Todos los problemas que caben en un hogar se multiplican cuando paredes y techos faltan o languidecen. Abundantes demandas insatisfechas pesan sobre los hombros de las familias cubanas, y la vivienda, más cerca de los males acumulados que de los remedios, resulta centro de muchísimas urgencias.
Análisis recientes develan retrocesos o estancamientos sobre el programa nacional diseñado e implementado para atender uno de los ejes de las mayores desigualdades e insatisfacciones sociales en Cuba. Las deudas abarcan tanto la construcción de nuevos espacios para paliar el déficit habitacional, como el mantenimiento, conservación y mejoramiento del fondo existente.
Atrasos constructivos, familias que emprenden una espera prolongada por el certificado de habitable de su casa concluida, debido a la falta de servicio eléctrico, acueducto o documentación técnica; inestabilidad en la oferta de materiales de la construcción, poca o nula correspondencia entre las producciones locales y las obras terminadas o en desarrollo, mayores deudas con las células básicas habitacionales para las personas más necesitadas, trámites burocráticos interminables —valga la redundancia— y el tin marín mañoso de muchos subsidios, tiñen de gris cuadros urbanos y rurales.
Acorde con los criterios fundamentados por la ciencia, las discusiones internacionales y la realidad del país, el artículo 71 de la Constitución de la República reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada, y a un hábitat seguro y saludable.
No solo se trata del espacio físico para brindar seguridad a sus habitantes, sino de garantizar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles; acceso al empleo y a servicios básicos, aprovechamiento racional del suelo, movilidad ciudadana acorde con la transportación vehicular, configuración de espacios públicos y de recreación, y respeto por los valores identitarios.
Si bien la responsabilidad de hacer efectivo el derecho constitucional en Cuba recae sobre el Estado, la Carta Magna incluye el aporte de entidades y la participación comunitaria, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano, y las leyes. De hecho, entre 2016 y 2021 el esfuerzo propio de la población y la gestión de entidades no estatales superó con creces los logros estatales en la terminación de casas.
A mayor escala, preocupan el crecimiento urbano espontáneo y desproporcionado, la proliferación de barrios ilegales, conocidos como «llega y pon», y la acumulación de desigualdades en cuanto a las condiciones del hábitat, la calidad de las viviendas y el acceso a bienes y servicios sociales.
Así, queda al descubierto la situación ventajosa de unos territorios con respecto a otros y entre los propios ciudadanos, pues no todos cuentan con suficientes ingresos para costear la construcción, reparación o compra de un inmueble.
Las permanentes carencias económicas, la asiduidad de fenómenos atmosféricos, que no dan margen a la recuperación, y la diversidad de actividades y gastos financiados con el presupuesto del Estado, no garantizan heterogeneidad de modalidades y oportunidades, y obligan a concentrar la atención en las personas damnificadas por eventos climatológicos y los núcleos con mayor vulnerabilidad, con una demanda muy superior a las capacidades de respuesta.
Teniendo en cuenta los devaluados ingresos familiares y el elevado precio de las viviendas, la adquisición o el emprendimiento de una obra constructiva sin apoyo financiero se vuelve muy difícil —prácticamente imposible— para trabajadores y pensionados. Nadie ignora que a todas las asimetrías sociales, se suma la percepción de que quienes menos aportan a la sociedad y más estruendo hacen solucionan primero y, en reiteradas ocasiones, sus problemas; mientras a los que ya entregaron todo o se sacrifican a diario no les queda otro remedio que esperar. ¡Bienaventurados los pacientes!
Por tanto, además de subsidios para ciudadanos sin recursos monetarios, constituye una urgencia ampliar y agilizar las opciones de créditos, con lo cual las personas participarían en la superación de su propia vulnerabilidad, sin agregar otra carga al deficitario presupuesto estatal ni esperar a que el daño alcance las dimensiones de una obligada reposición habitacional. Otra medida efectiva consiste en las facultades otorgadas a las empresas para comprar o construir viviendas a sus trabajadores.
En alianza con las investigaciones sobre vivienda y hábitat desarrolladas durante los últimos años, las recomendaciones han sido tenidas en cuenta e incorporadas a las políticas públicas que se implementan en el país, entre las que sobresalen un mayor vínculo de personal calificado con los proyectos municipales y provinciales, estudiar la dinámica demográfica, centrar la atención en los territorios, donde se gestan las soluciones y alternativas; continuar la investigación científica, los estudios comparativos y la aplicación de resultados en torno a estos temas; mantener la atención priorizada a las familias con mayor desventaja social, aplicar con rigor el control de los recursos y la calidad de los materiales y las obras, potenciar la participación comunitaria, y capacitar a los funcionarios en temas legales, económicos, técnico-constructivos, urbanísticos y sociales, para que brinden una adecuada asesoría a la población.
Nuevos horizontes trazará el próximo censo de población y vivienda, y no menos importante resulta la nueva ley, cuya aprobación está contenida en el cronograma de la actual legislatura de la Asamblea Nacional, para consolidar la integración jurídica, de instituciones rectoras y facultades, y eliminar los parches puestos sobre la Ley General de la Vivienda de 1988, con normas de distinta jerarquía.
Entre tanto, queda muchísimo trabajo por hacer y chequear, desde la cantera presta a regalar los polvos que harán crecer los muros hasta el último detalle de las futuras ciudades, para convertir las declaraciones de voluntad en los resultados que merece y espera el pueblo.