El despliegue militar prolongado y gigantesco en el Caribe para combatir el narcotráfico, la intercepción de embarcaciones en aguas internacionales y la ejecución sumaria de tripulantes que, supuestamente, transportaban drogas hacia el mayor consumidor mundial de ese tipo se sustancias; la piratería de buques petroleros en alta mar, la conversión de un presidente suramericano en líder de un cartel narcoterrorista con intenciones de dañar al más poderoso de los imperios, la infiltración de un agente de la CIA en los más altos mandos del país, el secuestro escandaloso del mandatario electo y su esposa, la imputación de cargos que prometen larga estadía en prisión, las amenazas a otros gobiernos en condiciones similares, la denuncia popular y los aplausos —según el bando desde donde se mire—, la incertidumbre, el suspenso…
Lo que parece el resumen de una producción de Netflix empaquetado en un reel viral de menos de un minuto, no es más que la sucesión de acontecimientos que han mantenido en tensión a América Latina y el Caribe durante meses, y que estremecieron a toda la comunidad internacional desde la madrugada del 3 de enero de 2026. ¡Cómo empezó el año!
Vivimos en un mundo donde un millonario lunático juega a ser presidente de la mayor potencia imperial, se adjudica el derecho de pasar por encima de constituciones —incluida la de su propio país— y la Carta de las Naciones Unidas, criminaliza gobiernos y gobernantes que no satisfacen sus pretensiones, acusa y condena sin mostrar pruebas, agrede a un Estado soberano que atesora bajo su suelo la mayor reserva global de petróleo y otros recursos minerales valiosísimos, secuestra a su presidente electo y lo envía a juicio por cargos que apenas se sostienen judicialmente, y ha rebautizado con su nombre la Doctrina Monroe, sostén del intervencionismo norteamericano contra cada intento de soberanía al sur del Río Bravo durante más de 200 años.
Como si en realidad se tratara de una serie o un filme que respeta los roles tradicionales de «buenos», «malos» y «héroe salvador de la humanidad», la verdad queda sepultada bajo narrativas que mutan y llegan a contradecirse.
Apenas concluyó la llamada «Operación Resolución Absoluta» (bombardeo selectivo y secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros), se diluyeron los argumentos de la feroz lucha contra el narcotráfico. El propio Donald Trump fue el primero en mencionar el petróleo como objetivo central y la inmediata disposición de las compañías energéticas estadounidenses para «revitalizar» el sector en Venezuela.
El pretexto de proteger a la población norteamericana del flagelo de la droga tampoco se sostiene, al recordar el indulto presidencial concedido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien la justicia de Estados Unidos sentenció en 2022 a 45 años de prisión, por haber recibido millones de dólares de cárteles para permitir el paso de cocaína por su país.
Trump alegó que Hernández fue víctima de «persecución política» y de una «trampa» del Gobierno de Joe Biden; aunque los fiscales lo acusaron de haber transformado a Honduras en un «narcoestado».
Un editorial publicado en el periódico The New York Times el pasado 3 de enero volvió a disolver la justificación a la que se ha aferrado Washington, pues Venezuela no es un productor relevante de fentanilo ni de otras drogas causantes de tantas sobredosis en terreno estadounidense, y la cocaína que transita por su territorio tiene como destino principal Europa.
El propio texto cuestionó la legalidad y la lógica de la operación estadounidense, y señaló que, según la Constitución norteamericana, el Ejecutivo debía acudir al Congreso para la aprobar tales acciones bélicas.
Luego, se conoció que el Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció que el llamado Cartel de los Soles no constituye una organización criminal real. La acusación, presentada por un gran jurado en 2020 y reforzada desde julio de 2025 —cuando el Departamento del Tesoro designó al llamado «Cartel de los Soles» como organización terrorista—, fue reformulada y ahora se presenta a Maduro, junto con el comandante Hugo Chávez, como partícipe de un entramado de clientelismo sin estructura criminal definida.
Otra contradicción salta a la vista al no ver frente al gobierno a Edmundo González y María Corina Machado. A pesar de que la Casa Blanca reconoció a González Urrutia como presidente electo en los comicios del 28 de julio de 2024, actualmente la administración republicana considera que la derecha venezolana carece del respeto y apoyo necesario para dirigir el país.
Por no hablar de la materialización de los términos «libertad», «democracia», «paz» y «derechos humanos» en guerra, saqueo, presión y sometimiento de los pueblos latinoamericanos a los intereses capitalistas.
Aunque Trump dista mucho de ser un político tradicional —y eso complica
cualquier análisis—, no se aleja tanto de la estrategia histórica y sistemática de dominación, amparada por la Doctrina Monroe, la visión estadounidense del destino manifiesto, el corolario Roosevelt y la cruzada anticomunista de los años de la Guerra Fría; todo, bajo el manto moderno de la guerra híbrida.
De la mano del teólogo brasileño Frei Betto resulta fácil seguir la ruta del intervencionismo yanqui en América Latina y el Caribe. Desde 1831 los marines invadieron las Islas Malvinas y dos años después ayudaron a Inglaterra a apoderarse militarmente de ese territorio. De 1846 a 1848 el ansia usurpadora se apoderó de más de la mitad de México (Texas, Nuevo México, Arizona y California).
En 1853 el pirata yanqui William Walker intentó apoderarse del estado mexicano de Sonora, rico en oro; invadió Nicaragua dos años después, y en 1856 se autoproclamó presidente de toda Centroamérica. Cualquier similitud con el conquistador que actualmente ocupa la Casa Blanca ¿es pura coincidencia?
En 1898 intervinieron en la guerra de independencia en Cuba, instauraron un gobierno militar durante cuatro años, impusieron la Enmienda Platt y, entre intervenciones y amenazas, recordaron quién estaba realmente al mando durante toda la primera mitad del siglo xx, hasta el descalabro mercenario de 1961 en Playa Girón.
Un antecedente en suelo venezolano ocurrió en 1947, cuando, con el apoyo de los militares locales, derrocaron al presidente Rómulo Gallego por haber aumentado el precio del petróleo exportado. El motivo real siempre ha venido oscuro y en barriles.
En 1954 la Casa Blanca apoyó el golpe de Estado en Guatemala que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien había propuesto reformas agrarias que perjudicarían los intereses de la United Fruit Company. Diez años después, otro golpe orquestado por la CIA derribó al gobierno de João Goulart, en Brasil, y en 1965, los marines ocuparon República Dominicana para librarla «del peligro comunista» e impidieron la toma de posesión de Juan Bosch.
Uno de los golpes militares más conocidos, también con apoyo estadounidense, se produjo en Chile en 1973, que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, y la llegada al poder del dictador Augusto Pinochet. ¡Qué decir de la cruenta Operación Cóndor!
Diez años después, en Granada, fue derrocado, arrestado y fusilado el primer ministro progresista Maurice Bishop, y durante la invasión norteamericana que siguió al golpe de Estado 25 cubanos perdieron la vida y 59 resultaron heridos. Entre 1988 y 1989 aviones de EE. UU. lanzaron bombas sobre la población civil de Guatemala, con el pretexto de combatir a la guerrilla.
Justamente el 3 de enero, pero de 1990, fue apresado el general Manuel Antonio Noriega, quien fuera agente de la CIA y dirigía Panamá desde 1983. En diciembre de 1989 el gobierno de George H. W. Bush desplegó la Operación Causa Justa, con una invasión de más de 25 000 soldados para derrocar a Noriega —también acusado de tráfico de drogas— e imponer el poder a Guillermo Endara, lo cual dejó un saldo elevadísimo de civiles muertos cuya cifra exacta aún no se precisa debido a la manipulación política.
Los antecedentes son cuantiosos y han dejado huellas profundas en cada territorio donde el Tío Sam impuso la fuerza para invadir, organizar golpes de Estado, apoyar dictaduras militares, atizar conflictos internos y construir su hegemonía económica y política, siempre anteponiendo motivos de seguridad nacional ante una región que no tiene ni interés ni poder para agredir a semejante imperio.
Ahora estamos reviviendo los días de 1914, cuando las grandes potencias se frotaban las manos antes de repartirse el mundo y engullir territorios. Queda sentado un precedente peligrosísimo que podría dar luz verde a otros países para solucionar conflictos «a la americana». El autoproclamado «policía del mundo» es el peor de los villanos. ¿Y la ONU? Habría que refundarla.