En un país que apuesta por el desarrollo del comercio electrónico, constituye una prioridad reforzar la ciberseguridad y protección de los clientes. Los bancos cubanos han alertado, en varias ocasiones, sobre la importancia de proteger los datos personales, velar por la legalidad en las operaciones a través de plataformas de pago electrónico y utilizar consecuentemente las redes sociales y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
A pesar de las advertencias y los consejos para la detección y eliminación de los delitos en el ámbito digital, las denuncias a estos hechos proliferan en grupos de compra y venta de Facebook y la cifra de afectados, lejos de disminuir, aumenta. Sólo en el año 2022, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) recibió más de 200 acusaciones por ciberestafas en el municipio Camagüey, según publicó el periódico provincial Adelante.
Los individuos que realizan fraudes mediante dispositivos informáticos suelen utilizar las llamadas «técnicas de phishing» como artimaña, y proponen atractivas ofertas laborales, inversiones, venta de artículos a bajos precios o, en el caso particular de Cuba, cambio de divisas, transferencias de Moneda Libremente Convertible (MLC) y promociones para la recarga del saldo móvil.
Al ser contactados por los interesados, los simuladores dicen ser personas confiables, con múltiples clientes y dispuestos a ayudar con total seguridad y de acuerdo a lo dictado por la ley. Las transacciones siempre ocurren mediante la vía telefónica o por redes sociales y el pago, por transferencias bancarias, nunca en efectivo.
En ediciones anteriores, Vanguardia explicó este modus operandi y recomendó, entre otras medidas, chequear sistemáticamente los fondos en tarjetas magnéticas personales; emplear contraseñas de pago fuertes; atender las alertas sobre intentos de acceder a sus cuentas mediante dispositivos desconocidos; y corroborar la identidad de las personas antes de efectuar cualquier operación bancaria. No obstante, resulta importante precisar qué vías posee un perjudicado para hacer frente ante un timo de esta clase.
A decir del Ms.C. José R. González Guadarramas, presidente del Capítulo Provincial de Ciencias Penales y Criminológicas de la Unión de Juristas de Cuba en Villa Clara, realizar transacciones económicas en el mercado informal constituye un acto ilícito. Sin embargo, «las personas que resulten víctimas de cualquier tipo de estafa —incluidas las relacionadas con las TIC— pueden dirigirse a la unidad de la policía de su demarcación y efectuar la correspondiente denuncia, conforme lo preceptúa el artículo 138 de la Ley del Proceso Penal».
El delito de estafa posee varias modalidades; pero, el propósito principal es obtener para sí o para otra persona una ventaja o un beneficio patrimonial ilegítimo empleando cualquier ardid o engaño que induzca a la víctima a cometer un error. A decir del MsC. José R. González Guadarramas, «cuando el importe resulta inferior a los 50 000 pesos, el artículo 423, apartado 1, del Código Penal establece una sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas».
El apartado 3 del propio artículo instituye una sanción de privación de libertad de tres a ocho años, si «el responsable obtiene beneficio de considerable valor» —la Instrucción Nro. 275 de 2022 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular instituye como considerable valor la cifra de más de 50 000 pesos— o si «para ejecutar el hecho se introducen, alteran, borran o suprimen datos informáticos, o se interfiere de cualquier forma el funcionamiento de un sistema informático», entre otras circunstancias adecuativas de agravación.
Hasta el momento, el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara no ha desarrollado ningún proceso vinculado a estafas digitales, indicó el presidente del Capítulo Provincial de Ciencias Penales y Criminológicas de la Unión de Juristas de Cuba en Villa Clara. Esta cifra significa que, aunque sí ocurren, los perjudicados prefieren tomar acción por sí mismos o abstenerse de denunciar y evitan acudir a un defensor que los represente durante el proceso y el acto del juicio.
Por su complejidad, la situación requiere una mayor concientización sobre la necesidad de mantenerse alerta en cualquier escenario que implique intercambio de dinero, sobre todo, si es de divisas.
Viernes, 27 Octubre 2023 07:12
Buenos días, buen artículo, pero discrepo sobre la afirmación de que el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara no ha desarrollado ningún proceso vinculado a estafas digitales porque "los perjudicados prefieren tomar acción por sí mismos o abstenerse de denunciar y evitan acudir a un defensor que los represente durante el proceso y el acto del juicio". Personalmente he atendido varios casos de estafas que si realizan la denuncia, pero desgraciadamente todo se estanca, pues los casos se archivan y las investigaciones no culminan. Soy trabajador bancario.
Saludos
Igor.