Publicado en la Gaceta Oficial, el pasado 3 de marzo, y puesto en vigor un mes después, el decreto ley 114/2025 «De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales» dio respuesta, por fin, a un anhelo planteado en innumerables ocasiones por empresarios y trabajadores de ambas formas de gestión, juristas, académicos y otros muchos cubanos que aspiran al desarrollo económico y social del país.
La norma jurídica tiene como antecedentes el reconocimiento de la forma de propiedad mixta por la Constitución de la República, y otras medidas contenidas en varias legislaciones para afianzar los vínculos entre distintos actores económicos. Sin embargo, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, afirmó que esta representa un «salto cualitativo» respecto a las formas de cooperación existentes hasta ahora. Esperemos que la práctica constate y supere las bondades que plantea.
Antes de profundizar en el contenido, vale aclarar que el decreto ley entiende por entidades empresariales estatales a las empresas estatales, las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) —mejor conocidas como mipymes— estatales, las sociedades anónimas de capital cien por ciento cubano y las unidades presupuestadas con tratamiento especial.
La modalidad más llamativa de las asociaciones que regula el texto consiste en la posibilidad de constituir una nueva persona jurídica: la SRL mixta, a partir del aporte de bienes y derechos de dos o más entidades, o la transmisión de los respectivos patrimonios sociales a una nueva empresa. Esta funcionará de manera independiente a las partes que la integran.
La norma también permite que una entidad empresarial estatal adquiera participación en una SRL privada ya existente, que una sociedad anónima de capital cien por ciento cubano o una SRL estatal absorba a una SRL privada, y la concertación de contratos de asociación económica sin crear una nueva figura jurídica.
El decreto ley 114 regula la constitución, gestión, administración, distribución de utilidades y procedimientos de liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada mixtas. Asimismo, contiene pautas para la instrumentación, terminación y liquidación de los contratos de asociación económica, y otorga al Ministerio de Economía y Planificación la responsabilidad de dirigir y controlar la política nacional sobre las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales.
Desde la publicación en Gaceta, emergieron buenas expectativas: impulsar encadenamientos productivos entre sectores que hasta ahora operaban con limitaciones, incrementar la producción de bienes y servicios para la población, potenciar la exportación y la sustitución de importaciones, aprovechar y modernizar capacidades productivas ociosas en el sector estatal, elevar la competitividad empresarial, generar nuevas fuentes de empleo, impulsar la innovación… Aspiraciones todas contempladas en varios objetivos del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026.
De igual manera, son diversas las ventajas para las SRL mixtas que surgen al amparo de esta legislación: el objeto social admite cualquier actividad lícita de producción, comercialización, especialización y servicio, por lo que los actores no estatales que se asocien con el Estado tendrán mayor alcance en su gestión, al no verse limitados por la lista de actividades no autorizadas a ejercerse, según el decreto 107/2024.
En esta nueva figura también desaparece el límite de 100 trabajadores establecido para las mipymes privadas, y como la entidad mixta tiene que autofinanciarse, no demanda recursos del presupuesto del Estado.
El sector estatal, aquejado por la falta de recursos crónica, y otras razones objetivas y subjetivas que coartan su gestión, podría beneficiarse con los insumos, el financiamiento y la flexibilidad con que opera el sector no estatal. En tanto, este último aprovecharía las competencias de una fuerza laboral altamente calificada, tanto en los procesos industriales como en la regulación de las actividades para las cuales se asocien.
Para el desarrollo territorial, el impacto sería enorme, si se logra que estas alianzas tributen al crecimiento de comunidades, municipios y provincias, y respondan a las demandas que hoy no cubre ninguno de los sectores de manera independiente.
A la par, implica un paso más hacia la descentralización, la autonomía del sistema empresarial y de las localidades. Allí es donde urge ver resultados que mejoren la calidad de vida del pueblo y se sostengan en el tiempo.
Quiénes mejor que las autoridades locales para conocer las problemáticas de sus territorios, identificar a los productores capaces de integrarse para darles solución, y garantizar que cada nueva oportunidad tribute a la estrategia de desarrollo.
Para conducir al éxito esta apertura, Villa Clara cuenta con un potencial de 126 empresas estatales, 2 sociedades mercantiles, 17 empresas filiales, 12 mipymes estatales, 464 mipymes privadas y 408 cooperativas, de las cuales 399 son agropecuarias, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Además, registra buenas experiencias de alianzas y producciones cooperadas, visibles, por ejemplo, en la industria.
Las autoridades del Ministerio de Economía y Planificación han advertido que el decreto ley 114 no da luz verde a la privatización, sino que crea nuevas formas de gestión para la propiedad socialista. El Estado se asocia, pero no vende los activos del pueblo, a quien representa.
La nueva norma no viene libre de retos. El primero, quizá el mayor de todos, combina transparencia, agilidad y eficiencia, pues fija 30 días naturales —no hábiles— para los análisis y la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación. El plazo se extiende hasta 60 cuando la decisión se relaciona con alguno de los bienes de propiedad socialista de todo el pueblo reconocidos en la Constitución.
Para el sector estatal también representa un desafío aprender a negociar con un socio privado, resolver conflictos y gestionar de otra manera la propiedad socialista, sin lugar para la inercia o la burocracia. Igualmente, estas empresas mixtas que surgirán tienen que garantizar sus fuentes de financiamiento, gestionar el capital de trabajo y ser eficientes, contemplando tanto las señales del mercado como la responsabilidad social que deben cumplir.
Ojalá sea esta una verdadera fórmula de «ganar-ganar» para las entidades que establezcan nuevos modelos de negocios y, sobre todo, para el pueblo, deseoso de ver pronto una mejoría de sus condiciones de vida. Que el decreto 114 se vuelva una herramienta para franquear todo tipo de bloqueos y concretar las esperanzas de progreso.