, fundamentalmente en la actividad de higiene; relacionados con el desví­o de combustible, y pagos indebidos que no se corresponden con la situación que enfrenta este sector hoy.

También la falta de recursos humanos en servicios comunales, por lo que se trabaja con personal no capacitado.

Entre las principales medidas, la directora territorial del MEP explicó que se labora en la eliminación de todos los vertederos a cielo abierto y en la búsqueda de alternativas para realizar el tratamiento adecuado en los vertederos, con mayor atención en los ubicados en las capitales provinciales y principales ciudades.

Incrementar los Centros de Procesamiento de los Residuos Urbanos (CEPRU) para la producción de compost y recuperación de materias primas, buscando alternativas de nue ­vas formas de gestión, también para la reorganización de la recogida de desechos sólidos, según las caracterí­sticas de cada territorio con la participación de la población, son otras de las lí­neas de trabajo.

La funcionaria explicó que es una prioridad establecer un sistema de reparación y mantenimiento para lograr un coeficiente de disposición técnica mayor del 85 % en el paí­s so ­ ­lamente La Habana se encuentra hoy a un 62 % y actualizar el Programa de equipamiento, reparación e insumos necesarios de los Servicios Comunales en el paí­s y su sostenibilidad, realizando una proyección del 2016-2030.

La viceministra del Ministerio de Economí­a y Planificación, Marí­a Elena Vélez González, explicó que entre las estrategias se encuentra además el estudio de nuevos sistemas de pago a los trabajadores de Comunales, no por lo recogido o el peso, sino por área limpia.

En otro orden de temas, los diputados de esta comisión analizaron lo referente al enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.

Ileana Flores Izquierdo, Contralora Jefa de la Dirección de Servicios Sociales Presupuestados, significó que continúan siendo causas que facilitan la ocurrencia de estos hechos el deficiente control interno, evidenciado en el desví­o de recursos, la demora en el análisis de las manifestaciones de corrupción con la aplicación de medidas extemporales y los reportes de pagos a trabajadores que no existen.

Sobre este tema, el diputado José Luis Fer ­nández Yero, vicepresidente de la Comisión, presentó como ejemplo un informe del control realizado a la comercialización de productos agropecuarios con destino al consumo social en entidades de salud de la provincia de La Habana realizado por el Ministerio de Finanzas y Precios.

El mismo arrojó como deficiencias la carencia de procedimiento interno que establezca el sistema de control en la comercialización de estos productos, la desactualización y carencia de los contratos económicos para co ­mercializarlos, la compra en exceso y con precios no establecidos que han afectado los recursos presupuestarios asignados, así­ como la violación de las normas de consumo aprobadas para pacientes y trabajadores.

Carlos Alberto Martí­nez Blanco, diputado de la capital, señaló que «la piedra angular tiene que ser la prevención, porque ante un hecho delictivo, el efecto sobre los colectivos de trabajo no es positivo, y hay que cuidarse de no generar un ambiente de desorden e impunidad ».

La diputada de Mayabeque, Teresa Pérez Morales, presentó a la comisión un análisis de los principales planteamientos de la población en las rendiciones de cuenta sobre salud, deporte y comunales, concentrándose la mayor cantidad de inquietudes en el paí­s en este último sector.

En cuanto a la salud, señaló que la falta de estabilidad y permanencia del servicio del médico de la familia, la necesidad de reparación de los consultorios médicos, la inconformidad con el servicio del transporte sanitario por lentitud y roturas, el déficit de algunos de los medicamentos del cuadro básico de sa ­lud, como los controlados, y la inconformidad con los procesos de regionalización de los servicios médicos, concentran el mayor número de planteamientos.

Sobre el deporte resaltaron la falta de reparación y mantenimiento en las instalaciones deportivas.

En este tema los diputados plantearon la necesidad de seguir exigiendo profundidad y correspondencia entre el plan de la economí­a y la solución de los planteamientos de la población, así­ como la identificación de las causas que limitan la solución con los implicados.

«La prontitud en la respuesta a los planteamientos es el pilar básico de nuestra democracia », porque nos debemos al pueblo y muchos de los problemas se resuelven con medidas y no necesariamente con recursos, expresó la diputada Teresa Pérez Morales.

Servicios telefónicos y bultos postales requieren atención inmediata

Al cierre del mes de noviembre existen en la Isla 3 millones 706 292 lí­neas de telefoní­a fija y móvil, mientras que durante el año 2014 la cifra de estas últimas se ha incrementado en unas 453 000, según informó Tania Ve ­lázquez, directora central de Comercial y Mercadotecnia de ETECSA, durante la tercera jornada de los debates de la comisión de Atención a los Servicios.

En la sesión de la mañana, los diputados analizaron el funcionamiento de los agentes de telecomunicaciones, nueva figura del trabajo por cuenta propia, que apareció desde el año 2013 y entre cuyos servicios destacan la venta de tarjetas propia y de celulares, y la gestión de cobro de la factura telefónica. Al respecto, Rafael Solí­s, diputado del municipio de Yara, en Granma dijo que la aceptación de esta modalidad está dada, sobre todo, porque se mantienen los mismos precios.

No obstante, de acuerdo con los diputados aún se necesita trabajar en este aspecto, pues en la actualidad el tiempo de atención a los agentes cuando van a pagar la factura es mayor que si hubiesen atendido a la misma cantidad de personas, razón por la cual las oficinas comerciales deben ganar en agilidad y organización.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y René Mesa Villafaña, ministro de Construcción.

Otro de los tópicos abordados fueron los talleres de reparación de equipos de telefoní­a y postventa, donde entre los elementos negativos sobresalen la limitada existencia de piezas en el almacén, los altos precios considerados de esta manera debido a que la defectación de los equipos se cobra en CUC y la existencia de un solo taller en cada provincia.

Por su parte Pablo Hernández, diputado del municipio de Diez de Octubre, en La Habana, criticó que las ventas de celulares a menores precios están muy por debajo de la demanda, y que la misma situación presenta la venta de teléfonos a 60 CUP para el servicio fijo.

Sobre el tema, Velázquez aseguró que si bien persisten limitaciones, la empresa ha adquirido durante este año 420 000 celulares, de los cuales el 80 % son para su venta en 24 CUC.

En tanto, la situación de los traslados de telefoní­a fija constituyó un tema sensible para los parlamentarios, quienes alegaron que una de las principales quejas de sus representados es la demora para dar respuesta.

En ese sentido la directora central de Co ­mercial y Mercadotecnia de ETECSA aseguró que para el cierre de noviembre en el sector residencial se han ejecutado 25 914 traslados, de ellos el 42 % corresponde a La Habana. Mientras que la cifra de traslados pendientes asciende a 14 056, «todos ellos entre cero o un año de demora », según aclaró la directiva, aunque reconoció que es una problemática no resuelta.

Por su parte Yaquelí­n Puebla, diputada del municipio de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, expresó la insatisfacción de los pobladores ante la situación actual de las montañas, donde existen zonas de silencio. Ade ­más, explicó que si bien Copextel debe garantizar las baterí­as en los consultorios médicos para la comunicación a través de plantas, hoy en dí­a estos equipos están en falta, razón por la cual resulta difí­cil la comunicación con las ambulancias en los municipios en caso de alguna emergencia.

Jaime Chian, del municipio de Las Tunas, insistió en que las provincias orientales están más afectadas que el resto, pues existe una necesidad real de teléfonos residenciales y una incapacidad por parte de ETECSA para responder a la demanda.

Por último, los parlamentarios analizaron la situación del recibo de bultos postales, servicio que durante este año 2014 reportó múltiples insatisfacciones de la población a partir de entregas tardí­as e incidencias de expoliaciones, pérdidas y robos.

Carlos Asencio, presidente del grupo em ­presarial Correos de Cuba, compartió con los diputados que hasta el cierre de octubre se reportaron 225 pérdidas y 129 expoliaciones, donde el 75 % se produjo en Cuba.

«Para enfrentarnos a esta situación hemos instalado 32 cámaras de videoprotección y contratado a 18 agentes de seguridad postal. No obstante, tenemos 25 centros de distribución domiciliaria donde no están creadas estas condiciones, pues se requiere de una inversión fuerte y hoy los montos que destinamos no son suficientes para revertir la problemática », concluyó.

Reservas por explotar en la industria local de materiales de la construcción

Aunque la industria local de materiales de la construcción muestra señales de avance, aún quedan muchas reservas por explotar y urge que las autoridades administrativas de los municipios vean definitivamente esta ví­a como una solución dinamizadora para el territorio.

Así­ trascendió de los debates que animaron este jueves la sesión de trabajo de la comisión de Industria, Construcciones y Energí­a, la cual evaluó, en presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, miembro del Buró Polí­tico y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, la fabricación de materiales a escala local e industrial.

Manuel Tomás Vázquez, jefe del Grupo Na ­cional de Producción Local y Venta de Ma ­teriales de la Construcción, dijo que el 2014 marca un crecimiento, a juzgar por los 26 millones de bloques previstos y los casi 900 000 metros cuadrados de piso fabricados. No obstante, reconoció que las mayores dificultades estriban en la calidad y la comercialización, las cuales deben ser superadas en pos de llevar a la población productos más baratos y de mejor factura.

Explicó además que actualmente se diseña un sistema de trabajo para reutilizar los escombros de la capital como materiales de construcción, en especial polvos, morteros, bloques y elementos de piso.

Respecto al programa de ahorro de agua, al cual también se asocia la producción local con materias primas recicladas, Tomás Váz ­quez indicó que este año deben fabricar alrededor de medio millón de piezas, distribuidas en 16 surtidos que abarcan grifos, latiguillos, entre otros. Entretanto el 2015 contempla una cifra superior a los 2 millones 400 000 unidades.

Más allá de estos resultados, el informe presentado por la Comisión, y que incluyó la visita a 40 municipios, diez canteras y 26 unidades empresariales de base, mostró que aún es insuficiente el equipamiento en la mayorí­a de los establecimientos, son deficitarios los medios de protección, la calidad no es estable y los precios todaví­a son altos.

Por ello, Pedro Astraí­n, diputado del municipio de Mayarí­, insistió en potenciar la industria local con el objetivo de ahorrar recursos que hoy se gastan en transportación, mientras Jorge Acosta, de Santiago de Cuba, subrayó los fuertes nexos entre la calidad del producto final y de las materias primas empleadas; de ahí­ la importancia de asesorar técnicamente al capital humano.

Durante la jornada, los miembros de la Comisión también recibieron una información detallada sobre la Polí­tica para el desarrollo de la industria productora de envases y embalajes, aprobada por el Consejo de Mi ­nistros en marzo del 2013.

Según Salvador Pardo Cruz, ministro de Industria, dicha estrategia pretende, a partir de una concepción integral, priorizar las fabricaciones con destino a la actividad exportadora, el desarrollo agroalimentario, biofarmacéutico y la venta de materiales de construcción, incrementando el uso de las capacidades disponibles en el paí­s.

Aseguró que para el 2015 se debe aumentar la producción nacional en 83 millones de pesos, garantizando el 61 % de la demanda, lo cual ratifica la tendencia creciente en los últimos dos años. Sin embargo, las latas de aluminio, los envases de vidrio, junto a otros surtidos como cajas de cartón corrugado, bolsas de alta y baja densidad, tapas metálicas... conforman un grupo de diez modalidades, cuyos montos de importación para el 2015 abarcan casi el 80 % de los 244 millones de dólares previstos.

No en vano las principales inversiones están encaminadas a sustituir las costosas compras en el exterior. Aunque en algunos casos se han visto limitadas por demoras en la elaboración de los estudios de factibilidad y la no identificación de fuentes financieras o socios externos para materializar los proyectos, sentenció.

Por mayor interacción de los gobiernos en el cuidado ambiental

Logros y dificultades presentes en la gestión integral y los programas de educación am ­biental y empresarial del Grupo de Trabajo de la Bahí­a de La Habana, se dieron a conocer este martes en la Comisión de Educación, Cul ­tura, Ciencia, Tecnologí­a y Medio Am ­biente, de donde emergió la solicitud de los diputados de aumentar la influencia sobre los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) para disminuir la carga de contaminación ambiental de sus entidades.

Según trascendió, las áreas de resultado clave del Grupo de Trabajo abarcan desde el saneamiento de la Bahí­a, su cuenca tributaria y la zona costera contigua de interacción, así­ como la gestión, el manejo integrado, la educación ambiental y la colaboración nacional e internacional. Además se pone en práctica un sistema de vigilancia conjunta con el objetivo de prevenir vertimientos ilegales, mediante acciones de patrullaje realizadas por los inspectores del puerto.

Aunque desde la creación del Grupo en el año 1998 se ha logrado reducir un 76 % la carga contaminante procedente de las industrias y se ha creado todo un programa de educación ambiental y empresarial, se reconoció la existencia del mal manejo de residuos sólidos y oleaginosos, los suelos impactados por aceites e hidrocarburos, un parque tecnológico obsoleto, indisciplina tecnológica y escasas inversiones de las empresas para resolver los problemas ambientales, entre las problemáticas que obstaculizan el trabajo en la Bahí­a de La Habana.

En el caso de la educación en los centros   escolares, a pesar de que existen algunos resultados en la capital, persiste la inestabilidad de los promotores ambientales, la escasez de materiales didácticos, los insuficientes ví­nculos escuela-comunidad, la ausencia de locales para el trabajo de los grupos gestores, entre otras problemáticas, informó Santiago Reyes Pérez, director adjunto del Grupo.

El diputado Miguel Limia, del municipio de Campechuela, en Granma, sostuvo que se requiere alcanzar una conciencia medioambiental en nuestros empresarios. «Exige una cultura cí­vica, ecológica, pero además medidas tributarias más exigentes, especí­ficas y abarcadoras », así­ como una mayor participación de la comunidad y el sector no estatal.

En ese sentido, el general de la reserva Armando Choy Rodrí­guez, presidente del Grupo, explicó que el Ministerio de Finanzas y Precios aprobó en el año 1999 un impuesto por el uso de la Bahí­a, «bajo el principio de que quien contamina paga », además con la perspectiva de creación de otros puertos en el paí­s; sin embargo, la resolución no abarca el sector no estatal, el cual, aunque en menor medida, genera también una carga de contaminación al medioambiente.

En la jornada vespertina de este jueves la Comisión se dedicó a analizar su funcionamiento interno, el análisis del plan de trabajo del 2014 y la aprobación del perteneciente al 2015, así­ como una valoración de la atención a los planteamientos de los electores, entre otros asuntos de interés.

La tala ilegal de madera ha ido en aumento

La tala ilegal de árboles es uno de los delitos que más se han incrementado en los últimos meses, de acuerdo con lo señalado por los diputados de la comisión Agro ­ ­ ­a ­limentaria, durante su última sesión de trabajo.

Hasta el mes de septiembre, informó Gus ­tavo Rodrí­guez Rollero, titular del Ministerio de Agricultura, habí­an sido decomisados 1 573 metros cúbicos de madera por el cuerpo de guardabosques.

Rodrí­guez Rollero indicó que en Cuba existe un registro de la tierra, de tractores y má ­quinas autopropulsadas, pero en el paí­s no hay un registro del patrimonio forestal por cada persona que tiene tierras, y la Ley Fo ­restal no. 85 no lo concibe.

Durante el encuentro se destacó que entre las principales quejas y planteamientos de la población se encuentran la demora en la tramitación de la entrega de tierras ociosas en usufructo y la inconformidad con el procedimiento empleado por las autoridades agrarias municipales y provinciales para realizarlo; desví­o de combustible que se entrega para la prestación de servicios, así­ como problemas con las condiciones de tenencia y control de la masa ganadera.

«Nuestra cooperativa cuenta 1 838 hectáreas de caña, expresó el diputado Abilio Piedra, y tenemos dentro alrededor de 40 tenedores de ganado que tienen 40 o 50 cabezas. Es una guerra lo que debemos pasar para proteger la caña de todos esos animales. Pienso que se puedan tener dos o tres vacas pero no 40 o 50 en un pedazo de tierra muy pequeño. Los tenedores deben poseer vacas cuando tengan la suficiente cantidad de tierras », expresó.

En la comisión también se señalaron las medidas tomadas para mitigar la mortalidad del ganado vacuno.

Los diputados discutieron en la jornada de la tarde la ejecución del presupuesto del Estado en el 2014 y el proyecto de ley del presupuesto para el 2015, en este sector.

Combatir las ilegalidades desde la comunidad

El enfrentamiento a los delitos, ilegalidades y conductas antisociales en el paí­s no es un problema solo de las autoridades penales o jurí­dicas, sino un asunto que también debe tratarse desde la comunidad y el seno familiar.

Así­ coincidieron ayer los diputados de la comisión de Atención a la Niñez, Juventud e Igualdad de Derechos de la Mujer, al realizar un análisis sobre las medidas implementadas hasta el momento para la prevención y el combate de esas manifestaciones.

Eduardo González, diputado de Guan ­tánamo, señaló la tendencia en algunas asambleas de rendición de cuenta a no analizar ese fenómeno, lo cual incide negativamente en la labor de enfrentamiento y prevención.

Entre las preocupaciones expresadas por los representantes del pueblo destacaron las referidas a la actuación de los jefes de sector y la implicación de jóvenes en actos delictivos.

Por su parte Rosmeri Santiesteban, de Gran ­ma, comentó que aunque ese territorio cerrará el año con un í­ndice delictivo más bajo que el pasado, aumentó la cifra de personas que por primera vez registran delitos.

Los diputados, en sus minutos de receso, dialogan y polemizan sobre otros temas de interés nacional.

Respondiendo a las inquietudes, el coronel Idael Fumero Valdés, jefe del departamento de Información y Análisis de la Policí­a Téc ­nica de Investigaciones de la Dirección Ge ­neral de la Policí­a Nacional Revo ­lu ­cionaria, explicó que esa propensión se ha manifestado a nivel nacional.

Añadió que en consonancia con un comportamiento delictivo cada vez más complejo, el Ministerio del Interior desarrolla acciones con mayor impacto en la delincuencia, y que estimulan una participación de la comunidad más activa.

A pesar de ello, informó, persisten hechos de violencia con participación de jóvenes, los cuales generalmente se asocian a conductas antisociales y suceden en sitios de caracterí­sticas socio-operativas adversas.

El coronel sostuvo que este año disminuyeron las ilegalidades vinculadas a los combustibles y gradualmente la venta pública de mercancí­as importadas, aunque persiste de forma encubierta y con nuevas modalidades.

No obstante apreciarse mayor comprensión y dinamismo en el combate contra los hechos delictivos e ilegalidades, concluyó, todaví­a no se alcanzan los niveles esperados en cuanto a la movilización social.

Elevar la calidad del sistema de justicia penal

Grandes desafí­os tienen hacia el futuro los tribunales, la Fiscalí­a y los órganos de instrucción, en aras de perfeccionar y elevar la calidad del sistema de justicia penal y su soporte legislativo, a pesar de indiscutibles avances registrados en los últimos años.

Así­ lo valoró Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, al intervenir al término de la consideración de varios asuntos vinculados a ese tema en la última reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Con ­sti ­tucionales y Jurí­dicos del año, efectuada este jueves.

Sendas y detalladas informaciones del Tribunal Supremo Popular (TSP), la Fiscalí­a General de la República y la Dirección Ge ­ne ­ral de Investigación Criminal y Ope ­ra ­ciones del Minint, ofrecidas a los parlamentarios, motivaron los comentarios de Acosta, quien señaló que las exposiciones reflejan la inconformidad permanente de esos órganos, tras varios años de trabajo modificando estilos, esquemas de dirección, y exigiendo mucho para lograr resultados, en los que ha primado el empeño por perfeccionar las fases de investigación e instrucción y los juicios, para mejorar los procesos penales sumando más derechos y garantí­as a los involucrados.

En un primer momento fue abordada la actualización del sistema de justicia penal, que abarcó la situación de los proyectos relativos a las modificaciones que requieren el Código Penal, y las leyes de Ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, así­ como la de Procedimiento Penal, presentadas por Oscar Martí­nez, vicepresidente del TSP y el vicefiscal Carlos Concepción, que contó con intervenciones de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo y Darí­o Delgado, Fiscal General de la República.

Sobre el particular, José Luis Toledo, presidente de la Comisión, destacó la importancia de que los diputados recibieran esta información que les sirve de base a su preparación para el momento en que les corresponderá participar en el proceso legislativo.

Con posterioridad y apoyados en profusión de elementos y estadí­sticas comparativas, el propio Oscar Martí­nez, Alina Montesino, fiscal jefa de la Dirección Penal de la FGR y el general de brigada Adalberto Rabeiro Garcí­a, jefe de la Dirección General de Inves ­tigación Criminal y Operaciones del Minint, tuvieron a su cargo dar a conocer a los diputados el estado de la tramitación de los procesos penales.

Asimismo la Comisión fue informada por Marí­a Esther Reus, ministra de Justicia, sobre la marcha del trabajo en los registros de la propiedad y el uso de inmuebles estatales, cuyo plazo de inscripción vence el próximo 31 de diciembre.

A respetar la ví­a

La comisión de Defensa Nacional discutió ayer cómo se comportan los planteamientos de los electores en las rendiciones de cuenta de los delegados del poder popular, en medio del análisis de la situación que presenta el tránsito.

En palabras del coronel Oscar Callejas Var ­carcel, primer segundo Jefe de la Dirección Nacional de la PNR, están delimitados los Consejos donde las personas demandan los servicios policiales, lo que permite conformar una estadí­stica que, a su vez, posibilita descubrir lugares que no tení­an una alta incidencia o registro delictivo, sin embargo muestran un gran número de ciudadanos solicitando el servicio de la policí­a.

Al diputado Julio César Estupiñán (Mayarí­, Holguí­n) le preocupa la señalización en el sistema ferroviario, pues considera que hay lugares donde la nula existencia de esta no solo es un riesgo para la vialidad, sino que además da sensación de abandono.

Otro punto importante en la jornada de este jueves lo constituyó la gran cantidad de choferes que conducen sin prestar la debida atención al timón.

En este particular, el general de brigada Jesús Becerra Morciego, jefe de la Dirección Nacional de la PNR, se refirió al elevado por ciento de multas por estas violaciones en la ví­a, sobre todo a choferes de los conocidos «boteros », quienes manejan con una mano en el volante y la otra en el dinero.

Autos que circulan con exceso de pasajeros, el recurrente tema de los animales sueltos en la ví­a a altas horas de la noche, el robo de las señales de tránsito para fabricar implementos caseros y los hechos vandálicos causados bajo el efecto de bebidas alcohólicas o por personas inescrupulosas, formaron puntos esenciales en la agenda de esta VIII Legislatura.