Este 30 de abril concluyó el proceso de consulta popular del proyecto de Código de las Familias, que comenzó el pasado 1. º de febrero y llevó a todas las circunscripciones del país la oportunidad de valorar y enriquecer una norma jurídica trascendental para la ciudadanía.
Muy lejos de caprichos o encomiendas apresuradas, la propuesta se basa en la realidad familiar de la nación, la práctica jurídica, los avances de las ciencias sociales y la influencia de acuerdos internacionales de los cuales Cuba es signataria. Así lo explicó a Vanguardia el Dr. C. Reinerio Rodríguez Corría, profesor titular de Derecho Civil y de Familia en la Universidad Central «Marta Abreu » de Las Villas (UCLV).
«El proyecto de Código de las Familias, que se ha sometido a consulta popular y luego será presentado a referendo, es resultado de un largo proceso legislativo. Desde hace más de 20 años se valora la necesidad de modificar el código vigente; en primer lugar, porque el ejercicio jurídico ha demostrado que no contiene instituciones legales demandadas en la realidad cubana actual.
«Por ejemplo, no había una norma que protegiera los derechos de los abuelos y otros parientes, no se establecía variedad en el régimen económico del matrimonio, había problemas en la determinación de la guarda y cuidado, y la comunicación de los padres con respecto a los hijos, existían limitaciones en la protección de las personas adultas mayores y en situación de discapacidad, y no se regulaba el tema de la violencia doméstica. La realidad nos demostró que todas estas situaciones requerían un respaldo legal.
«Además, el proceso legislativo tuvo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño que no está recogida en el vigente código, porque su aprobación fue posterior, en 1989 y los avances de la ciencia jurídica a nivel internacional, con los elementos novedosos que va incorporando la doctrina legal del derecho.
«Asimismo, durante la reforma constitucional, el debate se centró en algunos aspectos vinculados con el ámbito familiar, como la existencia de diferentes formas de familia y la necesidad de establecer variaciones en cuanto al matrimonio para proteger los derechos de las parejas del mismo sexo. Una vez aprobada, la carta magna estableció el mandato de modificar el Código de Familia y que, por su importancia social, el proyecto fuera sometido a consulta popular ».
Ante la pregunta de cómo llegamos hasta aquí, el Dr. C. Joaquín Alonso Freire, sociólogo, profesor e investigador del Centro de Estudios Comunitarios (CEC), de la UCLV, y secretario de la filial de la Academia de Ciencias de Cuba en Villa Clara, se remite a la aprobación con más del 86 % de votos a favor de una Constitución del siglo XXI, a tono con el país que existe y es posible.
«En este momento afrontamos un proceso de elaboración y aprobación de las leyes que, en el orden práctico, da vida a lo refrendado en 2019. No estamos haciendo solo una norma para las familias, sino una serie de códigos imprescindibles para que el texto constitucional no sea letra muerta. Es parte de la tarea de naturaleza legislativa que nos toca ».
Para entender con profundidad todos los beneficios de la nueva ley que regularía el Derecho Familiar en Cuba, apela a la confrontación de sus contenidos con los de la legislación precedente.
«El código anterior se hizo a mediados de los años 70, cuando formábamos parte del campo socialista, y tiene mucha influencia del lenguaje y los valores del modelo soviético. La nueva propuesta se acerca más a nuestra realidad. Por tanto, si no se aprueba el proyecto de ley, quedaría vigente la norma actual ».
Dado el carácter indivisible y universal de los derechos ciudadanos reconocidos por la ley de leyes, y que, en el ámbito familiar, regula el proyecto sometido a valoración popular, resulta inconcebible pensar en los beneficios como una relación asimétrica de poder, que colocará a determinado grupo social por encima de otro. Eso sería, cuando menos, anticonstitucional.
En un proyecto que contiene las necesidades, aspiraciones y preocupaciones de todas las familias, el sociólogo, profesor e investigador del CEC no encuentra margen para la discriminación.
«Para el pensamiento conservador, la única estructura de familia es la nuclear, de mamá, papá y nené. Se reconoce este modelo, pero todos los demás tienen el mismo derecho. ¿Cómo dejar fuera esa diversidad que ha surgido por necesidades de las personas? Desconocerla, en términos legales, no significa que no exista.
«Si la Revolución ha sido inclusiva durante todo su devenir, ¿cómo no lo va a ser en relación con las familias? No obstante, de no aprobarse los cambios que incluyen todos estos modelos, siguen amparados por la Constitución, aunque con menos posibilidades de realización personal y familiar.
«Tenemos que reconocer las influencias a las cuales estamos sometidos y preguntarnos: “ ¿Qué nos rodea? ¿En qué mundo estamos?â€. Hay familias muy distintas a las nuestras, con las que compartimos la vida cotidiana, en las calles, en las bodegas. ¿Las vamos a desconocer, les vamos a negar sus derechos? Lo considero injusto y no sería revolucionario ».
Si bien determinados beneficios resultan ajenos a la mayoría de los hogares, el Dr. C. Alonso Freire insistió en que la propuesta legislativa no exagera en la profundidad técnica ni en la pluralidad de situaciones, e insta a valorarla en su totalidad.
«Con toda la fuerza y la independencia propias de la edad adulta, algunas personas piensan que nunca en su vida estarán necesitadas, que no van a enfermar o envejecer, que jamás padecerán alguna discapacidad, y lo que hoy quizá les moleste, mañana constituirá un beneficio si alguien se niega a brindarles apoyo ».
Sobre los debates generados hasta el momento, el especialista hace una distinción entre los escenarios físicos y los virtuales. Estos últimos, en muchas ocasiones, representan una imagen confusa, exagerada y tergiversada de los fenómenos que hace muy poco favor a la democracia y a la verdadera participación del pueblo.
«El debate en las redes no se refleja en las colas, las guaguas, los centros de trabajo ni los diversos espacios de la vida diaria. La consulta popular ha transcurrido muy tranquila y sosegada, con respeto hacia cualquier criterio, porque no se ha hablado en contra de los ciudadanos, sino de contenidos que no se entienden.
«Sin embargo, en las redes digitales aparecen la ofensa y el odio. Cuando analizamos el origen, el 90 % es de fuera del país. Significa que hay personas interesadas en que no se apruebe el código y en que quienes hoy están privados de derechos sigan excluidos. Crear malestar es también uno de los objetivos del bloqueo.
«Tenemos que dar la batalla en esos espacios. Cada vez que la gente se moviliza y va a las plataformas digitales a expresar su criterio, enseguida el balance cambia, porque aquellos lo hacen como tarea, porque les pagan para cumplir el encargo; pero aquí respondemos de manera espontánea, a nadie le pagan por meterse a debatir sus propias creencias ».
En los diálogos tampoco faltaron los electores que manifiestan desacuerdos sin conocer a fondo lo que plantean; incluso, a veces sin haber leído el texto en cuestión, y dan por sentado lo que alguien les hizo creer, con mejor o peor intención.
«Se trata de un código para todos, no para un tipo de persona. Ofrece un conjunto de ventajas y protecciones que se pueden listar, y creo importante que los medios de comunicación lo hagan, para preguntar después: “Si tú no estás de acuerdo con una de esas cuestiones, ¿vas a renunciar a las demás?â€. A veces todo se limita a un artículo, en un proyecto con una riqueza enorme, tan inclusivo, y que refleja la vida del país », reflexionó el profesor Joaquín Alonso Freire.
Otro contrapunteo, en torno a la religión y las interpretaciones personales sobre el deber ser de la fe, ha generado varias discusiones que laceran, desde los extremos, todo intento de poner al descubierto los matices intermedios e imponen condiciones excluyentes y discriminatorias a los derechos.
«Las posiciones contrarias, de naturaleza religiosa, estarían de acuerdo con una época de ateísmo, donde se perseguía y no había claridad sobre la necesidad de la unidad nacional, porque ese era el modelo del campo socialista. Entonces, no solo estarían negando todo lo que aporta el nuevo documento, sino que se adscriben a un código aprobado cuando las creencias no tenían las posibilidades expresivas que poseen hoy », recordó.
«En la Constitución, el Estado se reconoce como laico, y ello se traduce en que no interfiere en asuntos de religión y la religión no se inmiscuye en temas de política », añadió.
Tanto Rodríguez Corría como Alonso Freire señalan una enseñanza que trasciende todos los avances en materia familiar, y esta consiste en las experiencias para futuros procesos de consulta popular y referendo, imprescindibles en la renovación legislativa de un Estado socialista de derecho. En todo caso, la ausencia y el silencio resultan las opciones menos inteligentes.
«Durante la primera etapa, cuando salía una propuesta de modificación, la inmensa mayoría que estaba de acuerdo con el proyecto no decía nada, y solo se tomaba nota de las proposiciones de cambio. Si desde el principio, quienes están de acuerdo intervienen, expresan su apoyo y resaltan elementos importantes, sería diferente, porque callar no significa aceptar », precisó el profesor e investigador del CEC.
Por su parte, el profesor Reinerio Rodríguez Corría califica de positivo el debate generado hasta el momento, como una oportunidad para confrontar criterios y valorar opiniones heterogéneas.
Tanto en las consideraciones que los ciudadanos aún pueden hacer llegar a los sitios web del Ministerio de Justicia y la Asamblea Nacional del Poder Popular como en los diálogos que suscitará el referendo en sus días previos, el jurista aboga por el respeto, la aceptación de las diferencias, el no imponer criterios ni instituciones jurídicas.
«Independientemente de lo que apruebe el Código de las Familias, creo que el resultado más importante consiste en la madurez que va alcanzando la conciencia ciudadana para debatir este y otros procesos », concluyó.